Ya es hora de que Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, expertas de la CIDH para el caso Iguala, cumplan su promesa de “nos acercamos a lo que ocurrió realmente el 26 y 27 de septiembre de 2014”, cuando desaparecieron 43 normalistas.
Porque el contribuyente mexicano les paga el equivalente a 136 mil pesos al mes hasta que acaben su labor: su salario sale del millón de dólares con que financiamos a los cinco expertos de la CIDH por cada seis meses de trabajo prorrogables. Ya llevan una prórroga… y buscan otra.
Pagamos más a cada experto que, por ejemplo, al Jefe de Gobierno del DF (percibió 104 mil 911 pesos mensuales en 2015) o al gobernador de Morelos (100 mil). Eso contando que los cinco compartan equitativamente el monto que les entrega el Estado mexicano.
Según un documento del 3 de noviembre de 2015 (número de folio SAF/N09-15) de la OEA, a la que está adscrita la CIDH, el contrato de los expertos es por 240 mil dólares: al tipo de cambio de entonces (17 pesos en promedio) eran unos cuatro millones 80 mil pesos.
Para nada está mal que los expertos obtengan un salario. Lo que no está bien es lo que han estado haciendo hasta ahora: dilatar su investigación (con cuatro espaciados reportes) para así tener pretextos que justifiquen seguir percibiendo tan altos ingresos.
Sobre todo si tenemos en cuenta que se les paga cinco veces más que a los peritos de la PGR que trabajan en el caso Iguala: apenas 22 mil pesos mensuales. Además de que los expertos de la CIDH reciben (aparte del sueldo) dos millones 292 mil 42 pesos para viáticos.
Los expertos son Buitrago, exfiscal de Colombia (demandada allá por fabricar pruebas Paz y Paz, exfiscal de Guatemala (demandada por encubrir la corrupción del encarcelado expresidente Otto Pérez el español Carlos Martín Beristain, el chileno Francisco Cox y el colombiano Alejandro Valencia.
También hay que advertir que ese millón de dólares que aporta cada seis meses el Estado mexicano a los expertos es una cuota extra a la que nuestro país paga como miembro de la OEA, que en 2015 fue de cinco millones 620 mil 300 dólares, sin ningún adeudo.
México es de los pocos países sin deudas con la OEA. Hasta 2015, Brasil debía casi 15 millones de dólares y Venezuela cinco millones 159 mil 549 dólares, aunque éste abandonó la CIDH en 2013, acusándola de servir a Estados Unidos para agredir a su gobierno socialista.
Pero, como sea, el asunto aquí no es el dinero, sino que los expertos no tienen para cuándo acabar su investigación.
Y México ya quiere saber “su” verdad.
Este artículo fue publicado en La Razón el 20 de Enero de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
