Opinión

Presidente sin su día

Por José Buendía Hegewisch ·

Etcétera

Un ejemplo de las formas caducas del viejo autoritarismo y ayunas de nuevos valores democráticos son los actuales informes de gobierno. El otrora "día del Presidente" ha derivado en un ritual con poco sentido, desprovisto de voluntad de rendir cuentas y equilibrio entre Poderes. Es una fecha en la que el Ejecutivo y el Congreso ni se ven ni se escuchan ni dialogan y mucho menos debaten los temas de la agenda nacional. Un día de evasión del conflicto, a pesar de la pluralidad política y de mensajes a la galería en el tradicional formato vertical, cuya plasticidad refleja la debilidad de los contrapesos institucionales y la ausencia de confrontación política imprescindible en una democracia. Día de cifras, numeralias, logros del gobierno y anuncios de medidas sobre los retos por venir, como caracterizó la alocución de ayer del Presidente.

Esta vez Peña Nieto determinó no hacer público el informe que entregó al Congreso el 1 de septiembre, hasta conocerse el soliloquio de Palacio Nacional del día siguiente. Entiende el mensaje como transmisión vertical de información y búsqueda de establecer una agenda frente a otros Poderes y la ciudadanía, que fundamentalmente se mantendrían como receptores inermes. La democracia decae cuando se desactivan los mecanismos concretos -como éste- para evaluar y polemizar con el gobierno y sus decisiones. A nadie conviene el desprestigio del Congreso ni el encapsulamiento del Ejecutivo en actos aislados del debate público y los espacios institucionales creados para eso, como el Congreso, en aras de defender su aprobación en las horas más bajas de su popularidad.

Los riesgos de lo que algunos llaman "recesión democrática" o su creciente debilitamiento deben estar ligados a la desvalorización de eventos constitucionales como el informe, porque en el fondo reflejan una baja apreciación por las leyes de parte de la autoridad. Desde la de 1917, la Constitución obligaba al Presidente a comparecer ante el Congreso y dar un informe por escrito. La reforma constitucional de 2014, que elimina la obligación de "asistir" al recinto para evitar la teatralidad cómica de la protesta opositora, se llevó a su paso la convivencia y el debate directo entre ellos. En el atril del mensaje presidencial quedó ahora sólo el señalamiento sobre las amenazas de los "responsables" del gobierno en la conducción del país respecto de los riesgos del populismo, sin defensa y contrapunto en la diversidad política del Legislativo. Mejor hubiese sido un debate sobre las políticas públicas ante la crisis y las acusaciones de populismo hacia las posiciones que estén en contra de ellas.

De esas formas de desvinculación de los Poderes surgen mensajes sesgados, unívocos y hasta cifras alegres sobre el estado de la nación, que en el discurso presidencial poco difirieron de los spots de la campaña sobre el informe. Sin autocrítica para corregir errores, pero sobre todo sin posibilidad de polemizar sobre los problemas, criticar y cuestionar públicamente sus políticas. Otra defensa reactiva del proyecto original de las reformas estructurales sin explicación de los errores u obstáculos en su implementación y que mantienen los beneficios lejos de la gente. México, el mayor "reformador" en la OCDE -enalteció Peña Nieto-, con 90 reformas a 51 artículos constitucionales, sigue sin reconocer las causas o la responsabilidad del gobierno en los problemas que "preocupan y perturban" a los mexicanos, como la impunidad y la debilidad del Estado de derecho en casos como Iguala o Tlatlaya, así como las denuncias de corrupción en todos los niveles de gobierno. Viejas formas de ejercicio del poder en las que no cabe el derecho mínimo de pedir y confrontar explicaciones de las decisiones públicas, aunque ya sean "idus" los tiempos del "día del Presidente".


Este artículo fue publicado en Excélsior el 03 de Septiembre de 2015, agradecemos a José Buandía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página