En junio del 2005 se publicó una reforma a la ley electoral que abrió la puerta para el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, una medida que se puso en práctica por primera vez durante los comicios presidenciales del 2006 y que sin ningún cambio en su andamiaje legal se replicó en el 2012, pese a que era evidente que el modelo implicaba complejidades que obstaculizaban las cosas a quienes decidían ejercerlo, porque muchos migrantes sencillamente no podían regresar al país para tramitar o actualizar su credencial de elector, ante el riesgo de ser deportados o ya no poder regresar por falta de la visa.
En el 2014 se lograron ajustes que parcialmente remontaron las fallas, cambió la ley para que ahora pudieran emitirse credenciales fuera del territorio nacional, “credencializar” en el extranjero a votantes, lo que propició mejores condiciones de participación que cosecharon resultados tangibles este 2018, aunque siguen siendo insuficientes, entre otras cosas, porque prevalece el voto postal y no un mecanismo electrónico ágil que facilite las cosas y aleje cualquier desconfianza de la comunidad mexicana que habita principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, respecto del riesgo de proporcionar demasiada información sobre dónde viven y con ello exponerse a ser ubicados por autoridades migratorias.
El INE sólo utiliza los datos que recaba para garantizar credenciales verificadas y legítimas, no comparte esa información con ninguna otra institución o gobierno, aunque es lógico que el sobre físico, los envíos por correo postal o la identificación necesaria de cada domicilio generen todavía dudas en un contexto de xenofobia y discriminación que ha crecido en estos tiempos.
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior calcula 12 millones de mexicanas y mexicanos radicados en distintas partes del mundo, pero 97% en Estados Unidos. Cuando se estrenó el derecho a votar desde el extranjero en el 2006, se inscribieron 40,876 ciudadanas y ciudadanos interesados, pero de ese universo sólo votaron 32,062; en el 2012 fueron 59,115 los inscritos y votaron 40,714, un avance de apenas 8,093 sobres con sufragios foráneos luego de seis años transcurridos.
Ya con la última reforma y la posibilidad de actualizar y obtener credenciales en los lugares donde viven comunidades migrantes, el incremento de sufragios fue considerable. Esta elección 2018 tuvo 181,256 inscritos y 98,854 que finalmente votaron, cifra casi tres veces mayor a la primera escala de 2006 y más del doble en comparación con lo que habíamos alcanzado en el 2012; marginal frente al estimado de connacionales que habitan en otros países, pero alentador como termómetro de interés entre quienes antes no podían votar y ahora sí pudieron hacerlo, un ejercicio que reivindica derechos a quienes tuvieron que salir de México no siempre por gusto, sino por necesidad y falta de oportunidades.
Tal y como ocurre con la ciudadanía que vive en el país, la que ha cruzado sus fronteras debe contar con decisión libre para votar o no hacerlo, pero es un hecho que hay desventajas para migrantes todavía y creo que debemos hacer un esfuerzo por ubicarlas de manera integral, de entrada, acabar con el desproporcionado papeleo de boletas en sobre, los requisitos complejos, ese voto por vía postal y mejor explorar alternativas de participación simplificadas.
Hay señales claras de que miles de electores que antes no votaron ahora con las facilidades para tramitar su credencial sí pudieron hacerlo, y creo que activar el voto electrónico en el extranjero no sólo optimizaría costos, también convocaría más votantes.
Este artículo fue publicado en El Economista el 4 de noviembre de 2018, agradecemos a Marco Antonio Baños su autorización para publicarlo en nuestra página.
