Lo obvio se ha instalado en nuestros tiempos como un instrumento útil para desviar la atención sobre temas sustantivos, para enmascarar intenciones o para ocultar incapacidades. De tal suerte que, bajo circunstancias normales, de un solo vistazo, seríamos capaces de detectar y señalar aquello que nos resultara ocioso, en tanto es claro, evidente o poco informativo, pero vivimos tiempos sin pudores.
El próximo 10 de abril se llevará a cabo la consulta para Revocación de Mandato, definida como “… el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”. Dicha Revocación costará a los mexicanos la cantidad de 3 mil 830 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral es el encargado, por ley, de organizarla.
En un país como México, con necesidades impostergables, este asunto se antoja como ocioso para diversos sectores de la sociedad, pues, en principio, distrae la atención sobre temas sustantivos. En el tema de los recursos económicos y humanos utilizados para llevarla a cabo, cabría preguntarnos si estos recursos estarían mejor empleados en verdaderas necesidades como el abasto de medicamentos para el sector salud o los tratamientos para niños con cáncer, por mencionar sólo dos temas de atención urgente.
CIUDAD DE MÉXICO, 15NOVIEMBRE2021.- Ciudadanos que apoyan al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentran recabando firmas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Para otros, el espíritu de la Revocación se desvirtúa si se toma en cuenta que ha sido promovida por el propio gobierno y por los amigos del gobierno. Lo que presupone usurpar el derecho ciudadano, por su propio interés y convicción, de concluir anticipadamente el mandato conferido al encargado de la Presidencia de la República, dada la pérdida de la confianza.
Recordemos: la Revocación no es un ejercicio del gobernante, sino de los ciudadanos. Es el resultado de la lucha de una sociedad que ha impulsado órganos constitucionales autónomos como el INE, el “ente público encargado de regular los procesos electorales, de participación ciudadana y normar las directrices a las que se sujetarán los participantes de todo lo anterior”.
Basta recordar que en nuestro país se han llevado a cabo procedimientos jurídicos como el plebiscito. Este país está ensangrentado, le duele el corazón por los asesinatos, por los muertos por Covid, por la polarización. La Constitución, en su artículo 35, sólo habla de revocación del mandato presidencial por pérdida de confianza de la ciudadanía. El Congreso de la Unión aprobó una ley reglamentaria para revocación de mandato, y el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para ello. Es impensable ser cómplice del capricho del presidente de promover este ejercicio sin que este provenga de una iniciativa ciudadana; eso cambia por completo el espíritu de la Revocación. Máxime cuando se le ha rebautizado convenientemente como “ratificación”.
