Desde el lunes de la semana pasada, 22 de marzo, cuando el presidente adelantó en su conferencia mañanera que invitaría a funcionarios de la CFE para que explicaran sobre cómo los subsidios hacen que las tarifas que pagan empresas como Walmart, Bimbo o Femsa, propietaria de las tiendas Oxxo, resulten en tarifas menores a las que pagan los hogares, se podía anticipar perfectamente que el día que tales funcionarios se presentaran en esa instancia de propaganda gubernamental lo harían con argumentos cargados de ideología, utilizando indicadores obtenidos con metodología poco seria o transparente, haciendo señalamientos con más carga política que técnica o económica. Eso fue exactamente lo que vimos el viernes 26 de marzo, cuando acudieron el director de la CFE, Manuel Bartlett, y su escudero, el director de CFE Energía, Miguel Reyes.
Ya desde la semana previa, frente a la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro de otorgar sendas suspensiones provisionales a varias personas o empresas que promovieron juicios de amparo en contra del decreto por el que se reforma la Ley de la Industria Eléctrica, que diputados y senadores aprobaron a las carreras, sin mayor reflexión, resultaba claro cuál sería el tono de la presión desde el ámbito del Ejecutivo hacia las empresas que, legítimamente, habían decidido recurrir ante el Poder Judicial esa reforma, y bueno, sobre los jueces desde luego, tema que ya abordamos en este espacio.
El 17 marzo, el presidente ya había adelantado que daría a conocer “cuánto pagan de luz las corporaciones y se compara con lo que pagan de luz los mexicanos en sus domicilios, para que se entienda mejor”. En esa misma conferencia no solo deslizó que hay una negociación abierta con las empresas a las que su gobierno acusa de haber obtenido beneficios injustificados a costa de la CFE, también reveló que “ya hay algunos que quieren llegar a acuerdos, estamos nosotros en la mejor disposición de que haya acuerdos, nada más que tiene que haber descuentos.”
En la conferencia del viernes 26, aparte de quejarse en la reforma energética de 2013 en sí misma, Manuel Bartlett se quejó amargamente sobre lo que él considera una “campaña verdaderamente brutal” en contra del trabajo del presidente en el área energética, que desde su muy particular punto de vista -correspondiente a un México de hace ocho décadas-, es una campaña que empezó desde el primer día, con difamaciones, mentiras constantes, etc.
Acto seguido, le escuchamos descalificar los argumentos que desde distintos ámbitos se hicieron en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, sobre todo en el contexto de la discusión en el Congreso de la Unión, sobre todo cuando afirmó que “…la campaña ha sido verdaderamente estrepitosa, mentiras, falsedades, eslogans se repitieron, la oposición en la Cámara de Diputados, la oposición de la Cámara de Senadores, invitaron a supuestos técnicos expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos comprometidos, empleados, abogados contratados, verdad, en una mentira permanente…”.
Tanto Bartlett como, su subalterno Miguel Reyes (a quien no se le conoce experiencia en el ámbito de la industria eléctrica previo a su llegada a CFE, en diciembre de 2018), hicieron una exposición muy atropellada de lo que ellos consideran las distintas situaciones que provoca el marco legal resultante de la reforma energética de 2013 que según su muy parcial visión se traducen en beneficios indebidos para agentes económicos privados, en perjuicio de CFE.
Lo primero que hay que señalar respecto de los casos que exponen y los indicadores que dan a conocer, ya sea sobre costos, subsidios o lo que determinados usuarios pagan por la electricidad que consumen, o bien sobre los supuestos costos que la reforma energética ha infligido a la CFE, es que se construyen sobre datos que avientan sin aportar las metodologías usadas para llegar a esos resultados o bien, sobre información que no es posible verificar de manera simple o sobre enfoques teóricos sin solidez alguna.
Por citar un ejemplo, el mismo viernes 26 hubo varios especialistas en la industria eléctrica que de inmediato hicieron ver en redes sociales que los datos sobre costos que se presentaron ese día, estaban deficientemente construidos.
Fotografía: Cuartoscuro
El problema es que a partir de sus supuestos hallazgos hacen generalizaciones y afirmaciones a todas luces incoherentes o insostenibles. Una de las que más me ha llamado la atención es su obsesión por demostrar que en México grandes cadenas comerciales o grandes consorcios industriales pagan una tarifa menor que la que paga un hogar, que eso es injusto y que debe terminar. Sin duda es una de las motivaciones centrales del remedo de reforma eléctrica que la administración López Obrador propuso al Congreso y que la mayoría morenista aprobó sin mayor reflexión.
Un aspecto central de los ejemplos que han utilizado para condenar a algunas empresas es que en esos casos particulares, pagan poco o proporcionalmente menos -en relación con otros usuarios- porque ellos generan gran parte de la electricidad que consumen con plantas propias, y entre lo que ellos autogeneran y lo que sí le compran a CFE, el desembolso a esta última está por debajo de lo que la empresa productiva del estado desearía venderles, simple y sencillamente porque no necesitan tanta electricidad de la que CFE les suministra.
Ahora, no debe pasarse por alto que la estructura de tarifas que tanto le duele al presidente López Obrador, a Bartlett o Miguel Reyes, no es privativa de México; no es algo que ocurra en México porque el marco legal haya provocado una estructura injusta en perjuicio de los hogares. Si revisamos la estructura de tarifas para hogares y establecimientos comerciales en Estados Unidos, Canadá o Europa, observaremos que en esos países los hogares enfrentan tarifas más altas que las tarifas a las que tienen acceso las empresas o industrias.
En EUA por ejemplo, según el reporte más reciente de la Administración de Información de Energía de los EUA, los hogares pagan en promedio tarifas más elevadas que las empresas e industrias, en un rango que va del 23% al 100%.
En Europa varía según el país miembro, pero, por citar algunos casos, en Alemania, los hogares pagaron en el segundo semestre de 2020 tarifas que fueron 71% más caras que las que pagaron los establecimientos comerciales; en Francia, las de los hogares resultaron 81% más caras frente a las de usuarios comerciales; en España, 108%; y en Dinamarca, 363%, solo por mencionar algunos. La razón tiene que ver con el nivel de consumo de cada tipo de usuario, a mayor volumen de consumo, la tarifa unitaria resulta más baja.
Así que sería razonable que el gobierno deje de obsesionarse con armar un debate nacional en la que pretende poner en tensión a hogares frente a empresas. No se trata de hacer justicia social con las tarifas eléctricas. Ese sería un error demencial de la 4T, por lo injustificado del caso y por el elevado costo para las finanzas públicas, desde luego.
Por eso, y por la carencia de fundamentos económicos teóricos en la discusión sobre los costos que deben tomarse en cuenta, que tanto han utilizado Bartlett, Reyes y cualquier otro vocero de la 4T que ha repetido hasta el cansancio de manera equivocada, y como mantra, que deben tomarse en cuenta los costos unitarios (totales) y no solo los variables (costos marginales), discusión que va completamente a contra corriente de lo que se utiliza en la industria eléctrica del resto del mundo, los empresarios no deberían someterse a la provocación presidencial de ir a la mañanera a sostener un supuesto debate, que de debate no tendría nada y en todo caso, sería una simple emboscada en la que, con el ya acostumbrado tono autoritario del gobierno, no habría posibilidad de sostener una discusión seria, bien informada y bien encauzada.
Mientras este debate entra en una nueva etapa, el país se ve sometido a un nuevo vendaval que puede terminar por desviar nuevamente el curso, hacia el estancamiento, desde luego, por una nueva propuesta de reforma, ahora para amedrentar a los participantes en el mercado de comercialización de petrolíferos, incluido el mercado de venta de gasolina al público, propuesta que lo único que genera es mayor incertidumbre para la inversión privada. Al mismo tiempo, en otro ámbito, pero con la misma lógica, justo de cara al inicio de las campañas electorales, el gobierno se dedica a torpedear al INE. No se entiende tanta virulencia, que solo genera incertidumbre y frena el crecimiento y desarrollo de México.
*El autor es economista.
Twitter: @GerardoFloresR
