Dos días tardó la Presidencia de la República en responder al periódico estadounidense The New York Times, que el pasado lunes 4 de enero publicó un editorial donde se cuestiona a la administración de Enrique Peña Nieto por resistirse a la rendición de cuentas y minimizar los escándalos de corrupción y seguridad que la han marcado. En ese lapso prácticamente toda la prensa nacional hizo eco de esta severa crítica, recibiendo un realce especial por parte de aquellos medios habitualmente opositores al gobierno federal como Proceso, La Jornada, Reforma, Aristegui Noticias y Sin Embargo.
En la misiva firmada por Paulo Carreño, Coordinador de Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, se afirma que el texto firmado por el consejo editorial del rotativo neoyorkino no refleja las acciones que el gobierno mexicano ha tomado en materia de transparencia y combate al crimen organizado. En este sentido, destaca la ratificación de la Ley Nacional de Transparencia y el fortalecimiento de la Oficina del Auditor Superior Federal y la puesta en marcha de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. Asimismo subraya la investigación sobre la llamada Casa Blanca, cuyos resultados deslindaron al Ejecutivo.
Respecto a la lucha contra la delincuencia, se menciona que continúan las investigaciones sobre la participación de funcionarios públicos en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la iniciativa del gobierno federal para propiciar la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de llegar a la verdad sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Por lo anterior, puntualiza la carta, existe una profunda preocupación por las ”tergiversaciones” planteadas en el diario.
En el editorial motivo de esta nueva controversia, The New York Times subrayó que a más de tres años como presidente de México, Enrique Peña Nieto no será recordado como el líder transformador que los mexicanos creyeron haber elegido, sino como un político que evadió la rendición de cuentas como una constante
El texto refiere que el reportaje que puso al descubierto el conflicto de interés del mandatario mexicano y su esposa en la adquisición de una lujosa residencia, costó el empleo a los periodistas encargados de realizarlo. Indica que no sorprende que las investigaciones oficiales no hayan encontrado indicios de irregularidades.
Recuerda también el desprestigio internacional que para el gobierno mexicano significó la segunda fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y la convicción en la opinión pública de que esta evasión no puede explicarse sin la complicidad de servidores públicos de alto nivel y una infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones encargadas de la seguridad.
Por último señala que una vez que el informe del grupo de expertos de la CIDH derrumbó la versión oficial sobre la desaparición y posible asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, Enrique Peña Nieto tiene la oportunidad de salvar en algo su reputación si decide dar las facilidades, sin restricciones, para esclarecer “una de las peores atrocidades contra los derechos humanos de México en la historia reciente”.
Previo a la respuesta oficial por parte de la Presidencia de la República, únicamente se habían generado un par de tibias reacciones ante el editorial de The New York Times. Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública sostuvo que el gobierno de México tiene el compromiso de rendir cuentas y en este sentido, destacó las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción. En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se limitó a decir que si bien son respetuosos de la opinión del rotativo estadounidense, “nadie ha impulsado las reformas en materia de transparencia como lo ha hecho el presidente Peña Nieto". Ambas declaraciones se produjeron al día siguiente de la publicación, mientras que la postura institucional de la Presidencia tardó 24 horas más. Ya fue tarde para detener el impacto mediático
No es la primera vez que The New York Times lanza duras críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto. En su edición de marzo de 2015, etcétera documentó que a raíz del incremento de la participación accionaria del empresario Carlos Slim en el año 2014, comenzaron a trascender los primeros desencuentros entre ambos a través de las páginas del diario. El 22 de junio de ese año, al calor del debate que se libraba en el Congreso de Unión sobre la reforma en telecomunicaciones, en un reporte bajo la firma de Francisco Goldman, se aseguró que dicha reforma estaba encaminada a beneficiar a Televisa y restringir las libertades en internet; asimismo se refiere a Peña Nieto como alguien “políticamente insignificante” y tan ausente, que hace suponer que está seriamente enfermo.
Después de que el magnate mexicano se convirtiera en el primer accionista del rotativo en enero de 2015, el 7 y 11 de febrero publicó un reportaje de investigación en el cual se involucraba a José Murat, operador político muy cercano a Peña Nieto, en la compra de varias propiedades de alta plusvalía en Estados Unidos a través prestanombres y “empresas fantasma”. Este trabajo periodístico abonó aún más al desgaste de la imagen presidencial, severamente afectada tras la divulgación del caso de la Casa Blanca y la adquisición de una residencia por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al mismo contratista participó en la compraventa de la mansión presidencial.
Ahora, a principios de 2016, The New York Times envía a la administración Peña Nieto un mensaje de Año Nuevo no muy cordial, que ya generó el primer escándalo mediático para su gobierno en un año en el cual tendrán lugar definiciones fundamentales en materia de telecomunicaciones, agenda a la que Slim Helú sin duda estará muy atento luego de que en el 2015 su fortuna registrara importantes pérdidas.
