La elección judicial degeneró en una comedia en la que se ha visto la actuación grotesca de ministros, magistrados y senadores de Morena. Mientras tanto, apunta a concluir en una tragedia de dimensiones históricas para la República y el Estado de Derecho.
Cuando en el futuro algún escritor escriba el ensayo/crónica de la elección judicial, podrá recurrir al formato de la tragicomedia: confeccionará una pieza literaria en la cual estarán presentes la mayoría de los elementos tradicionales de la tragedia, pero protagonizados no por diose o monarcas, sino por personajes propios de la comedia (gente común con aires de grandeza, pícaros, barriobajeros). Sin embargo, el escritor no podrá presentar el final feliz con el que comúnmente concluye la comedia como género literario, imponiéndose en su lugar una trágica conclusión. Así pasó a José Agustín cuando escribió los tres volúmenes de su ya célebre Tragicomedia Mexicana.
La de la elección judicial será la crónica de la destrucción del Poder Judicial como poder autónomo, garante del principio de legalidad y de la Constitución, en aras de la imposición de un régimen autocrático, de monopolio político, con intenciones de larga (larguísima) permanencia. Aparecerán los desfiguros de la elección popular de jueces y magistrados, la cancelación de la carrera judicial y su profesionalización, la imposición de candidaturas por el grupo en el poder, la tómbola y su manipulación, las candidaturas de iletrados y hasta de prófugos de la justicia, el palomeo de impartidores de justicia a cargo de gobernadores, poderes fácticos y hasta de las bandas del crimen organizado. En fin, será la cronología de cómo los tribunales quedaron convertidos en conventos de las triquiñuelas y la imposición arbitraria de sentencias al mejor postor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no logró declarar la inconstitucionalidad de la reforma judicial, a pesar de la evidente violación a derechos humanos fundamentales y de las múltiples irregularidades procesales ocurridas en su aprobación. No obstante que una mayoría de 7 ministros estaba a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad, esta fue impedida por los votos de tres ministras de consigna (Ortiz, Batres y Esquivel) más el del ministro Pérez Dayán, luego de que en la sesión del 5 de noviembre de 2024 éste defeccionó de su juramento de defender la Constitución. Vino después la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que “ordenó” al INE desacatar los amparos concedidos por jueces federales para detener el proceso electivo.
Los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo se esmeraron con la guadaña para descartar a miles de aspirantes a jueces, repartir el botín de los cargos de la judicatura atendiendo a cuotas y para declarar “idóneos” a recomendados y postulantes que juraron fidelidad al grupo en el poder. Los integrantes del comité de evaluación del Poder Judicial renunciaron cuando concluyeron que el proceso era violatorio de los derechos de los aspirantes. Ante esta renuncia, el Senado de la República se inventó una tómbola adicional, la que se realizó pletórica de anomalías, incluidas la reiterada sustitución de listados y de nombres de los señalados por el azar.
En uno de los más recientes capítulos de este sainete, la Sala Superior del TEPJF resolvió por mayoría la declaración de improcedencia de más de 400 juicios en los que otros tantos aspirantes impugnaron la insaculación de los comités de evaluación. Demandaban el respeto a su derecho a ser votados en la elección judicial. Pese a que el acto reclamado en tales juicios ocurrió el 2 de febrero, el día 6 del mismo mes el TEPJF “razonó” que las violaciones eran “irreparables”. Es decir, ni siquiera había transcurrido el plazo de 4 días para presentar impugnaciones cuando ya se estaba negando el derecho de acceso a la justicia. Los tres magistrados que aprobaron esta resolución dejaron convertido al máximo tribunal electoral en la Corte de Tres Patines.
La trama de enredos no tendrá final feliz, como ocurre en las comedias desde los griegos, sino uno trágico. A eso hace referencia el proyecto de sentencia preparado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (que será discutido por la SCJN el 13 de febrero). El proyecto señala que el TEPJF actuó sin facultades al “erigirse como órgano supervisor de los jueces de amparo” y ordenar el desacato a las determinaciones de estos. Señala que “la tragedia del caso no radica en la complejidad de las cuestiones jurídicas planteadas, sino en la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus propósitos”. El Estado de Derecho, dice el ponente, quedó enfrentado a un riesgo letal.
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