Motivados por la añoranza del partido de Estado y sus intereses particulares, los personeros del gobierno actual intentan demeritar la importancia de la opinión emitida por la Comisión de Venecia acerca de la reforma electoral de López Obrador. Esta Comisión dijo que las reformas constitucionales propuestas “no brindan suficientes garantías de independencia e imparcialidad del INEC (organismo que sustituiría al INE) y de los jueces del Tribunal Electoral”, además de que los cambios en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión tendrían serias consecuencias para la representatividad ciudadana.
Los cuatroteístas hicieron gala de incultura en su reacción y recurrieron a una dosis de patrioterismo barato y desubicado, como lo hizo Eduardo Villegas, embajador de México en Rusia (quien, sin experiencia, obtuvo el cargo exclusivamente por la recomendación de la esposa del presidente). Dijo el embajador: “No les avisaron en Venecia que dejó de existir la Nueva España. Los aristócratas emisarios que se fueron a hincar por allá tampoco ayudan”. Este tipo de reacciones groseras y alejadas de toda diplomacia pasan por alto: 1) que México es miembro de dicho organismo internacional, y 2) que representantes del actual gobierno y legisladores oficialistas formaron parte de las deliberaciones.
En septiembre, cinco relatores de la Comisión entrevistaron en México a diputados y senadores de Morena, funcionarios del INE y del Tribunal Electoral, organizaciones de la sociedad civil y académicos especializados en el tema. Además, en representación de México ante el organismo internacional, estuvieron al tanto del estudio el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Christopher Ballinas, y José Alfonso Suárez Del Real, embajador de México ante el Consejo de Europa.
El nombre oficial de la Comisión de Venecia es “Comisión Europea por la Democracia a través del Derecho” y fue creada en 1990. Su función es generar opiniones expertas sobre temas constitucionales. Sus miembros son 62 Estados, entre los que se cuentan los 47 que forman el Consejo de Europa, además de 15 países de otros continentes. México es miembro de pleno derecho de la Comisión desde el año 2010. Cuando tal incorporación se concretó, el gobierno mexicano declaró que la misma permitiría “la consolidación del reconocimiento internacional a los esfuerzos de avance democrático” de nuestro país y una “mayor interacción” con los avances democráticos del mundo. Más recientemente, ya bajo el gobierno de AMLO, la SRE reivindicó que México firmó y ratificó diversas convenciones y protocolos del Consejo de Europa y, particularmente, celebró el que forme parte de la Comisión de Venecia (Comunicado No. 298 de la SRE, fechado el 7 de octubre de 2020).
Si el oficialismo ahora repudia al organismo con sede en Venecia, empleando burdas excusas, es porque el presidente está empecinado en asestar el golpe definitivo contra el INE y el Tribunal Electoral y hacerse del control de la organización de las elecciones futuras. La élite de la 4T lo secunda sin chistararremetiendo contra los principios rectores de la función electoral. No se contienen los abundantes salinistas de la 4T, tampoco quienes durante un tiempo militaron en las filas de la izquierda. Los primeros, porque perciben la regeneración del sistema de partido de Estado del que se sirvieron durante décadas, como es el caso de los encargados de operar esta consigna desde la Secretaría de Gobernación, Morena y las coordinaciones parlamentarias de ese partido, todos ellos expriistas (Adán Augusto López, Mario Delgado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, respectivamente). Confabulan por la contrarreforma con la dirigencia priista y algunos tránsfugas de otros partidos, con quienes les unen tanto un pasado común en el salinismo, como las añoranzas de la época del régimen de partido casi único (aderezadas con la garantía de tapar sus corruptelas).
Pero también respingan contra la opinión de los expertos de la Comisión de Venecia personas como Pablo Gómez (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y redactor de la iniciativa), quienes se alejan de los postulados de su antigua militancia de izquierda. Estos son casos de pérdida de valores, ya que acometen contra los principios democráticos básicos que en aquel entonces predicaron, como el que la organización de las elecciones sea facultad de un órgano autónomo del gobierno en turno.
Pese a que la contrarreforma electoral de AMLO fue reprobada por la Comisión de Venecia, ésta continúa su avance, animada por la consecución de la reforma militarista. De concretarse, arrebatará el carácter autónomo de los órganos electorales, atropellará el principio de equidad en la contienda política, regenerará una nueva versión del partido de Estado e instaurará el obradorato. La oscuridad se cierne sobre la democracia en México.
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