A tres días de verificada una agresión en su contra durante la marcha del 8 de Marzo realizada en la ciudad de San Luis Potosí, la periodista Orquídea Fong presentó una denuncia ante la Unidad de Grupos Vulnerables de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Como resultado, recibirá medidas de apoyo por parte del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas.
De acuerdo con la reportera de etcétera, tras la viralización del video de denuncia que publicó en la noche del 8 de marzo, personal de la secretaría de Gobierno del estado se puso en contacto con ella por medio de redes sociales para ofrecer acompañamiento en caso de querer denunciar.
Dicho video se grabó una hora después de registrada la agresión por parte de tres integrantes del llamado “bloque negro” de feministas en SLP, así como otras siete mujeres, aproximadamente, que se sumaron a la agresión verbal y física con la finalidad de evitar que la periodista documentara diversos momentos de la marcha, con el pretexto de que no contaba con la “acreditación” que las organizadoras conceden a mujeres periodistas y fotoperiodistas.
Según refirió, “el lunes 11 de marzo, casi al mediodía, recibí un mensaje de la Directora General de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno, Verónica Onofre Serment”.
La funcionaria le dijo que “me pongo en contacto con usted derivado de la situación que se denunció en redes sociales a partir de la marcha del 8 de marzo”. Por medio del enlace provisto por la funcionaria, la periodista acudió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en donde, dijo, recibió orientación de parte de dos funcionarios, entre ellos el titular, Miguel Ángel García Amaro.
“Me informaron sobre mis opciones para proceder legalmente y determiné acudir ese mismo día a la Fiscalía de Derechos Humanos. Se me asignó una abogada especializada en víctimas para darme acompañamiento, Citlaly Guevara y fui entrevistada por el agente del Ministerio Público, Martín Saucedo, quien recogió mi declaración”. La denuncia se atendió por la Unidad de Grupos Vulnerables, entre los que se encuentran los profesionales del periodismo.
Según se le informó a la también editora de etcétera, la denuncia avanzaría por la vía policíaca, para buscar a las agresoras por medio del análisis de las cámaras de seguridad, entre otros métodos. También se dará conocimiento al Mecanismo de Protección para ofrecer una medida básica de apoyo, en este caso un número directo para pedir auxilio en caso necesario y asimismo, ofrecer acompañamiento psicológico. De acuerdo con otras reporteras del estado, la exigencia de una “acreditación” para periodistas durante la marcha del 8 de marzo se ha convertido en una obstrucción cada vez más grave para la labor de documentación de este fenómeno de importancia social.
Colectivos locales como “Movilización Vivas Nos Queremos San Luis Potosí” han ordenado generar esas acreditaciones, a las que se oponen muchas mujeres periodistas del estado.
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