Cada cierto tiempo la opinión pública se entera con comprensible indignación, de la existencia de trogloditas de la política mal gobernando entidades federativas, descuidando la seguridad pública, siendo ineptos e insensibles frente al reclamo y las preocupaciones de los ciudadanos, y disponiendo del presupuesto a su antojo, como si el estado fuera otro más de sus ranchos y no tuvieran que rendir cuentas a nadie.
Los exgobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Sonora y Chihuahua nos escandalizan por el cinismo con el que, ahora sabemos con detalles, actuaron al frente del gobierno para desviar recursos, hacer negocios al amparo del cargo, o para dejar que sus estados se convirtieran en plazas para la delincuencia. Pero la historia no es nueva, ellos no han sido ni los primeros, ni los únicos, ni serán los últimos, e invariablemente nos enteramos de esto a “toro pasado”, es decir, cuando estos personajes van de salida o ya están fuera del gobierno.
Los ciudadanos no merecemos eso. Hay entidades donde ahora mismo se está cocinando la situación que viven quienes tuvieron de gobernador a Duarte o a Borge, y sin embargo, nadie en los partidos políticos ni en el gobierno federal, parece estar interesado en exigir medidas correctivas para impedir que se llegue al final de todos conocido.
Es el caso de Tabasco, donde en 2012 una mayoría de electores hizo a un lado a los gobiernos del PRI para dar paso a la alternancia, y votó por Arturo Núñez, que contaba con el aval de Andrés Manuel López Obrador, y su propuesta de “cambio verdadero”. Sólo que la alternancia no garantiza nada y cuatro años después la situación empeoró. Las cifras oficiales no mienten:
–Los empleos formales pasaron de 203 mil 601 en 2014, a 176 mil 353 hasta agosto de 2016, una pérdida de más de 27 mil fuentes de empleo y contando.
–La tasa de desocupación laboral a octubre de 2016 fue de 7.6%, siendo la más alta del país en el mes, y registró un aumento en comparación con el mismo mes de 2015 cuando el índice se ubicó en 7.2%, según el INEGI.
–Todos los estados vecinos reportaron tasas de desempleo bajas: Yucatán 2.1%, Chiapas 3.0, Quintana Roo 3.6 y Campeche 4.3%, en el mes de referencia.
–Al tercer trimestre del 2016, el INEGI registró el cierre de 5 mil 607 pequeñas y medianas empresas tabasqueñas en los últimos 15 meses. La cifra de patrones o empleadores se ubicó en 4 mil 889, cuando en junio de 2015 habían 46 mil 496 unidades productivas.
–En contraparte, entre el primer trimestre de 2015 y el tercero de 2016, aumentó en casi 60 mil el número de tabasqueños que buscan empleos informales para subsistir, al pasar de 226 mil 477 a 284 mil 874.
–En cuanto a la actividad económica Tabasco registró un decremento de 4.0% en su Producto Interno Bruto, al segundo trimestre (abril-junio) de 2016, en comparación al mismo trimestre de 2015.
–En las actividades primarias registró un caída de 6.7% de su PIB; en las actividades secundarias sin considerar la industria petrolera, el decremento fue de 17.3%; y en las terciarias (comercio y servicios) la disminución fue de 5.7%.
Lo peor para los tabasqueños es en materia de inseguridad. La vida social en este estado sufre un deterioro que tiene por lo menos ocho años de estar expulsando a miles de familias que buscan la paz y seguridad en ciudades como Mérida o Cancún, e incluso, Houston, en Texas.
Si las cosas estaban mal cuando gobernaba el PRI, Tabasco ocupa ahora los primeros lugares nacionales en materia de asalto a mano armada, robo a casa-habitación, robo de vehículos, extorsión y por supuesto, en materia de secuestros. Sólo en un día de noviembre, se registraron seis casos en la llamada zona de La Chontalpa y ese mes cerró con 12 plagios.
Sumados los casos del penúltimo mes del año a los 65 contabilizados hasta octubre por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el total enero-noviembre es de 77 de estos ilícitos, lo que significa que cada cuatro días un tabasqueño es privado de su libertad.
Indignación
El 25 de noviembre apareció en el municipio de Macuspana el cuerpo de una joven universitaria de 17 años, que se llamó Hebe Nora Mendoza Villarreal, a quien habían secuestrado 10 días antes y no obstante que su familia pagó el rescate, la asesinaron. El caso indignó a los tabasqueños pero no es el único; sólo en este año han ocurrido, según reportes oficiales, 28 asesinatos de mujeres, y el gobernador Arturo Núñez se niega a lo evidente, declarar la alerta de género. El único motivo posible: equivaldría a reconocer el fracaso de su administración en materia de protección de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como son las mujeres y los niños.
El crimen de Hebe Nora desató tres movilizaciones ciudadanas frente a la Quinta Grijalva, pero el gobernador no ha cambiado ni de estrategia, ni de discurso. En julio pasado, cuando la inseguridad no alcanzaba todavía los niveles de alarma de fin de año, había declarado que Tabasco “Es el primer lugar de percepción en inseguridad, (pero) hay que diferenciar; no estamos en el primer lugar de inseguridad, sino de percepción sobre la inseguridad, porque son dos cosas diferentes”.
Previo a la manifestación del domingo 11 de diciembre, Núñez denunció que existían intereses políticos detrás de las movilizaciones y eludiendo la responsabilidad de su gobierno pidió a los actores “no aprovecharse de la tragedia de la gente”. La tercera jornada de protestas estuvo enmarcada por un reclamo que denota la insensibilidad que el mandatario tiene en torno al tema: en vez de recibirlos, denunciaron los manifestantes, se fue a una fiesta a Cuernavaca.
Frente a la censura de los medios a cambio de publicidad en las redes sociales se exponen con imágenes crudas, casi en tiempo real, sobre cómo el llamado “Edén” se ha convertido en un infierno: los delincuentes asaltan lo mismo a transeúntes que tiendas de abarrotes e incluso plazas comerciales, a plena luz del día, sin cubrirse la cara, sin temor a cámaras de seguridad, en franco reto a las autoridades.
Por ejemplo el sábado 3 de diciembre, a las cuatro de la tarde, fueron asaltadas dos tiendas en la plaza Soriana de Villahermosa, ubicada a sólo 150 metros de Seguridad Pública; y el martes 6 se robaron la mitad de un monumento de bronce erigido en memoria a un personaje popular de nombre Humberto De Achirica, el “Comandante Achirica”, pese a que la calle donde ocurrieron los hechos está prácticamente atrás del Palacio de Gobierno.
La exdiputada federal del PRI, Lorena Beaurregard, afirma que el índice Nacional de Percepción de Inseguridad, realizado por el INEGI, ubica al estado en el primer lugar de sentimiento de miedo ciudadano frente a la delincuencia, superando incluso a estados que atraen más la atención de los medios nacionales y del gobierno federal, como Guerrero, Estado de México y Tamaulipas.
“Es una situación de miedo y de zozobra que se respira en el ambiente ante la falta de respuesta del gobierno estatal para garantizar la seguridad de las familias. La situación es insoportable y preocupante”, expone y acota que las principales víctimas de los delitos son mujeres, como las seis cuyos cuerpos con signos de violencia fueron encontrados en caminos y carreteras vecinales entre el 26 de noviembre y el 11 de diciembre.
En el caso del secuestro, dice que las familias que han sido víctimas de ese delito han tenido que malbaratar sus propiedades para tratar de salvar la vida de sus familiares, pero llamó la atención a un hecho: desde el caso de Hebe Nora Mendoza, se ha incrementado el número de casos en los que los secuestrados, a pesar de que sus familias pagan el rescate, no son entregados con vida.
“Si los pagos a los delincuentes no llegan por corrupción, o si esa es la nueva estrategia del gobierno, si tratan de enviarle a los secuestradores el mensaje de que esa actividad ilícita no les generará ingreso, están condenando a muerte a los secuestrados y eso es tanto como asesinar gente inocente”, expuso.
Para el experto en comunicación política y periodista tabasqueño Audelino Macario, las familias de Tabasco están recibiendo un ataque sistemático y generalizado por parte de grupos delincuenciales, con conocimiento de las autoridades que además, resultan ineficaces u omisas para impedirlo. “Estamos frente a responsabilidades penales imputables en los Estatutos de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad”, destacó.
Lo que está pasando en Tabasco, y en muchos otros estados del país, añadió Macario Rodríguez, es que el estado está dejando a amplias franjas de la población en manos de la delincuencia, al negarles el derecho a la Seguridad Pública, que es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y de sus bienes. “Eso tiene que denunciarse y castigarse”, resaltó.
Ineptitud y corrupción
El problema en Tabasco abarca también el tema de la corrupción y la ineptitud oficial. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer hace unas semanas que en la cuenta pública correspondiente a 2014, Tabasco tuvo observaciones por un monto de mil 565 millones de pesos. Una de estas observaciones es que el 69.5% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) no fueron ejercidos, lo cual ha sido una irregularidad recurrente e incomprensible en un estado donde se requiere es justamente combatir la inseguridad.
En el portal de etcétera, el 15 de julio de 2016, se difundió que el programa estrella del gobierno de Núñez para combatir la inseguridad, la instalación de 600 cámaras de videovigilancia en las principales calles de la capital del estado, se entregó sin licitación de por medio a una empresa de Sinaloa con un domicilio fiscal inexistente. Y cinco días más tarde, la investigación de esta revista determinó además que los equipos del programa “Ciudadano Vigilante” se instalaron sin un estudio técnico previo, lo que despierta dudas si se trató de una estrategia para combatir o para ayudar a la delincuencia.
Pero lejos de querer cambiar las cosas, Núñez gobierna como en los tiempos del viejo PRI, que fue su partido. Para evitar futuros problemas, acaba de salir de compras y adquirió en el mercado político, de un jalón, seis diputados, dos del PVEM, dos del PRI y dos de Morena, con los que su bancada legislativa se pone al nivel de la película “Todo el Poder” al pasar de 13 a 19 legisladores y logra así mayoría calificada para aprobar las cuentas públicas y las leyes del gobernador, como la que cocina el secretario de gobierno, Gustavo Rosario Torres: una ley para castigar el rumor en las redes sociales.
Y es que Núñez, como afirma el maestro Ernesto Villanueva, emula las peores expresiones del PRI que tanto criticó… antes de llegar al poder y revelarse igual o quizá peor. El gobernador tabasqueño no tolera la crítica y mantiene un férreo control de medios, quizá peor que sus antecesores priistas. En una entidad con recursos escasos para el mantenimiento de los servicios hospitalarios de la población, ha destinado en 4 años casi 900 millones de pesos a gastos de publicidad en medios de comunicación a los cuales obliga a firmar contratos leoninos en los cuales esas empresas se comprometen a devolver todo el importe cobrado si el cliente, es decir, el gobierno, no se siente satisfecho con el “servicio”.
Así ha repartido Núñez Jiménez 122 millones 041 mil pesos en 2013; 235 millones 611 mil pesos en 2014, 269 millones 724 mil pesos en 2015 y 267 millones 076 mil pesos este año. El resultado de su estrategia se nota con la poca cobertura que tiene la crisis de inseguridad del estado en medios locales, salvo quizá Tabasco Hoy. En todo el año, sólo en noviembre y principios de diciembre, Proceso publicó tres notas en su portal web sobre secuestros y ejecuciones y han sido nulas las publicaciones en La Jornada, medio que este 2016 cobra casi 7 millones de pesos al gobierno tabasqueño.
Para 2017, la prensa recibiría un presupuesto del orden de los 300 millones de pesos, lo que equivale a poco más del 40% del recurso que destinará el gobierno a la Fiscalía General del estado, 703 millones de pesos, cifra por cierto 30% inferior a los 998 millones de pesos asignados a esa institución para este año. Es decir, en plena crisis de inseguridad, Núñez recorta el presupuesto a la institución encargada de procurar justicia.
Sí, el mismo camino de Veracruz. Faltan dos años al sexenio de Núñez y nadie parece estar interesado en impedir que se repita la historia de Javier Duarte en tierras tabasqueñas.
Claman en change.org detener la inseguridad en Tabasco
Poco más de 6 mil 300 tabasqueños habían firmado en la plataforma digital chang.org, en apenas cuatro días, una carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, para solicitar la intervención del gobierno federal mayores ante la crisis de inseguridad que se vive en el estado. La iniciativa plantea un singular SOS: “Mayday Mayday Tabasco, México ¡Merecemos paz”. Mayday es una señal de socorro reconocida internacionalmente en sistemas de emergencia, que proviene del francés m’aider (‘ayudadme’, de la expresión completa venez m’aider, ‘vengan a ayudarme’)
La plataforma change.org es una expresión cívica, muchas veces utilizada con demandas que rayan en la broma y en el chiste político y social, que sin embargo ha tenido importantes logros que han permitido evitar injusticias, sancionarlas o ampliar beneficios a grupos y comunidades en el mundo. Por ejemplo, con poco más de 15 mil firmas recolectadas se logró que una propuesta ciudadana sobre permisos de maternidad y paternidad extendidos, llegara al borrador de la Constitución de la CDMX y camine rumbo hacia su aprobación en vías institucionales.
Igualmente, con poco más de 45 mil 900 manifestaciones de apoyo, Yaikiry Rubio y Clara Tapia recibirán una indemnización a propuesta de la CNDH. En el primer caso, se trata de la joven que al defenderse de una agresión sexual lesionó a su agresor y fue acusada de intento de homicidio, por lo que estuvo presa tres meses; y en el segundo, una madre que fue encarcelada tres años, acusada de “omisión de cuidado” luego de que ella denunciara la violación y el secuestro de sus dos hijas, por parte de quien en esos momentos era su pareja.
En la plataforma se pueden ubicar casos de todas partes del mundo, que concitan a la solidaridad, como abusos policiacos, encarcelamientos injustos, persecución de dirigentes civiles o políticos, y hasta la reivindicación de derechos para sordos que exigen subtitulos en la televisión. Hay otros planteamientos cuestionables y polémicos, como propuestas para desaparecer zoológicos, o prohibir las corridas de toros o los procedimientos “inhumanos” en rastros.
La solicitud para que una editorial retire la reedición de la novela de Elena Garro “Reencuentro de Personajes”, por considerar que en la publicidad y en el prólogo hay información ofensiva a la memoria del artista, llevaba poco más de 712 firmas de apoyo.
La petición de la biógrafo de Garro, Patricia Rosas llevaba los mismos días que la demanda de los tabasqueños por seguridad, pero ya había recibido una publicación en el portal web de la revista Proceso, medio que sin embargo, no había difundido la lucha de ciudadanos de Tabasco por exigir que les devuelvan la tranquilidad perdida.
