No sorprende el conflicto que hay en el sector de las telecomunicaciones, sino el tiempo que pasó para que se expresara. La ausencia de un marco regulatorio moderno, la falta de disposición de los actores para respetar las pocas líneas legales que existen así como la inoperancia del gobierno como autoridad, son algunos de los elementos básicos que se intersectan en un aspecto central: la resistencia para hacer de la industria una esfera de competencia en favor de la inversión financiera, o sea, de los intereses empresariales, y de los usuarios.
Parte de la disputa es por abrir el mercado y diluir los monopolios en la telefonía fija y móvil, y los datos que Roberto García Requena ofrece en páginas anteriores son contundentes: en la telefonía fija Telmex controla el 80% del mercado mientras que en telefonía móvil, Telcel y Telefónica juntas abarcan el 92%. Otro experto en la materia, Jorge Álvarez Hoth, lo expresa de modo elocuente: al año en México, la industria factura entre 25 mil y 30 mil millones de dólares en tanto que los ramos de la televisión abierta y de pagan facturan entre 5 mil y 6 mil millones de dólares anuales. La concentración del mercado y las diferencias económicas entre uno y otro rubro son notorias.
Creo que a esos datos duros debemos atenernos para comprender el conflicto entre Grupo Carso y las dos principales televisoras que, junto con otras telefónicas, pretenden, con todo derecho, participar en aquel mercado. Se dice insistentemente que el quid no es el precio de las tarifas que se pagan por el servicio, pero en mi opinión el centro del asunto sí está en el negocio millonario que concentra Carso por la interconexión y que inhibe inversiones que otros empresarios están interesados en hacer; sin duda no es la venta de café en la cadena Sanborns la fuente principal de ingresos de Carlos Slim, sino las telecomunicaciones, como consta en todos los reportes financieros. Se afirma también que el meollo está en el total play y, aunque ese es otro riel, por supuesto que vale la pena explorar esa vía para resolver el conflicto, sin embargo, se omite que para que Telmex participe en ese esfera debe aceptar cabalmente el Convenio Marco de Interconexión que señala el Acuerdo de Convergencia de octubre de 2006, y al que numerosos expertos se han referido de manera reiterada. Esto, más allá de que Televisa y TV Azteca se opusieran a que haya otras ofertas en televisión, o más allá de que quienes aluden a una tercera opción televisiva piensen de inmediato en Carlos Slim y no en otros actores que, como MVS, han expresado interés en participar en ese sector.
Este es un conflicto de interés, y no podría ser de otra manera. El asunto es que el país no tiene un marco legal que regule el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones para que otros actores participen del negocio, ni cuenta con una autoridad que arbitre y decida sobre las desavenencias. Para decirlo de otra forma, que es como en etcétera lo advertimos desde hace al menos tres años: las omisiones legislativas han provocado desencuentros en los empresarios sin que el gobierno federal sea capaz de intervenir.
Todo parece indicar que la vía rectora con la que puede deshacerse el entuerto es diluir las prácticas monopólicas, lo mismo en la industria de las telecomunicaciones que en la radiodifusión. Ojalá haya disposición de los actores por seguir esta ruta. De momento, creo que estamos en presencia de una disputa larga y desigual y no sólo por las cantidades económicas que representa cada negocio, cuya desproporción, es evidente, opera en favor de Carso. La disputa es desigual también porque Slim, el hombre más rico del mundo, tiene una enorme presencia financiera en no pocos medios de comunicación del país, lo que inhibe el intercambio razonado y el planteamiento de propuestas.
