El artículo 1916 del Código Civil Federal describe el daño moral como la “afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”. Establece que un particular o ente privado causan daño moral cuando vulneran o menoscaban ilegitimamente la libertad o integridad física o psíquica de las personas.
En México, las demandas por daño moral se han convertido en un recurrente recurso entre actores políticos y del sector privado. En el nombre del honor vemos con mayor frecuencia litigios contra periodistas o medios cuando, según su opinión, les han causado dolo. Si bien hay casos donde se ha comprobado y no tal agravante, también existen litigios donde la libertad de prensa ha sido factor fundamental para respaldar la difusión de la vida privada. Así encontramos cómo la filtración de un expediente para la anulación de un matrimonio religioso puede llegar hasta la Suprema Corte para convalidar como “legítimo” la publicación de información de la vida privada por el ejercicio superior de la libertad de expresión.
Artículo 1916 Bis.- No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta. En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo.
Por otro lado, también vemos cómo políticos intentan ejercer este recurso legal como paliativo de sus decadentes actuaciones o administraciones.
Con todas estas vertienes exponemos a continuación una serie de demandas por daño moral que han acaparado la atención mediática, tanto por la circunstancia como por los personajes.
En el nombre de Dios. Marta Sahagún vs. Olga Wornat y Proceso
El 27 de febrero de 2005, la revista Proceso publicó un fragmento del libro La Jefa, escrito por la periodista argentina Olga Wornat, en el que difundió varios detalles de la anulación del matrimonio religioso de Marta Sahagún con su primer esposo Manuel Bribiesca.
El texto afirma que el procedimiento iniciado por Sahagún a finales de 2000 y que concluyó cuatro años después, obtuvo un fallo favorable gracias a la intervención de influyentes jerarcas de la Iglesia Católica como el obispo Onésimo Cepeda y el cardenal Norberto Rivera.
Asimismo reproduce textualmente fragmentos del expediente, donde se consignan los alegatos que la exprimera dama presentó para lograr la disolución de su vínculo matrimonial eclesiástico. El testimonio hace referencia a aspectos de su intimidad con Bribiesca.
Tras el impacto generado por la publicación de su vida privada, Marta Sahagún de Fox presentó en abril de aquel año una demanda por daño moral en contra de Wornat y Proceso, a quienes exigió una indemnización económica por considerar que se vulneró su derecho a la vida privada. “Esta demanda la hago por la forma en la que ha mentido, desinformado e invadido mi intimidad. También por el derecho que tengo de defender el honor y la dignidad, tanto de mi persona como de mi familia”, alegó Sahagún en un comunicado de prensa.
Acaso adelantándose a un pleito legal por su trabajo, Wornat había planteado lo siguiente en su libro: “Los hombres y mujeres que nos gobiernan no son sagrados, ni intocables ni impolutos. Son servidores públicos. Aquí estamos hablando de una primera dama que hizo de su vida privada un show, que abrió las puertas y ventanas de su privacidad personal y oficial, que mostró su guardarropa, sus joyas y la cama en la que dormía con el presidente. Una mujer que abusó de un poder ajeno que nunca le correspondió, para lograr fama, influencias, negocios poco claros, riqueza y perpetuidad. Por eso considero que se vale la revelación de los detalles de una historia con un final plagado de sospechas”.
El 13 de octubre de 2006, el Juzgado Décimo Segundo en Materia Civil del Distrito Federal falló a favor de la esposa del entonces presidente Vicente Fox y condenó a Wornat y Proceso a pagarle un millón 958 mil pesos como compensación por el daño moral, derivado de lo que estimó una violación al derecho al honor de la demandante.
La resolución fue apelada por la periodista argentina y el semanario ante el Tribunal Superior de Justicia del DF aduciendo derecho a su libertad de expresión. Dicha instancia determinó en enero de 2007 absolver a Proceso de cualquier responsabilidad, al considerar que la revista, en uso de su libertad editorial, citó el trabajo de un tercero sobre hechos que ya eran del conocimiento público, ya que el libro salió a la venta desde 2003. Por lo que respecta a Wornat, se le impuso una sanción de 500 mil pesos, ya que estimó que en el texto hizo aseveraciones contra Marta Sahagún, sin demostrarlas. Asimismo le estableció la obligación de publicar un extracto de la resolución en un medio de circulación nacional, el cual no necesariamente tenía que ser Proceso.
La defensa de Sahagún, inconforme con la decisión, llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en octubre de 2009 ratificó por unanimidad la sentencia del Tribunal capitalino. En sus alegatos, los ministros determinaron que Sahagún es un personaje público, que si bien al momento en que se hizo la publicación no tenía un cargo de elección popular, por su situación personal e incluso, por sus actividades políticas tenía una proyección nacional e internacional. Lo anterior, abundaron, le otorgaba un mayor interés o escrutinio público a sus acciones y sus conductas, por lo que era un interés legítimo de la sociedad recibir cierta información relativa a la esposa del expresidente. Por último, consideró como legal la decisión de que el extracto de la sentencia se publicara en El Sol de México y no en Proceso.
El semanario calificó el fallo como un triunfo de la libertad de expresión y así concluyó su litigio con Marta Sahagún, quien dos meses después, se casó por la iglesia con Vicente Fox.
Humberto Moreira vs. Pedro Ferriz
El 21 noviembre de 2012 el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, declaró en entrevista con Carmen Aristegui que iniciaría una demanda por daño moral contra Pedro Ferriz de Con, quien entonces conducía la primera emisión de noticias en Imagen Radio. Argumentó que el periodista hizo comentarios que denostaban la memoria de su hijo José Eduardo Moreira tras su muerte.
“Cuando matan a mi hijo hizo una serie de comentarios que dañan la memoria de mi hijo, yo puedo permitir, tolerar que me estén atacando sin fundamentos, sin elementos, pero no puedo tolerar que sea a mi hijo que está muerto”, señaló.
Ferriz de Con expresó en aquel momento que una de las líneas de investigación del asesinato del hijo de Moreira tenía que ver con Los Zetas, organización delictiva que presumiblemente tenía nexos con el exgobernador. Dos años después, se desistió y la acción quedó sin efecto.
En 2016, sin embargo, se reanudaron las hostilidades entre el comunicador y el político coahuilense. Con motivo de la detención de Moreira en España, en enero de ese año, Ferriz de Con dijo lo siguiente en un video publicado en redes sociales: “Este para mi es uno de los días más felices en mucho tiempo, y me refiero al arresto que se hace por parte de autoridades aduaneras españolas del señor Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, un hombre repudiado por toda la población que gobernara en su estado y repudiado por el país, un hombre al que se le acusa de haber endeudado de manera excesiva al estado de Coahuila con una serie de préstamos que condujeron a una cifra de 34 mil millones de pesos”.
Ese material provocó una nueva querella de Moreira en contra de Ferriz ante el Juzgado 33 de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, cuya primera audiencia se celebró en octubre de 2016; de nueva cuenta se adujo daño moral y se exigió una indemnizaciónpor 20 millones de pesos y esta vez, advirtió no daría marcha atrás; alegó que a pesar de haber sido exonerado en España, Ferriz de Con emitió juicios de valor que dañaron su reputación y patrimonio.
Aún sin concluir el nuevo proceso legal, el 23 de enero de 2017 Moreira Valdés anunció una ampliación de su demanda. La razón de ello fue que Ferriz de Con se refirió nuevamente, el día 22, a los presuntos nexos con Los Zetas citando información de Reforma y retomada por diarios locales de Coahuila como Vanguardia. En una carta enviada a este último diario, Moreira Valdés advirtió que la denuncia no sería sólo contra Ferriz, sino contra todos aquellos medios que de forma reiterada “falten a la verdad” y reproducen “graves acusaciones falsas” en su contra. Hasta el cierre del presente texto, aún no hay una resolución final.
Poniéndole precio al honor. Humberto Moreira vs. Sergio Aguayo
El 20 de enero de 2016, con motivo de la detención en España de Humberto Moreira, a quien se investigaba por lavado de dinero, el periodista e investigador Sergio Aguayo, escribió lo siguiente en Reforma:
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
El texto motivó que el también expresidente del PRI presentara una demanda por daño moral contra Aguayo, la cual e conoció cinco meses después, el 13 de julio de ese año. En ella, Moreira reclama al columnista una indemnización por 10 millones de pesos por considerar que con sus expresiones, dañaron su reputación. La querella fue radicada en el Juzgado Décimo Quinto de lo Civil. A partir de esa fecha Aguayo planteó la hipótesis de que la verdadera intención de Moreira era, además de intimidarlo, detener una investigación en la que él participa a través de El Colegio de México y la cual está relacionada con una masacre que sicarios del cartel de Los Zetas perpetraron en marzo de 2011 en la comunidad de Allende, Coahuila, por una supuesta “traición” de otra organización criminal. Esto ocurrió durante la gestión de Moreira.
En enero de 2017, la defensa del académico denunció una actuación parcial del titular del juzgado a cargo del caso, Alejandro Rivera Rodríguez. Cuestionó que el 28 de septiembre de 2016 ordenara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregar a los abogados de Moreira los estados de cuenta bancarios de Aguayo de los últimos tres años sin que todavía se hubiera dictado sentencia en contra suya. Ante ello solicitó un amparo, pero para que surtiera efecto, el académico fue obligado a pagar una fianza por 225 mil pesos. Para cubrirla, El Colegio de México le hizo un préstamo.
El 7 de febrero, el mismo juez ordenó la entrega de la fianza a la defensa del exgobernador coahuilense, desconociendo el amparo a favor de Aguayo. Por tal motivo, se solicitó al Poder Judicial de la Federación un cambio de juzgado.
El lunes 21 de agosto, Sergio Aguayo informó que el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil determinó que Moreira debe devolver al juzgado a más tardar en 48 horas, la fianza de 225 mil pesos. Asimismo, anunció que el próximo 31 de agosto tendrá lugar una audiencia con el exdirigente del PRI.
Un litigio prolongado. Joaquín Vargas vs. Carmen Aristegui
El 21 de julio de 2016, Carmen Aristegui, su equipo de investigación y los directivos de la editorial Penguin Random House, dijeron en una rueda de prensa que el concesionario de MVS comunicaciones presentó en su contra una denuncia por daño moral a causa de las opiniones vertidas por Aristegui en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.
La querella fue interpuesta desde el 29 de mayo y radicada en el Juzgado 57 de lo Civil en la Ciudad de México y en ella acusa a Aristegui de haber lastimado el prestigio y buen nombre del empresario, por lo que le pide una rectificación, mientras que a la editorial le demanda que en ediciones subsecuentes, se retiren del prólogo las alusiones a Joaquín Vargas, pues según su defensa, no se ajustan a la verdad.
Pese a que Vargas Guajardo no exigió ninguna remuneración económica, Javier Quijano, uno de los abogados defensores de Aristegui sostuvo que la demanda “puede tener efectos devastadores” para el patrimonio de la periodista, toda vez que la Suprema Corte de Justicia eliminó el tope de la sanción monetaria que puede aplicarse en estos litigios.
Por su parte, Aristegui a través de un mensaje en video insistió en una persecución política desde el poder y afirmó que la demanda de Vargas es parte de ella.
El 7 de noviembre, Joaquín Vargas publicó un desplegado en la prensa nacional en el cual expone algunos extractos de la sentencia emitida por el juez de la causa; en ella se considera que Aristegui “excedió su libertad de expresión y de información” causando daño a los “derechos de personalidad, honor y prestigio” a su persona. Asegura que las expresiones utilizados por la periodista le atribuyen “falsas conductas” que nunca fueron probadas, configurándose así un hecho ilícito. El propietario de MVS justificó la publicación del desplegado con el argumento de que “las credenciales y el amplio reconocimiento público de Carmen Aristegui” no le dan derecho de “mentir sin consecuencias”.
La defensa de Aristegui apeló la resolución y el pasado 31 de julio; la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia del Juzgado 57 en el sentido de que Carmen Aristegui “excedió el ejercicio de su libertad de expresión” en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto y se sostiene que las afirmaciones de la periodista rebasaron la objetividad al estar fuera de contexto de las investigaciones tratadas en el texto. Aristegui puede impugnar este nuevo fallo a través de un juicio de amparo.
Esta demanda es una de las varias vertientes del litigio entre MVS Comunicaciones y Carmen Aristegui, a partir del despido de la periodista de esa empresa el 15 de marzo de 2015, por un presunto abuso de confianza.
Intento fallido. Javier Duarte vs. Reforma
El 26 de septiembre de 2016, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentó una demanda por daño moral en contra de Reforma y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. Sin embargo, la noticia sobre este recurso se conoció en la prensa hasta el 18 de octubre, cuando Duarte ya había pedido licencia a su cargo. En su querella, el ahora preso exigía al rotativo retractarse de dos notas periodísticas y también pretendía que mientras se desarrollaba el proceso legal respectivo, se decretara una medida de aseguramiento para que los demandados se abstuvieran de difundir cualquier dicho, noticia, opinión o entrevista en la que se hablara de él.
La primera de las notas que motivaron la denuncia del exmandatario se titulaba “Esfuma Veracruz 368 millones de pesos”, publicada el 25 de febrero donde se exponía que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) demandaba al gobierno estatal la devolución de 368 millones de pesos destinados a apoyar a la población afectada por desastres naturales y los cuales se detectó que nunca fueron aplicados.
La segunda nota “Prometen cárcel a gobernadores”, fechada el 7 de junio de 2016, recoge declaraciones de Miguel Ángel Yunes, quien se comprometía a encarcelar a Javier Duarte y obligarlo a devolver “lo que se robó”.
El intento por demandar a Reforma no prosperó, ya que el Juzgado 37 notificó a las partes que en el Código Civil de la Ciudad de México ya no existía la figura del “daño moral” y por lo tanto, la denuncia era improcedente. Duarte pidió entonces que la “legislación sustantiva” aplicable para su caso fuera el Código Civil de Veracruz, pero su solicitud fue denegada.
Tan amigos como siempre. López Obrador vs. The Wall Street Journal
El 28 de septiembre de 2016, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Andrés Manuel López Obrador omitió incluir en su declaración de bienes dos departamentos de su propiedad, mismos que adquirió en 2002 durante su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal y por los que pagó 109 mil dólares.
El rotativo cuestionó que el político tabasqueño, quien ha hecho de la honestidad su bandera política, declarara que no posee propiedades, cuentas bancarias ni tarjetas de crédito y sus únicos ingresos, son 32 mil dólares al año por ser dirigente de Morena.
La nota menciona que el portavoz de López Obrador, César Yáñez, reconoció que el excandidato presidencial compró los inmuebles, pero los donó a sus dos hijos mayores. Sin embargo, según la información del WSJ en el Registro Público de la Propiedad, los departamentos están a nombre de Andrés Manuel López Obrador.
El mismo día en que apareció esa información, el líder de Morena grabó un video que subió a sus cuentas de redes sociales, en el cual acusó al diario de calumniarlo y adelantó que analizaría la posibilidad de presentar una demanda por daño moral, lo cual sucedió el 11 de octubre. Adujo una afectación en su patrimonio moral y pidió la reparación del daño a través de la publicación de la sentencia condenatoria, en los mismos medios y formatos en los que fue difundida la nota sobre el presunto ocultamiento de bienes. Asimismo, exigió el pago de “una cabal indemnización económica”, misma que ofreció donar a los niños migrantes en riesgo de deportación.
El 29 de octubre, López Obrador denunció una presunta obstaculización de su demanda contra el WSJ por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, su querella siguió el curso correspondiente.
El 8 de noviembre, el periódico estadounidense rectificó su información publicada en septiembre y aclaró en su versión impresa y electrónica que el líder nacional de Morena no mintió respecto a su situación patrimonial. En el apartado de correcciones y ampliaciones, precisó que los abogados de López Obrador entregaron las copias de los documentos que certifican la transferencia del 50% de los dos departamentos a sus dos hijos, trámite que se efectuó en 2005.
Tras la aclaración, el tabasqueño retiró la demanda por daño moral que interpuso contra el diario. “Lo que quería dejar de manifiesto es que yo no miento. Tengo tres principios que me guían; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló en un video publicado en su cuenta de Facebook. Es decir, López Obrador y WSJ quedaron tan amigos como siempre.
Una dosis de su propia medicina. Javier Alarcón contra TV Notas
Después de más de 20 años, el cronista deportivo Javier Alarcón concluyó su relación laboral con Televisa en octubre de 2015 y en aquel momento, sostuvo que fue en buenos términos. Sin embargo, la revista de espectáculos TV Notas publicó en su portada que el locutor había sido despedido por “ratero” y cometer un desfalco en la televisora por 30 millones de pesos, además de estar implicado en escándalos de alcoholismo y drogadicción.
Basada en testimonios anónimos, TV Notas aseguró que Alarcón se quedaba hasta con el 75% de los ingresos de publicidad comercializada en los segmentos deportivos de Televisa y mantenía en la nómina a personas que cobraban sin trabajar. Asimismo indicó que la computadora del exdirector editorial de Televisa Deportes quedó bajo resguardo del departamento jurídico del consorcio televisivo, cuando éste salió de la empresa.
Alarcón presentó el 26 de abril de 2016, una demanda por daño moral ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México en contra de la publicación, no sólo por las acusaciones que hizo en su contra, sino que también alegó un “uso indebido de su imagen”, motivo por el cual el caso fue analizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). También demandó la retractación de sus acusaciones en el mismo medio y bajo el mismo formato en que fueron publicadas.
El 20 de enero de este año, las instalaciones de TV Notas fueron clausuradas a petición del IMPI, debido a que la empresa NOTMUS, responsable de su edición, incurrió en desacato de la disposición emitida desde junio de 2016, en el sentido de que tenía prohibido publicar cualquier imagen de Javier Alarcón.
Tras casi 15 de meses, Javier Alarcón difundió en redes sociales una carta en la que afirma que el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil, condenó a NOTMUSA titular de la revista TV Notas, a retractarse de sus acusaciones y a pagarle por los daños que le causó a su vida privada y profesional. En la misiva refiere que aunque en su momento, se le sugirió “dejar el tema por la paz” con el argumento de que la función de publicaciones como TV Notas es generar escándalos “para vender”, sin embargo decidió emprender una acción legal para dejar sentado un precedente de que la libertad de expresión debe tener límites.
El periodista dice en su carta tener confianza en que la sentencia se confirme en instancias superiores. Asimismo no descartó en represalia por la sentencia, que TV Notas vuelva a publicar difamaciones para desprestigiarlo.
“Estoy consciente del riesgo, pero el ejercicio de mi profesión, bajo ninguna circunstancia puede suponer la renuncia al derecho a la privacidad y al honor o aceptar cruzado de brazos la calumnia mercenaria que algunos medios mezquinos han convertido en su modus operandi”, concluyó.
La amenaza. Emilio Lozoya contra quien resulte responsable
“He pedido a mis abogados que procedan a demandar a quien corresponda por daño moral y otros, ante una serie de señalamientos y acusaciones sin fundamento, que deberán probar con hechos. Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con que se conducen quienes hacen acusaciones sin sustento”.
Tal fue el mensaje publicado el 14 de agosto por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en Twitter, un día después de que se diera a conocer un reportaje donde se le implica en la red de corrupción creada en distintos países de América Latina por la constructora brasileña Odebrecht, misma que presuntamente pagó a Lozoya Austin poco más de 10 millones de dólares en sobornos.
Desde las primeras horas del domingo 13 de agosto, comenzó a difundirse el trabajo de los periodistas mexicanos Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes forman arte de la iniciativa El Quinto Elemento Lab., una organización de reporteros de investigación de distintos países. El diario brasileño O Globo fue el encargado de publicarlo en primera instancia y a partir de ahí la mayor parte de medios decomunicación en español la reprodujeron. En México, Proceso y Aristegui Noticias tuvieron la primicia.
Según el reporte Lozoya Austin recibió entre 2012 y 2016 una serie de pagos por parte de Odebrecht a manera de “propina” a cambio de diversos contratos de obra pública. El primero de esos pagos se efectuó durante la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia y cuando Lozoya Austin fungía como enlace con los medios internacionales.
La fuente primaria de información son los testimonios de tres exdirectivos de dicha empresa, actualmente bajo proceso, consignados en el expediente de la investigación a la cual tuvieron acceso los reporteros. “Toda la información incluida en este texto está contenida en las aproximadamente 10 carpetas electrónicas, 50 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias electrónicas, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, los videos con las declaraciones de los tres altos ejecutivos del gigante brasileño y documentos adicionales de la Procuraduría General de la República de Brasil. Todos están catalogados como confidenciales y algunos como secretos”, se menciona en el reportaje.
Las primeras reacciones de Lozoya Austin se generaron en Twitter. En los dos primeros días, su abogado Javier Coello Trejo, confirmó en varias entrevistas la intención de presentar denuncia contra quien resulte responsable de lo que constituyen “difamaciones” hacia su cliente.
Hasta el jueves 17 de agosto, tras presentarse a rendir declaración en la PGR, Lozoya Austin, en compañía de su abogado, ofreció una rueda de prensa en la que se dijo inocente. Afirmó “tener la conciencia tranquila” y puso en entredicho los testimonios las personas investigadas en Brasil, los cuales –dijo– no están en el expediente que la PGR tiene abierto en México por las presuntas prácticas de corrupción de la constructora Odebrecht.
Hasta el cierre de este texto, no se ha interpuesto ninguna denuncia por daño moral en algún juzgado mexicano. El abogado Javier Coello Trejo, dio a conocer que no pudo revisar el expediente este fin de semana porque no lo tenía en su poder. Asimismo, señaló que se trata de un tema ya muy politizado.
“No pudimos revisar el expediente porque no nos dieron copia; nos la van a entregar en el transcurso de la semana”, explicó el abogado Coello al tiempo de señalar que el fiscal de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) dio a conocer que “van a citar a Emilio Lozoya como imputado”.
En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, Coello Trejo consideró que se trata de un caso que “ya están politizando demasiado. “Es un asunto jurídico, vamos a tratarlo por la forma jurídica, pero no politizarlo”. Subrayó que se trata “de un asunto donde una revista publicó una nota donde incluso ayer mismo, la misma revista dice que el abogado que ellos mencionan había sido testigo que habían hecho este soborno niega los hechos en España”.
Asimismo, sin ofrecer nombres, el abogado señaló que hubo un periodista que “trató de amarrar navajas” al publicar “te voy a decir textual, que yo trate de hacer pendejo al procurador. Eso no se vale”, pues, aseguró, el procurador Raúl Cervantes “es un hombre respetuoso”.
Por último, el abogado señaló que presentará una demanda por daño moral. “Estoy esperando que lleguen las cosas de Brasil y vas a ver cómo vamos a desvirtuar todo esto”.
