Es un error desaparecer la Cofetel para dar paso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las telecomunicaciones son parte de la regulación y promoción de la actividad económica. Es política pública que debe permanecer en el Ejecutivo Federal.
Los órganos autónomos de Estado se crean con el propósito de contener al gobierno: el IFE, para evitar que el gobierno manipule elecciones; la CNDH, para evitar abusos en el ejercicio del poder; el Banco de México, para evitar que la inflación aumente en razón de poner circulante de más en el mercado; el INEGI, para que las cuentas nacionales no las maquille el gobierno en turno; y, próximamente, el IFAI cambiará para garantizar el acceso a la información pública gubernamental.
Arrebatarle al Ejecutivo Federal la planeación, regulación, supervisión, otorgamiento y revocación de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión solo habla de ignorancia y desconfianza. Sería la única excepción al artículo 27 constitucional en cuanto a concesiones para la explotación de bienes del dominio público de la Federación se refiere; iría en contra del artículo 25 y de la Ley de Planeación por cuanto hace a las actividades económicas. Y seríamos de las poquísimas naciones en el mundo con un arreglo institucional tan absurdo en el que el regulador del sector no le reporta al ministerio o, al menos, al parlamento.
Si de eso se trata, pues entonces llevemos a rango de órgano con autonomía constitucional a la actividad minera; energética; de transporte terrestre, marítimo y aéreo; de servicios financieros; de recolección de impuestos y del uso del agua. Ya entrados en gastos ¿pues para qué queremos gobierno?
Lo mismo ocurre con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco).
En cuanto a su diseño, es absurdo que sea el IFT el que realice todas las actividades de la Cofeco en el sector, incluidas las relativas a prácticas monopólicas. Una cosa es eliminar doble ventanilla por lo que hace a la declaratoria de dominancia y, otra, transferir las demás facultades sobre competencia económica.
Llama la atención que, por un lado, se confiera autonomía constitucional al IFT y, por el otro, se le obligue a requerir la opinión del titular de la SCT, previamente al otorgamiento, revocación o cesión de derechos sobre concesiones. Lo mismo ocurre con la opinión previa de la Secretaría de Hacienda para el cobro de contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones y por la autorización de nuevos servicios a ser prestados. ¿Por fin en qué quedamos?
Por cuanto hace a la esfera de derechos de los particulares es de extrañar que se respalde la propuesta de que las normas generales, actos u omisiones tanto de Cofeco como del IFT únicamente podrán ser impugnados mediante juicio de amparo indirecto y que no serán objeto de suspensión. Y dice que solo presentarán a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe anual de actividades y, si acaso, podrán comparecer “en los términos que dispongan las leyes”. Valiente rendición de cuentas.
Al menos hoy tenemos recursos de reconsideración y revisión; el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; contrapeso del Poder Legislativo y del Auditor Superior de la Federación; juicios de amparo con suspensión del acto reclamado (salvo en resoluciones relativas a la interconexión) y al mismo Presidente de la República vigilante.
Con el nuevo arreglo ¿quién garantiza que los comisionados de peluca blanca se portarán a la altura? ¿De veras creen que no van a ser sujetos de presión, chantaje, amenaza o captura? ¿Son seres extraterrestres como para estar ajenos a esas calamidades? ¿Y quién les va a pedir cuentas de lo que hagan o dejen de hacer?
En ese contexto es por demás lamentable que los presidentes de la Cofetel (Mony de Swann) y de la Cofeco (Eduardo Pérez Motta) hayan aplaudido la desaparición de los órganos desconcentrados que ellos mismos encabezan. No defienden ni a las instituciones ni a los comisionados que serán despedidos.
Pero ahora veamos cómo se eligirá a los comisionados de ambas instituciones autónomas: les piden más requisitos que para ser secretarios de Estado; poseer título profesional en materias relacionadas con la competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones. Así que ya lo saben, colegas abogados y contadores: vayan olvidándose del tema.
Tampoco podrán ser comisionados quienes hayan sido secretarios de Estado; Procurador; Senador; Diputado Federal o local; Jefe de Gobierno o Gobernador de alguna entidad federativa. Ah, tampoco haber ocupado ningún empleo, cargo o función directiva en ninguna empresa del sector. Pero, eso sí, se les exige haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias en comento. ¿De dónde los van a sacar?
Lo que es una joya es el método de selección. Pasan primero por un filtro a través del Comité de Evaluación integrado con puro experto en materia de telecomunicaciones: el Gobernador del Banco de México; el Presidente del INEGI y el titular del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Los aspirantes tendrán que aprobar exámenes con la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior. Luego le enviará el Comité una lista al Ejecutivo Federal con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes. El Presidente de la República decide a quién manda al Senado para que éste lo ratifique con mayoría calificada de las dos terceras partes. Así, los que lleguen al Walhall habrán sido producto de tal purificación (con minúscula) que garantizará el fiel desempeño de su mandato constitucional.
Concluyo: a Cofetel hay que fortalecerla, no desaparecerla. Basta con eliminar la doble ventanilla para que pueda otorgar, modificar y revocar concesiones; imponer sanciones y aumentar el monto de éstas; declarar la dominancia de agentes económicos en mercados relevantes y dictar regulación asimétrica y resolver conflictos entre operadores para que pueda cumplir con su cometido. El hecho de que sea un cuerpo colegiado con comisionados de nombramientos escalonados, transexenales, inamovibles y ratificados por el Senado le da la fortaleza suficiente, además de los otros controles y contrapesos necesarios para cuidar su eficaz y transparente desempeño.
Ya veremos qué pasa en el Senado. Pero, por lo pronto, ya conocen mi posición al respecto.
