Hace unos di%u0301as, con motivo de los festejos por la Independencia Nacional, Gabriel Guerra Caste- llanos (@gabrielguerrac), reconocido consultor y analista, impulso%u0301 un ejercicio exitoso en Twitter. Guerra solicito%u0301 a los “tuiteros”, bajo el hashtag #MexicoEnTresPalabras, describir a nuestro pai%u0301s con el mis-mo nu%u0301mero de dichos.
Copiando la lo%u0301gica de ese ejercicio pero limitando la descripcio%u0301n a una sola palabra, creo que la poli%u0301tica de telecomunicaciones de la administracio%u0301n del presidente Felipe Caldero%u0301n podri%u0301a describirse como “antimateria” y la forma ma%u0301s sencilla de entenderla seri%u0301a tal y como nos la retrato%u0301 Dan Brown en El Co%u0301digo Da Vinci, libro que despue%u0301s fue llevado con e%u0301xito a la pantalla gran- de: chiquita, encapsulada, inestable, contradictoria, ex- plosiva y destructiva.
Muy poco se ha avanzado en la agenda institucional y regulatoria de las telecomunicaciones en estos seis an%u0303os; lo peor es que gran parte de ese exiguo avance se lo debemos los mexicanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nacio%u0301n, a pesar del Ejecutivo Federal y ante la indolente expectacio%u0301n de los legisladores federales. ¿Suena mal? Pues se ha sentido peor.
El preludio de la configuracio%u0301n de la antimateria en el laboratorio calderonista de las telecomunicaciones ocurrio%u0301 parado%u0301jicamente en el ocaso del sexenio foxista. Me refiero a la nube radioactiva que suscito%u0301 el proceso legislativo de la denominada “Ley Televisa”. Siempre he sos- tenido, y me mantengo, que el texto y alcance de las reformas a las leyes fede-rales de telecomunicaciones y de radio y televisio%u0301n, como fueron denominadas peyorativamente por la Liga de la Pureza (segu%u0301n la misma ha ido engrosando sus filas con miembros otrora indignos de sus asociaciones representativas), no son consistentes con la densidad, dis-persio%u0301n y efectos dan%u0303inos de la nube radioactiva. Los cri%u0301ticos de la reforma, ma%u0301s alla%u0301 de sus verdades a medias o francas mentiras, coincidi%u0301an en un argumento: la reforma era incompleta y, por ende, no debi%u0301a aprobarse.
Seis an%u0303os han pasado y en nada se pudo legislar para perfeccionar la “Ley Televisa”. Por el contrario, despue%u0301s de litigios que podri%u0301an envidiar los ma%u0301s
salvajes cani%u0301bales, varios aspectos clave de la reforma quedaron anulados. ¡Pero que no cunda el pa%u0301nico! Los miembros mas distinguidos de la Liga de la Pureza nos representan, en algunos casos previo cambio de piel como las serpientes, en las ca%u0301maras legislativas que inician funciones. A ver si pueden legislar con el grado de perfeccio%u0301n que acostumbran demandar, pero nunca demostrar. Regreso a la antimateria.
Cualquier poli%u0301tica pu%u0301blica primigenia se establece en las leyes siguiendo el orden jera%u0301rquico de una pira%u0301mide, como lo sen%u0303alaba el filo%u0301sofo del derecho Hans Kelsen. Asi%u0301, la poli%u0301tica pu%u0301blica base en materia de telecomuni-caciones la debemos extraer en primera instancia de los preceptos aplicables contenidos en la Constitucio%u0301n y posteriormente en las leyes emanadas de nuestra ley fundamental.
La transmisio%u0301n de sen%u0303ales de voz, datos o video mediante cualquier medio de transmisio%u0301n ala%u0301mbrico o inala%u0301mbrico, terrestre o satelital, es una actividad regulada en la Ley Federal de Telecomunicaciones. El mandato para el Ejecutivo es en realidad simple: promover y regular el desarrollo eficiente de esta actividad, en un re%u0301gimen de competencia, de manera tal que la po- blacio%u0301n pueda acceder a los servicios respectivos en mejores condiciones de precio, calidad y diversidad. Concomitantemente, la poli%u0301tica pu%u0301blica debe tender a aumentar la cobertura en los estratos sociales de menor ingreso.
Una especie de las telecomunicaciones que tiene un trato especial es la conformada por la radio y televisión radiodifundidas. En este caso, la política pública primigenia favorece la gratuidad de las transmisiones, la pluralidad y el respeto a normas básicas en los contenidos que se transmitan para salvaguardar valores como la identidad nacional, el desarrollo de nuestros niños y jóvenes, así como la protección de la salud, entre otros.
Los postulados a que he hecho referencia debieran ser “ejecutados” por los órganos de gobierno competentes dentro del sistema de planeación democrática a que se refiere la Constitución Política, es decir, respectivamente, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como cabeza de sector y en particular por el órgano regulador especializado al efecto: la Comisión Federal de Telecomunicaciones, conocida como Cofetel. Este arreglo entre Poderes de la Unión (en donde el Poder Judicial de la Federación, como sucede tratándose de cualquier actividad regulada por un régimen de derecho público, juega el papel de instancia suprema de resolución de controversias) en primer lugar, y al interior del Poder Ejecutivo en segundo, parece sencillo pero en realidad no lo ha sido, especialmente en esta administración.
La confusión entre objetivos y obsesiones, la ausencia de respeto básico a los postulados de la ley y a la asignación de facultades entre autoridades, recargadas de una fuerte dosis de mezquindad burocrática fueron trazando el rumbo pendular e inacabado de la política pública en el sector durante este sexenio. Por increíble que parezca esta administración que inició con un innegable avance en el fortalecimiento legal de algunas de sus instituciones, como la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia, así como con una fórmula para romper la imposibilidad práctica de asignar nuevas concesiones de radio y televisión, privilegió en todo momento la confrontación judicial para someter a revisión lo que nunca antes había sido revisado (por que no había sido
necesario) y con ello desperdició tiempo muy valioso para actuar con eficacia. Un ejemplo de esta filosofía, que costó varios años de retraso, está representado por la genialidad de algunos servidores públicos del calderonismo que pretendieron inclusive argumentar que el vocablo “exclusivo” no tenía tal significado con tal de asumir funciones en materia de radiodifusión que no les correspondían con la clara intención de utilizar lo técnico como herramienta de control político. Ni más ni menos.
A pesar del clima de fricción permanente entre autoridades con su consecuente saldo de incertidumbre jurídica para las inversiones, las telecomunicaciones, como siempre, han crecido más que otras actividades económicas. No obstante ello los porcentajes de crecimiento se han reducido y hoy al término de este sexenio nos encontramos regañados por organismos internacionales como la OCDE, y rezagados en términos del crecimiento y evolución que ha tenido el sector respecto de lo ocurrido en buena parte de América Latina (ya ni hablar de nuestros vecinos del norte u otros continentes con excepción del africano).
Por las razones expuestas más que hablar de las fallidas políticas calderonistas, sin dejar de reconocer el tino de la lista de elementos incorporados al decálogo impulsado por el último secretario de Comunicaciones y Transportes de la presente administración, el maestro Dionisio Pérez-Jacome, hoy surge con fuerza la duda en torno a la posición que asumirá el próximo Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La coyuntura es propicia para adoptar las medidas que correspondía haber adoptado a Calderón. Es evidente que nombrar funcionarios bisoños y prepotentes como los dos primeros titulares de la SCT del sexenio que se apaga, trae consigo muchos más perjuicios que beneficios. Si queremos dejar atrás el sexenio de la antimateria sería importante conocer los postulados que pretenden seguirse y abrir los mismos a una discusión plural y pública (oportunamente).
