Los empresarios de la radio y la TV se quejan de que las resoluciones de la SCJN los colocan en situación de “inseguridad jurídica”, específicamente en lo relativo al régimen de concesiones; esto, aseguran, podría limitar la inversión durante los próximos años debido a que no sentirían “confianza” para arriesgar su dinero.
Dos estrategias
Históricamente, los empresarios de radio y TV han entendido por “seguridad jurídica” el establecimiento de condiciones que les otorguen prácticamente propiedad sobre las frecuencias que tienen concesionadas. Lo que se aleja de ello significa “inseguridad”.
A través de los años, han tratado de eludir un principio básico del Estado que les resulta estorboso: la rectoría de éste sobre los bienes públicos, en este caso el espectro radioeléctrico. En los últimos 70 años es posible identificar dos estrategias seguidas por los industriales de radio y TV en relación con el tema de las concesiones. La primera, desarrollada entre 1940 y 1960 (aunque sin éxito en ese periodo), se propuso lograr que las concesiones fueran vitalicias o de duración “indeterminada”. La segunda, de 1960 a 2006, tuvo como eje central la negociación con el gobierno para lograr, más que seguridad jurídica, una “seguridad política” basada en acuerdos para obtener canonjías. La Ley Televisa significó un retorno “modernizado” a la primera estrategia y convirtió en realidad, al menos por un año, el viejo sueño de las concesiones vitalicias.
Rectoría y simulación
Una breve referencia puede ser ilustrativa. Antes de 1960, las concesiones para radio estaban regidas por la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) promulgada en 1940. La duración de esas licencias quedaba a criterio del Ejecutivo, el cual estaba facultado para aplicar una disposición que ponía los pelos de punta a los radiodifusores: la reversión. Según el artículo 89 de esa ley, el Estado tenía el derecho de tomar en propiedad las estaciones una vez que concluyera el plazo de la concesión. Los radiodifusores se quejaban de que la reversión los colocaba en situación de inseguridad.
A juicio de los radiodifusores, el derecho del Estado a la reversión debía desaparecer y establecerse el principio de “intemporalidad” en las concesiones. Sin embargo, conseguirlo era muy difícil, pues los gobiernos de la época no eran partidarios de que el Estado renunciara a la rectoría sobre el espectro radioeléctrico, por lo que la estrategia de los radiodifusores cambió; el objetivo fue entonces que la duración de las concesiones se extendiera lo más posible y que existiera el compromiso, por parte del Estado, de renovarlas sin dificultad.
La LFRT de 1960 satisfizo ese objetivo. Con ella, los medios electrónicos pasaron a ser regulados por una ley específica y dejó de serles aplicable la LVGC. La ley de 1960 estableció que las concesiones podrían durar “hasta 30 años” con la garantía para los radiodifusores de que, al concluir la vigencia, podrían renovarlas con preferencia sobre terceros.
A partir de ese momento se inició una etapa de simulación en el régimen de concesiones. En 1969 ambos acordaron la renovación, por 20 años, de todas las concesiones existentes. Luego, en la década de los 90, se negociaron concesiones y refrendos por diez, 12 o 15 años, con revisión cada tres años. El régimen de concesiones estaba sujeto a un estira y afloja; más que seguridad jurídica los concesionarios habían optado por buscar una “seguridad política” basada en el intercambio de favores con el gobierno.
Nueva etapa
Con la Ley Televisa, los concesionarios parecieron realizar una jugada magistral. El artículo 16, que señalaba plazo fijo de 20 años para las concesiones y sucesivos refrendos automáticos, cada uno por dos décadas, introdujo en la LFRT, de manera disfrazada, el viejo sueño de tener licencias vitalicias. Por fin, un gobierno, el de Vicente Fox, aceptaba no ejercer la rectoría del Estado sobre las frecuencias de radio y TV.
Detectada la maniobra, impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad y finalmente anulada por la Corte podría abrirse ahora una nueva etapa en la historia del régimen de concesiones para radio y TV en México; una etapa donde los elementos determinantes para otorgarlas no sean los acuerdos privados entre gobierno y radiodifusores, ni la pretensión de controlar el espectro radioeléctrico por parte de éstos, ni la discrecionalidad de los funcionarios gubernamentales, utilizada como arma política.
