Es frecuente ya el discurso que describe los cambios económicos que se han sucedido en todo el mundo y en nuestro país a partir de la emergencia como sector productivo y de aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y de su injerencia cada vez más acentuada en la totalidad de actividades sociales. La evidencia documental, estadística, analítica, indica en efecto que hoy en día el patrón tecnológico vigente para la producción y el consumo de bienes y servicios es radicalmente distinto al que fundamentó la industrialización nacional a partir de los treinta, lo que determina tanto el tipo de empresa que hoy conduce el modo productivo; los patrones de consumo que soportan los ciclos de diseño y confección de las manufacturas y el suministro de servicios; y la naturaleza de las instituciones que cobijan, protegen y regulan el accionar conjunto del sistema. “El aparato productivo mundial se encuentra en un período de cambio de paradigma -expresa una de las analistas económicas que más ha evaluado el cambio- en un proceso de transición de la producción en masa, intensiva en energía y materias primas, a la producción flexible y adaptable, intensiva en información y en materia gris; de cambio de un modelo de producción que tenía las rutinas óptimas como meta, a un modelo que estructura y propicia el constante cambio técnico como su rutina principal” (Pérez, 1991:3).
El nuevo paradigma tecnoeconómico determina entonces cambios sustantivos, en la raíz, tanto en las formas en que se construye, difunde y generaliza la producción, como en la organización social que cobija su implantación y desarrollo. En el paradigma que nace, afirma otro especialista igual versado en el tema, “se ha vuelto crucial generar valor agregado para diferenciar productos, incluyendo el diseño innovador, el mercadeo eficaz, la distribución eficiente y las marcas acreditadas. De este modo, para prosperar, la industria debe ser capaz de contribuir de manera productiva a cadenas de valor mundiales y generar nuevas cadenas de valor, de las cuales la parte clave no es necesariamente la producción, sino la innovación y los servicios de alto valor” (Ruiz Durán, 2008:757). Para cumplir estas metas resulta fundamental de inicio el conocer y reconocer el cambio vigente, adoptar y adaptar los principios técnicos y organizativos que supone, y aprovecharlos en forma creativa e inteligente, para cosechar sus ventajas y minimizar sus impactos negativos. En este tránsito, la flexibilidad con que las instituciones logren desempeñarse para cobijar la mutación productiva será un tema decisivo para el arranque y desarrollo del nuevo paradigma y para su difusión exitosa en todo el conjunto social.
Las consideraciones anteriores son el telón de fondo de la reflexión que se ofrece en esta oportunidad. Para atender al nuevo patrón tecnológico, para aprovechar el paradigma emergente que poco a poco y de manera inexorable transforma la producción y el consumo, una de las estructuras fundamentales a considerar es la capacidad nacional disponible para nutrir la fuente del valor agregado y de la flexibilidad productiva: las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I D i en adelante), que justamente aparecen como el elemento detonador de la posibilidad del cambio, de la adaptación a la nuevas condiciones socioeconómicas. En las TIC, estas tareas han sido el origen de todos los grandes avances tecnológicos y de mercado que han revolucionado el funcionamiento de la informática; el suministro de las telecomunicaciones, y la marcha de la misma radiodifusión, en especial para su tránsito hacia los formatos digitales. Baste recordar la invención del primer dispositivo microelectrónico en estado sólido, el transistor, por parte de los laboratorios Bell en 1947, para sopesar el impacto de estas acciones. Con aquel avance fue posible estructurar la digitalización de las señales al apagado corresponde el “0” y al encendido el “1”- y con esta ventaja alimentar la convergencia de servicios y de aplicaciones que hoy ya es una realidad cotidiana en todo el mundo. Con base en un accionar sostenido de I D i, los principales fabricantes de dispositivos microelectrónicos han logrado superar en forma permanente y vertiginosa el aporte tecnológico del transistor, y en la actualidad se busca desarrollar microprocesadores o chips de funcionalidad óptima y con un mínimo consumo eléctrico, de poco peso, costo reducido, y, sobre todo, de dimensiones mínimas. Así, los chips que la empresa Intel produjo en 2010 aprovechan ya la nanotecnología y miden 22 nanómetros1 de diámetro. Según la firma productora esos límites habrán de rebasarse, ya que sus planes son evolucionar hasta los 14 y después a los 11 nanómetros como medida estándar. Para entender el significado de estas cifras conviene presentar un dato comparativo: el cabello humano alcanza los 60 nanómetros, es decir, tiene dimensiones que multiplican por tres lo ya alcanzado por la compañía estadounidense. Ante estos desarrollos, ¿cuál es la situación nacional que guarda la I D i en telecomunicaciones? ¿En las TIC en lo general? ¿Qué tan cerca o tan lejos nos encontramos respecto a ese ejemplo? En las páginas que siguen presentamos algunas reflexiones sobre el tema, y también distintas sugerencias cuyo propósito es contribuir en la discusión y acuerdo sobre las mejores maneras de fortalecer nuestras capacidades en la materia.
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Ofrecer una respuesta definitiva a las interrogantes que se han planteado no es tarea fácil. En tanto no se dispone de información suficiente y sobre todo completa sobre el diagnóstico de las acciones de I D i en telecomunicaciones, resulta complejo el dimensionar su conformación, importancia y trascendencia. Dos fuentes que trabajaron el tema para proponer actividades de planeación y de fortalecimiento de esa capacidad coinciden en su diagnóstico inicial: los presupuestos dedicados y los esfuerzos que se llevan a cabo a escala nacional son insuficientes para aprovechar con ventajas el nuevo paradigma tecnoeconómico. El testimonio de los autores del documento de planeación “Visión México 2020” es esclarecedor de la situación específica de la inversión en I D i TIC. “México deberá acercarse de forma gradual al presupuesto promedio en Investigación y Desarrollo (I y D) que los países de la OCDE asignan a este rubro para alcanzar en 2020 una meta cercana al 2% del PIB -se afirma de inicio para después enfatizar nuestro atraso. En este sentido, México partiría del fondo de la tabla de los países de la OCDE -con un promedio actual cercano al 0.4 % del PIB- y cada año deberá incrementar este presupuesto en una cifra cercana al 0.15%. Para ello, será necesario que la industria y el sector privado aporten más fondos, ya que actualmente sólo el 33% del total de los fondos de I y D provienen de este sector, a diferencia de los países industrializados, donde la iniciativa privada aporta más del 45%, llegando incluso hasta al 70%…” (AMITI-Ca-nieti-FMD, 2006:205).
La estrechez que señalan los especialistas y el poco involucramiento del actor privado en el desarrollo científico y tecnológico del país, parecen carencias endémicas que han limitado a la actividad y provocado incluso el desaprovechamiento de las acciones que se realizan, ya que se compromete la continuidad ante la falta de recursos suficientes. El impacto de esta privación y carestía se determina con claridad en la posición del país en los estándares de competitividad industrial y de valor agregado de la producción nacional. El dictamen de la OCDE es contundente en este sentido:
“México ha realizado inversiones insuficientes en ciencia, tecnología e innovación. Como resultado, el crecimiento potencial de su economía es inferior al necesario para alcanzar el nivel de otros países y lograr una competitividad comparable a la de otras economías emergentes. De acuerdo con todos los indicadores disponibles, el nivel general de la innovación en México es realmente bajo, no solamente en comparación con otros países de la OCDE, sino también con las economías emergentes más dinámicas. El gasto en Investigación y Desarrollo (I y D) como porcentaje del PIB sigue siendo inferior al 0.5%, en contraste con un promedio superior al 2% en la zona OCDE y cercano al 1.5% en China (OCDE, 2010:29).
Además de su claridad y precisión, el reporte enfatiza los efectos de uno de los lastres que mayor afectan las acciones de I D i: la insuficiencia presupuestaria. Los datos disponibles rubrican en efecto la afirmación. En 1995, por ejemplo, la participación del gasto federal en ciencia y tecnología representó apenas el 0.31% del PIB; en el año 2000 subió al 0.37% y para 2005 logró tres décimas más, para ubicarse en el .40% (Conacyt, 2004 y OCDE, 2009). De acuerdo con el último informe del Conacyt referido a 2009, el gasto nacional respectivo casi llegó a los 93 mil millones de pesos, cifra que representa el .79% del PIB correspondiente a ese ejercicio. Si bien el último porcentaje casi duplica el registro de cuatro años antes, igual contraviene una de las disposiciones centrales establecidas por el Artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, y que en su momento se juzgó como el instrumento legal necesario para racionalizar y optimizar las actividades nacionales en la materia. A la letra se determina entonces que “el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley” (Poder Ejecutivo Federal, 2002). Como se aprecia, los montos dedicados no son suficientes desde el origen.
La escasez presupuestal es sólo una cara de la moneda y parte del problema principal. A ella se adicionan otras limitaciones, entre las que destacan:
i) El destino del gasto en ciencia y tecnología.
En lo fundamental, el gasto se dedica a apoyar la investigación básica por sobre la aplicada. El presupuesto tiene dos fuentes de financiamiento: los recursos federales que dedica el Estado y la inversión que el sector privado canaliza a las actividades científico-tecnológicas. Para 2009 el Conacyt reporta que la inversión de 93 mil millones de pesos se distribuyeron en tres categorías centrales: investigación y desarrollo experimental, esto es, financiamiento a investigación básica y aplicada y desarrollo de tecnología, 56.5%; educación de posgrado, el 23.9%, y servicios científicos y tecnológicos, 19.5%. En este financiamiento concurren tanto el sector público -49.3% del total; la iniciativa privada, que contribuyó con el 44.5%, y las instituciones de Educación Superior, con el 6.2% restante.
La distribución apuntada se altera sin embargo al considerar las categorías de destino del financiamiento. Así, en investigación y desarrollo experimental y educación de posgrado, el sector público es la fuente más importante con el 53.6 y 54.8% respectivamente del financiamiento, mientras que la iniciativa privada domina en servicios científicos y tecnológicos con un 67.9% del global dedicado. El propio Conacyt explica la lógica de esta distribución, y no duda incluso en calificarla como histórica, propia de la tendencia del gasto. “Como ha sucedido en años previos, comenta, esta diferencia se explica debido a que entre el tipo de actividades que incluye los servicios se encuentran la asistencia técnica, compra de patentes y marcas, normalización y metrología, etc., rubros que resultan afines con las actividades del sector privado” (Conacyt, 2012:15). Conforme esta explicación, el sector privado enfatiza desde luego la aplicación de los conocimientos adquiridos y no la investigación básica, que sobre todo vigoriza el Estado. Con ello, es posible sugerir que las capacidades nacionales disponibles en ciencia y tecnología no han logrado aún la envergadura suficiente para sostener un esfuerzo propio en generación de tecnología, por lo cual se depende de los flujos tecnológicos internacionales para sustentar el desempeño productivo de buena parte de la industria y los servicios nacionales.
ii) Los limitados recursos humanos para las actividades de I D i.
De acuerdo con los totales que el Conacyt incluye en su informe correspondiente a 2010, el total de investigadores de tiempo completo que se desempeñan en México alcanzó poco mas de los 37 mil 600 en 2008. En el continente, esta cifra supera a la de Chile (5 mil 900) y se mantiene apenas por debajo de la lograda por Argentina, que en 2007 registró 38 mil 600 investigadores. El resto de países seleccionados del continente, de Europa y de Asia, rebasa con mucho el global mexicano. China supera el millón y medio de investigadores dedicados y aventaja por poco a la nación estadounidense, que en 2007 tenía poco más del millón 400 mil. Brasil casi triplica el total nacional con 106 mil analistas, y el Canadá alcanza los 148 mil 900 recursos dedicados a la investigación. Suecia, España, Francia y Alemania se adelantan respecto a nuestros números y forman más investigadores que los propios. En la estadística que compara el total de investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente activa (PEA), efectivamente logran promedios importantes: 9.85 para los suecos; 5.73 para España: 8.19 en el caso francés, y 7.26 de promedio en Alemania. México, a la zaga de estos números, obtiene sólo .82 en promedio e incluso Chile lo supera con una décima más (Conacyt, 2012: Anexos).
Con recursos humanos limitados, la producción científica y tecnológica se relega también y en el indicador tradicional, el registro de patentes, igual se presentan las penurias habituales. El Cuadro 1 que se presenta enseguida incluye un comparativo entre México y otras naciones, considerando los promedios de la población dedicada a las acciones de I D i y la eficiencia productiva que lograron en 2007. En ambos rubros nuestro país se ubica en las últimas posiciones de la clasificación desarrollada por la OCDE (2009).
Desde luego la relación que se ilustra no resulta casual sino consecuente, y sus efectos son decisivos para conformar las fortalezas o debilidades con las que el país alterna en el escenario productivo mundial y en la formación de las cadenas de valor. Si se atiende y compara el caso de México y el correspondiente al líder de la relación anterior, Finlandia, se comprende porque el país finés es residencia de la empresa de diseño y manufactura de teléfonos móviles Nokia, que abastece de sus aparatos a todo el mundo. En esa cadena de valor, nuestra participación es el ensamble final de teléfonos y la producción de los accesorios, partes y suministros que resulten necesarios para ello. De esta forma, nos mantenemos alejados de la concepción y diseño de aplicaciones, que justo constituyen el baluarte del fabricante porque agregan el mayor valor posible en la red de telecomunicaciones inalámbrica.
iii) La producción científica y técnica.
Este rubro es de especial relevancia porque refleja los niveles de eficiencia de toda la infraestructura y los recursos dedicados. En nuestro país, la producción científica se polariza y si bien muestra fortalezas en algunas materias, en otras se observa de nuevo una pobreza significativa. Para el 2009, los científicos mexicanos publicaron poco más de 10 mil artículos, global que al compararse con el número total de investigadores, 37 mil 600 en 2008, arroja una productividad muy pobre, de tres investigadores por cada artículo publicado. Si se considera que por lo general los artículos editados reflejan los avances de las investigaciones en curso, se acentúa todavía más la poquedad de producción editorial.
Respecto a las disciplinas que explotan los investigadores se observa una gran diversidad en la producción considerada. Las temáticas del total de artículos publicados en 2009 se concentran respectivamente en Plantas y Animales (mil 542 artículos Medicina (mil 338 publicaciones Física (mil 158) y Química, que concentró mil 77 artículos publicaciones. Por su parte, todas las Ingenierías logran apenas 668 publicaciones, y si bien alcanzan el quinto sitio en la lista temática, su total únicamente representa la mitad de la suma que logran las disciplinas clasificadas en los primeros sitios. Se antoja entonces que la producción en aquellas materias relacionadas directamente con las TIC debiera de ser mayor, sobre todo por la importancia estratégica que tiene el sector en la implementación del nuevo paradigma tecnoeconómico.
Las características básicas de las actividades de I D i en TIC reproducen lo apuntado en el grueso panorama y presentan rasgos y distintivos propios. Si se advierte el número de investigadores dedicados, por ejemplo, al tiempo que se reproduce la insuficiencia de personal surgen datos complementarios que animan a pensar que tal limitación puede superarse. El Cuadro 2 argumenta efectivamente el primer caso, ya que detalla el porcentaje de recursos humanos adscritos a esas actividades en las TIC respecto al total nacional de investigadores. Como se observa, el porcentaje que se reporta para México es el menor en referencia a otros países, y al observar las cifras presentes en los estados líderes puede comprenderse con claridad el atraso tan profundo que nos afecta. Con base en la estadística, puede afirmarse que carecemos del personal suficiente para emprender las acciones de investigación imprescindibles tanto para adaptar las aplicaciones y los servicios de las TIC a nuestro particular entorno socioeconómico, como para hacerlas evolucionar conforme ese propio desarrollo.
En la actualidad, lo importante no es únicamente usar y aprovechar todo el conjunto de innovaciones
productivas que aporta el conjunto de sectores productivos nucleados en las TIC, sino a la vez disponer de masa crítica que actualice, perfeccione e innove esas aplicaciones para adecuarlas al contexto nacional y con ello extraer su mayor beneficio posible y minimizar sus aspectos negativos. Sin recursos humanos capacitados para emprender estas funciones se compromete entonces la apropiación y evolución de las TIC en el medio nacional, y la estadística considerada soporta esa conclusión.
Sin embargo, a la insuficiencia detectada se suma asimismo la tendencia recién identificada que acotan los propios investigadores en las TIC. Como muestra de ello pueden citarse las conclusiones del taller Grandes retos de la investigación en TIC en México celebrado en mayo del 2009, que dispuso de una representación significativa de los principales centros de investigación e instituciones de Enseñanza Superior nacionales. “La investigación en ciencias de la computación y telecomunicaciones en México ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, establecieron los especialistas. El número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores registrado en esta área en 2008 es de 236, que comparado con los 56 investigadores miembros del sistema una década antes, representa un crecimiento anual superior al 15%. En forma semejante el número de programas de maestría reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados en el CONACYT se triplicó en los últimos 7 años llegando a 25 y el número de programas de doctorado creció de 2 a 12, un crecimiento del 600%” (REMIDEC, 2009:5).
Al optimismo que se propone igual se adiciona la sistematización estadística que han desarrollado otros protagonistas de las actividades de I D i en el sector. La organización denominada como Punto Nacional de Contacto Sectorial en TIC, por ejemplo, es una unidad que funciona con el apoyo del Conacyt y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coadyuvar en la formación de recursos humanos y en la realización de actividades de cooperación internacional en la materia. Su objetivo es el “fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico en México a través de la información sobre oportunidades de financiamiento y requerimiento de desarrollo para investigadores y empresas mexicanas, así como la vinculación con actores en el exterior de Europa, Asia y América del Norte” (Portal Punto Nacional de Contacto Sectorial en TIC, www). Para concretar sus funciones, la organización ha sistematizado información sobre la infraestructura nacional dedicada a la I D i en
TIC, y de sus reportes se conoce que hasta este 2012 existen en todo el país mil 81 investigadores dedicados a indagatorias distintas en el sector, mismos que desarrollan investigación hasta en diez áreas diferentes y con 61 subtemas subordinados.
La trascendencia de las exploraciones y estudios que se llevan a cabo en el país es detectada por otro especialista, representante ahora de la organización Winds Latin America, dedicada a fortalecer la investigación en TIC entre Europa y América Latina. A propósito de sus eventos para identificar iniciativas susceptibles de alimentar la cooperación entre países, se conocieron tres referencias que señalan ya algunas áreas a consolidar en nuestra capacidad científica y tecnológica en TIC. De inicio, Trejo refiere el impacto que logran los artículos y reportes de investigación realizados por los investigadores mexicanos del sector. “A pesar de ser baja, reconoce, la producción en México se caracteriza por ser de alta calidad, dado que la relación entre citas y publicaciones
es considerada satisfactoria, aproximadamente del 1.54″ (2007). A este acierto, se suma la correspondencia entre las líneas de investigación que se consideran prioritarias y estratégicas a nivel global y los temas en desarrollo motivo de investigación en las instituciones nacionales. Así, si la firma especializada en prospectiva tecnológica en TIC Gartner determina que las áreas de oportunidad para la I D i de la América Latina toda se centran en ocho grandes campos de conocimiento especializado -entre las que aparecen la Virtualización; el Cómputo Grid; las Arquitecturas orientadas al servicio y la Inteligencia Colectiva- en el medio mexicano también se cuentan desarrollos que explotan la misma temática, como es el caso del estudio sobre las aplicaciones de inteligencia artificial e inteligencia colectiva; computación científica y de alto desempeño; Grid y cluster computing; criptografía y seguridad; lenguajes formales y algoritmos; virtualización; robótica; toma inteligente de decisiones; visión por computadora; e ingeniería de software, entre otros tantos. Además de fundamentar acciones conjuntas entre investigadores nacionales y sus contrapartes foráneas, esta correspondencia anima a considerar que con el tiempo podrán cosecharse beneficios y provechos de los esfuerzos nacionales, ya que aprovechan el estado del arte de la investigación internacional. Se antoja que impulsar estas y otras ventanas de oportunidad puede ser una de las rutas de desarrollo más promisorias. Pero si los recursos humanos crecen y se desarrollan y las líneas de investigación son alentadoras, ¿qué otras limitaciones deben superarse? Quizá uno de los obstáculos más trascendentes a vencer sea la vinculación entre el esfuerzo nacional en I D i en TIC y las compañías de los sectores productivos que las conforman, sobre todo las empresas pequeñas y medianas (Pymes). La relación es de larga data y ha sido reconocida como fundamental y sustantiva para lograr el desarrollo. Traducir el conocimiento en innovación es en efecto el centro del paradigma emergente, y poco habrá de lograrse en ese proceso si cada protagonista desconoce al otro y no le interesa generar sinergias de provecho mutuo. Es por ello que el diagnóstico efectuado por Aguilar y otros especialistas cobra relevancia (2008). El trabajo realizado evalúo la creación de redes para el intercambio de conocimientos y la generación de innovaciones, y detectó cuatro grandes obstáculos para la interacción exitosa entre la academia y la industria. Sus conclusiones son importantes porque no responsabilizan a actor alguno en lo particular, sino sólo se describen las situaciones más comunes que se generan en la vinculación entre ambos. El dictamen elaborado señala entonces:
“
a. Hay empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas que carecen de una visión innovadora. Los empresarios únicamente buscan alianzas comerciales entre ellos y las alianzas con el sector académico son para resolver problemas cotidianos, donde la inversión en I D i no es importante.
b. Falta un lenguaje adecuado de comunicación entre académicos y empresarios. Los académicos muestran sus investigaciones a los empresarios en un lenguaje científico que ellos desconocen. En estas circunstancias, los empresarios no encuentran útil las investigaciones realizadas por los académicos y pierden el interés por la inversión en I D.
c. La investigación básica predomina en el ambiente académico. Los académicos están enfocando sus esfuerzos hacia la investigación básica tanto por la forma de evaluar la productividad científica en diferentes organismos e instituciones, como por los apoyos e incentivos que el gobierno ofrece en esa dirección.
d. Las investigaciones no están orientadas hacia un mercado real. Los intentos de llevar las investigaciones a un valor comercial por parte de los académicos no son alentadores. Los académicos se dan cuenta que no existe un segmento de mercado para posicionar los resultados de sus investigaciones; o no son viables por el costo elevado que implicaría reproducirlos” (Aguilar et al, 2012:4-5).
Al enfatizar el factor humano como parte importante de los obstáculos detectados surge la posibilidad de encauzar el origen de los problemas, mediante un esfuerzo de optimización que busque enrutar tanto la actitud del investigador y del empresario, como de las condiciones en que se produce la investigación y se aprovechan sus resultados. En esta labor de acercamiento y mejora, el diálogo entre cada parte para identificar las ideas comunes y las diferencias que desde luego también se manifiestan, es sin duda la primera parte de la solución del problema. Y en esta interlocución virtuosa, el papel de un organismo como la Comisión Federal de Telecomunicaciones pude coadyuvar a que esa interacción sea más certera y provechosa. En los párrafos que siguen se reflexiona sobre esta posibilidad y sus alcances.
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En tanto organismo encargado de generar y actualizar la estructura regulatoria del sector nacional de telecomunicaciones, el cambio de paradigma evocado tiene desde luego un gran impacto en las labores cotidianas de la Cofetel. Incluso, el aprecio oportuno y a suficiencia de tales modificaciones estructurales es condición necesaria y propicia para organizar acciones diversas enfocadas a aprovecharlo, con el objetivo de buscar el mayor beneficio posible para la sociedad mexicana y para todos sus agentes y protagonistas. En este contexto, resulta fundamental el reconocer y cumplir las encomiendas institucionales que los Poderes Legislativo y Judicial han definido para la Comisión como órgano regulador, sobre todo porque refieren a una vocación específica tanto para la promoción de las actividades de I D i como para coadyuvar en la formación de recursos humanos en las materias y disciplinas asociadas a las TIC.
En efecto, del marco jurídico-legal que ha acompañado el desarrollo institucional de la Cofetel se desprenden las facultades del organismo para emprender el desarrollo de las líneas temáticas señaladas. La legislación aplicable determina una doble obligación, en la cual se sustenta su involucramiento en las acciones de I D i y de capacitación de personal. Por una parte, el Artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones es preciso en definir el perfil de la Comisión. “Es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, se establece, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones” (Poder Ejecutivo Federal, 1995). Cofetel está obligada pues a buscar el máximo desarrollo posible del sector que regula y en ello el estudio, evaluación y propuesta de todos aquellos cambios, acciones o tareas que permitan la expansión, uso, apropiación y evolución de las TIC por el conjunto social, resultan obligaciones paralelas. La praxis concreta que promueva el progreso de las actividades de I D i y de formación de recursos humanos debe atender ese objetivo, el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la más amplia cobertura social en todo el país. El cambio estructural propio del nuevo paradigma tecnoeconómico, puede encontrar entonces mayores asideros para su implementación exitosa.
La segunda obligación del organismo emana de la Fracción III del mismo Artículo 9-A, y su consideración resulta de especial relevancia para articular la operación propuesta. El ordenamiento señala como facultad del organismo el “promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con las instituciones académicas y los particulares, el desarrollo de las actividades encaminadas a la formación de recursos humanos en materia de telecomunicaciones, así como el desarrollo tecnológico en el sector” (Ibidem). Como se aprecia, el mandato privilegia la ejecución de acciones con terceros para la promoción de los dos conjuntos de actividades: el desarrollo del trinomio I D i en telecomunicaciones, y la preparación, capacitación, e incluso el entrenamiento de recursos humanos. Con ello, la Comisión tiene la facultad, incluso el encargo institucional, de incidir en el avance productivo del sector y en la integración de los cuadros profesionales que habrán de sostener su evolución tecnológica, de servicio y comercial. Asimismo, en tanto la obligación es genérica, es factible interpretar en sentido amplio la formación de recursos humanos y con ello impulsar acciones que abarquen toda la diversidad que en este tema puede sugerirse, desde campañas sociales de adiestramiento en el manejo de nuevas aplicaciones o servicios, hasta la promoción del posgrado para formar especialistas en aquellas materias multidisciplinarias afines al desarrollo integral de las TIC en nuestro país. Como se desprende del apretado diagnóstico que se presenta en las secciones anteriores, esta última opción es por demás necesaria, útil, imprescindible para el crecimiento de nuestro sistema de comunicaciones y el aprovechamiento colectivo del paradigma emergente.
Tanto la formación de recursos humanos como las actividades de I D i que puedan ejecutarse, precisan de un nutriente que la Comisión obtiene en el desarrollo cotidiano de sus funciones institucionales: la relación directa con el universo completo de concesionarios y permisionarios de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, misma que facilita el detectar la problemática que les afecta. No es excepcional en efecto el censar y el conocer las demandas de personal que tienen; la capacitación y formación requeridas para el ejercicio de sus actividades profesionales, y asimismo sus necesidades de soluciones tecnológicas para corregir, perfeccionar o actualizar sus sistemas y esquemas generales de servicio. Estos requerimientos precisos y concretos son la fuente para el diseño de las acciones de formación y de I D i en tanto corrigen quizá el obstáculo más significativo detectado por los especialistas: la inadecuación entre los trabajos e investigaciones que lleva a cabo la academia y el mercado concreto de las soluciones alcanzadas. Alimentar esta correspondencia, buscar mecanismos adecuados para que esta interacción se traduzca en propuestas económicas atractivas para ambas partes debe ser un objetivo primario, que la Cofetel puede propiciar como interlocutor interesado en que la academia y la industria se desarrollen por igual.
A partir del conocimiento y sensibilización de la problemática que afecta a los protagonistas de los servicios y aplicaciones, es posible sugerir tres grandes campos de actividad para fomentar la I D i en TIC y la formación de recursos humanos. Así pueden listarse…
1. Rescatar y coadyuvar en la realización de aquellas iniciativas ya planteadas que por su importancia y trascendencia puede ayudar a promover la I D i en telecomunicaciones. Muestra de ello son las propuestas que el conjunto de autores del planteamiento sobre la Visión 2020 han definido, y que refieren a un necesario desarrollo armónico e integral de estas actividades que haga converger a la totalidad de protagonistas del sector en acciones específicas de desarrollo. De esta forma, el planteamiento es por demás acertado, como es explícito en las dos propuestas que se incluyeron en los documentos presentados:
– “Articular apoyos a la investigación y desarrollo, innovación y adopción de mejores prácticas en tecnología (TIC) por parte del Conacyt, la Secretaría de Economía y otras dependencias, para enfocarlos en los grandes nodos de las cadenas de valor; y,
– Orientar los fondos público-privados, principalmente a través de la participación de las grandes corporaciones, a proyectos de investigación y desarrollo, innovación y adopción de mejores prácticas de TIC, vinculando a las empresas, que incluyan a las pequeñas y medianas empresas especializadas en TIC con universidades” (AMITICanieti- FMD, 2006:13).
2. Interacción y coordinación con los agentes nacionales protagónicos para definir productos conjuntos, y participar activamente en la definición de proyectos, búsqueda de financiamiento y control y gestión de las iniciativas en marcha.
Esta segunda línea se define totalmente por su carácter pragmático y por una labor de amalgama, de búsqueda y promoción de sinergias entre los participantes. En el campo de la I D i es claro que el propósito será detectar aquellas necesidades de soluciones tecnológicas que los operadores manifiestan en su operación diaria, y buscar su desahogo en las instituciones nacionales de educación superior y de investigación idóneas para su realización. Ambas funciones suponen el realizar un censo de problemas y propuestas de solución que sirva de base para interactuar con un tercer protagonista de gran relevancia: las fuentes de financiamiento, tanto nacionales como extranjeras. La búsqueda de sinergias entre los tres grupos de agentes es entonces la meta a concretar. Justo en relación al financiamiento, conviene señalar la alternativa de conocer a fondo los mecanismos que opera la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en tanto ese organismo es el interlocutor con los protagonistas de cooperación técnica internacional. La celebración de reuniones bilaterales; multilaterales o bien la asistencia a eventos regionales donde concurren las representaciones nacionales para articular acciones conjuntas, pueden emplearse con mayor certeza si de antemano se conocen los proyectos necesarios y quienes son los interlocutores más adecuados para llevarlas a cabo. Esta labor interinstitucional es desde luego fundamental para obtener recursos y relaciones con actores estratégicos de otros países.
En el campo de los recursos humanos, Cofetel puede jugar un rol protagónico en la implementación del paradigma tecnoeconómico emergente. En las nuevas condiciones, el capital humano es el recurso estratégico para sostener la innovación y proyectarla para alcanzar una mayor productividad. Para aprovechar entonces el potencial nacional en el tema e impulsar su fortalecimiento, la articulación específica con instituciones de educación superior y centros de investigación viene a ser un elemento nodal, sobre todo en la promoción de cursos, diplomados o campañas de adiestramiento que respondan a coyunturas específicas.
Una segunda línea de desarrollo posible se argumenta en la realización sistemática de programas de servicio social y de prácticas profesionales2 con cargo a la institución. Al reconocerse que estas actividades relacionan el quehacer cotidiano de Cofetel con miembros y grupos de la sociedad interesados en esas labores, y deseosos incluso de conocerlas de cerca y participar en ellas, puede propiciarse que estas actividades funcionen como una plataforma significativa de difusión de las labores regulatorias desarrolladas, en tanto sus participantes son testigos tanto de los mecanismos, fórmulas y procedimientos que se utilizan para resolver los desafíos de la regulación, como de la problemática y complejidad que ello conlleva. La compresión del quehacer regulatorio sería pues más fácil porque a partir del vínculo con la sociedad podrá valorarse el esfuerzo real que se ejecuta en forma habitual.
Asimismo, una segunda ventaja es igualmente relevante: aprovechar estas actividades para captar y asimilar recursos humanos ya preparados, frescos y motivados, que con su intervención pueda perfeccionar sus capacidades, saberes y habilidades ya que se involucra directamente en el escenario profesional real. De igual forma, el personal de la propia Cofetel podrá actualizar y afinar sus propios conocimientos y optimizar su desempeño, justo porque reflexiona y evalúa de manera permanente la práctica laboral cotidiana para expresarla y transmitirla de mejor manera a los estudiantes adscritos. Así, por partida doble, la actividad puede arrojar beneficios importantes.
Como resulta evidente, el desarrollo operativo de las acciones señaladas lleva implícita la articulación de protagonistas terceros. Es por ello que para su implementación debe considerarse la instrumentación progresiva de estructuras de red, que relacionen y comuniquen a todos los agentes que intervengan en una u otra línea de acción. Esta retroalimentación con la sociedad es quizá una de las carencias más evidentes, y es tiempo entonces de buscar su enmienda.
3. Alentar el análisis y estudio sistemáticos de la prospectiva tecnológica y de mercado de las TIC por parte de los protagonistas académicos y de investigación.
Las previsiones sobre la evolución posible o probable de los mercados de servicios y aplicaciones no puede desahogarse a profundidad sin la evaluación de las tendencias de la tecnología y sus sistemas asociados. Como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, la participación e involucramiento de las instancias académicas y de investigación puede ser una vía por demás afortunada para hacerse del conocimiento en esa área específica, vital para el desarrollo de la regulación. Para ello, resulta básico el determinar los estudios, indagatorias e investigaciones de interés para la Comisión y proceder a su encargo en instituciones con capacidad de realización y de interlocución. De inicio, entre los temas que pueden considerarse aparecen dos de especial relevancia y significado: la regulación para redes de telecomunicaciones de siguiente generación, y la prospectiva tecnológica de la banda de frecuencias de 700 MHz y servicios posibles, debido al apagón de la televisión analógica y su tránsito al formato digital. La perspectiva de análisis de estos y otros muchos asuntos de interés puede enfocarse desde los tres niveles acostumbrados de análisis: el jurídico-político; el económico y el tecnológico-técnico.
Las tres líneas de desarrollo propuestas son apenas el inicio del involucramiento posible de la Cofetel en la promoción de las actividades de I D i en las TIC. A ellas podrán sumarse muchas más, que desde luego florezcan de la discusión y retroalimentación con y entre la comunidad relacionada y con la sociedad en general. La apuesta que puede formularse es para conjuntar todos aquellos elementos que permitan consolidar estas acciones y corregir sus desvíos o problemas más evidentes. Para ello debe trabajarse con seriedad y a profundidad, reconociendo las fortalezas y debilidades que se evidencian y que deben ser punto de partida para fincar la aspiración de mejorar y optimizar el desempeño de nuestras instituciones de I D i, de su personal distinguido y de todo el conjunto de actores que intervienen en las TIC. Casi la totalidad de analistas y expertos del cambio de paradigma socioeconómico dedican un papel relevante a las instituciones en ese proceso. Se requiere de que cada quien haga su parte, y amalgamar a los mejores elementos que tenemos puede ser la función estelar de Cofetel en esa tarea que, finalmente, nos involucra a todos
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