De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE)1, se estima que, durante el año pasado, del total de los delitos cometidos en México, solamente en el 12.8% de los casos, la víctima acudió ante un ministerio público a presentar la denuncia penal correspondiente. De este exiguo porcentaje, en el 65.5% de los casos, el agente ministerial inició una averiguación previa para su investigación. De cada 100 delitos que tuvieron lugar en nuestro país, solamente se investigaron ocho. El resultado de la encuesta es desolador: la llamada “cifra negra”, esto es, el índice de delitos no reportados o que no derivaron en una averiguación previa durante el 2011 fue del 91.6%. Pero eso no es todo, a este negro panorama del mínimo de casos en que las autoridades investigan el delito, habría que restar el porcentaje de indagatorias que se consignan ante un juez y, a su vez, el número de supuestos en los que el juez que conoce de la causa dicta una sentencia condenatoria. De manera que, al final del camino, la gran mayoría de los delitos que se cometen en México permanecen en el cajón de la impunidad, ese gran lastre que impide a la víctima el acceso efectivo a una justicia integral, ideal de todo Estado Democrático de Derecho.
Tómese como ejemplo la ausencia de resultados para esclarecer los hechos en los 131 casos de homicidios y desapariciones de periodistas, así como atentados contra medios de comunicación, documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un periodo que abarca más de 12 años (de enero del 2000 a la fecha). Solo en 24 casos las procuradurías, federal y estatales reportaron haber consignado las averiguaciones previas correspondientes; de ese total, en tan sólo 10, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria.
De acuerdo con la ONU2 la impunidad constituye una infracción del Estado en su deber de investigar y adoptar las medidas conducentes a que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas mediante las penas apropiadas; garantizar a las víctimas los recursos eficaces y la reparación deldaño sufrido, el derecho inalienable a conocer la verdad, así como adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición del delito.
La obligación del Estado mexicano de abatir la impunidad y la ausencia de resultados en materia de prevención del delito es clara y no deja de preocupar que ante este lamentable escenario que priva en nuestro país, la respuesta de las autoridades, de los tres ámbitos de gobierno, se ha reducido a la aplicación de medidas más bien paliativas, que resultan insuficientes para enfrentar esta grave enfermedad que nos aqueja. Se quiebra el tejido social y el Estado mexicano responde poniendo “parches”, sin atacar el fondo del problema.
De poco servirán las reformas constitucionales, la promulgación de leyes y el establecimiento de mecanismos y programas de protección a personas en especial situación de vulnerabilidad, si no se combate la enfermedad de raíz. Es tanto como acudir al médico con un padecimiento grave y recibir como prescripción la administración de aspirinas.
La mejor medida preventiva, aunque no la única, es -y será siempre- investigar el delito con eficiencia y a fondo, para sancionar a los responsables de su comisión, pues solo así se reducirán paulatinamente los alarmantes índices delictivos en el país y se revertirá la percepción que tienen, quienes actúan al margen de la ley, en el sentido de que delinquir constituye un negocio altamente redituable en México, derivado de la casi nula posibilidad de terminar en la cárcel, a la par que se generará esa tan anhelada confianza en las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia.
La receta es clara y no se equivoca nuestro ombudsman nacional cuando señala que abatir la impunidad, esta grave enfermedad que lacera a nuestra sociedad y corroe a las instituciones, será uno de los grandes retos del nuevo Gobierno.
Notas
1 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/especial.pdf
2 http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html
