Argentina conmemora los 40 años ininterrumpidos de democracia (liberal y representativa) en tiempos nebulosos. Después de unas elecciones nacionales primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que han intentado suturar la larga crisis de representación en que se encuentran los partidos políticos haciendo que los ciudadanos concurran a las urnas para elegir las fórmulas presidenciables, en agosto todo el escenario electoral nacional se ha corrido hacia la derecha. La mayor sorpresa la causó quien fue el candidato más votado individualmente, Javier Milei, un recién llegado a la política, un liberal libertario, conservador en lo social, quien ha llevado mucho más allá la idea de que el Estado y el gobierno producen interferencias sobre la vida individual. Su estilo personalista y su coalición política, La Libertad Avanza, consideran que la sociedad y sus interacciones deben producirse como un contrato entre privados. He aquí un gran problema.
Claro que las derechas avanzan, regional y globalmente, como opción de gobierno o como oposición radical, impugnando el orden democrático estable, encolumnadas tras la crítica de la “seguridad de la casta”, como en Argentina y en España, o presentándose en oposición al establishment, aunque pertenezcan a él, como ha sido el caso de Donald Trump en Estados Unidos. En América Latina la derecha, en sus distintas modulaciones (conservadora, liberal, ultraliberal o libertaria), ya no necesita de los militares y de los golpes de Estado para llegar al gobierno. Se ha constituido en una opción organizada políticamente dentro de regímenes formalmente democráticos, y dentro de ellos disputa elecciones y las gana, como ya ocurrió en Chile con Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), y en Brasil con Jair Bolsonaro (2019-2023). Esa situación se ha agudizado con posterioridad a la pandemia por Covid-19 como momento de exacerbación de las frustraciones por un encierro que privatizó las vidas y quebró el futuro como tiempo de proyectos. Aunque, si esa derecha tuviera que desafiar la democracia, lo haría, tal como lo demostró Bolivia en 2019.
Si examinamos el caso de Argentina, esta derecha surgida muy recientemente ha cuestionado consensos mínimos del orden democrático, plural y estable que cumple, inéditamente, 40 años ininterrumpidos. Milei y su candidata a vicepresidenta, una abogada negacionista del terrorismo de Estado (1976-1983), proponen revisar las políticas de reparación estatales a las víctimas trabajosamente conseguidas durante estos años —perseguidos, detenidos, torturados, desaparecidos, exiliados forzosos—, embisten sobre el número de desaparecidos y abogan por una “memoria completa” que integre a los militares que, según ellos entienden, han sido condenados injustamente en democracia. De esta manera vuelven a poner en el centro de las disputas políticas e ideológicas la relación entre democracia y derechos humanos que sentó el “Nunca Más”, que en Argentina han constituido a la democracia actual, así como el largo proceso de enjuiciamiento a las Fuerzas Armadas del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), militares que llaman “subversivos” a quienes son víctimas de la represión estatal y “guerra sucia” a lo que fue una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad. Examinado en comparación, algunos núcleos fundamentales de las llamadas “transiciones” también han sido cuestionados en países que las han realizado como procesos políticos. Es el caso de la España de Vox, entendida como una derecha posfranquista que embiste contra lo que llama el “consensualismo progre” construido con las transiciones. En Chile, que este año conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, las agudas controversias en torno a qué y a cómo conmemorar dejan presentado un problema que engloba a distintos países: el de organizaciones y actores de derecha —en sus diferentes modulaciones— que presentan públicamente discursos y comportamientos autoritarios y reactivos respecto a las políticas sustantivas y formales de la democracia. Además, vuelven a encontrar “marxismo cultural” y “rojos” en países en que las izquierdas y las formas de democracia emancipatorias ya fueron exterminadas represivamente por las dictaduras cívico-militares en el pasado reciente.
Elecciones: “contra la casta” y dentro de la casta
Las elecciones primarias generaron un escenario repartido en tres tercios. Desde posiciones de centro llega el candidato a presidente de Unidos por la Patria, Sergio Massa. El actual ministro de Economía fue en el pasado un joven que participó activamente en el partido de derecha Unión de Centro Democrático (Ucede), que fue absorbido por la modernización conservadora menemista en los años 90. La candidata a presidenta de la coalición Juntos por el Cambio, formada por el expresidente Mauricio Macri, es parte de los “halcones” de una derecha liberal conservadora de posiciones autoritarias, muy palpables en cuanto a seguridad pública se refiere, lo que en la Argentina actual lleva a la posibilidad de sacar a policías y a militares a la calle con el argumento de garantizar la seguridad ciudadana. Patricia Bullrich, después de su breve paso por la juventud peronista de los años 70, se embarcó en una trayectoria fiel en coaliciones contrarias al peronismo y claramente antikirchneristas. Ambos candidatos, Massa y Bullrich, distinguibles ideológicamente por el apego diferencial que el primero tiene hacia la democracia formal, a las funciones sociales del Estado y al peronismo, poseen trayectorias y carreras políticas construidas desde hace años en cargos ejecutivos o legislativos.
Por lo que fue asombrosa la elección de Milei, un economista de personalidad extravagante que pasea por los medios de comunicación y las redes sociales virtuales negando a sus padres, a quienes ha sustituido por sus perros —ha clonado a uno de ellos muerto—, peina su pelo como la melena de un león, ruge en público con fuerza y mezcla un vocabulario económico entendible con citas de economistas liberales, nombres con los cuales ha llamado a sus perros. A pesar de su prédica contra “la casta” tomada del vocabulario de Vox, y después de haber emprendido la “batalla cultural” contra los políticos y el “marxismo cultural”, creó una coalición para presentarse a elecciones. La Libertad Avanza fue fundada en la ciudad de Buenos Aires en 2021 al calor de las controversias generadas por el encierro en pandemia y los debates sobre las decisiones autoritativas del Estado en torno a la vacunación y las medidas sociosanitarias. Esto puede explicar, en parte, la efectividad que ha tenido su retórica libertaria en contra del Estado y contra los gobernantes que, para él, emiten decisiones que van en contra de la libertad de movimiento de los individuos. En las elecciones legislativas del año 2021, junto con su actual compañera de fórmula, Victoria Villarruel, accedieron a la Cámara de Diputados nacionales y lograron cinco representantes en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Suele faltar a las sesiones de diputados, repitiendo el comportamiento que critica.
Batalla contra el “marxismo cultural”
En el antifeminismo, a lo que llaman desde Europa hasta América “ideología de género”, parecieran converger las diferentes derechas, desde las que mantienen los argumentos en el ámbito interno de sus partidos —como la fuerza que hoy electoralmente encabeza Bullrich—, hasta las que han convertido su antiprogresismo en virtud política, a la manera de Milei.
Así, en cuanto a la recusación de los derechos adquiridos en las últimas décadas en Argentina ligados a la “igualdad de cualquiera con cualquiera” y a la soberanía corporal (leyes de identidad de género, de educación sexual integral en las escuelas primarias, de interrupción voluntaria del embarazado y de matrimonio igualitario), el político libertario es conservador. Plantea, asimismo, posturas reaccionarias destituyentes, como la de terminar con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lo mismo ha dicho sobre el de Educación, al que desea eliminar por considerarlo un promotor de adoctrinamiento; en el mismo sentido ha batallado contra el de Ciencia, Tecnología e Innovación. Promueve la privatización de la educación, en un país en que es pública desde la escuela preprimaria hasta la universidad. Emulando sistemas anquilosados, ha propuesto el sistema de vouchers con el argumento de que cada familia podrá salir al mercado a elegir la mejor escuela que eduque a sus hijos.
De esta manera, con argumentos más locales, Milei replica el antiigualitarismo que las derechas europeas colocan en el odio a la inmigración y al multiculturalismo, lo que aquí es reforzado con una serie de insultos que remiten al peronismo y a las clases populares: “populistas”, “chorros” (ladrones), “planeros” (por los planes sociales).
Plan motosierra contra el “colectivismo”
Tanta contundencia como lo anterior tiene su “Plan Motosierra”, a través del que presenta como injustas las pensiones y ayudas que el Estado provee a la población desfavorecida, sobre todo en un país que tiene un Estado fuerte que vive cíclicamente crisis económicas por el endeudamiento externo y la emisión de moneda que genera inflación —actualmente la interanual trepa el 110 por ciento. Por ello dos de sus ofensivas electorales actuales son achicar el Estado cerrando ministerios y dolarizar la economía —lo que rememora la modernización conservadora del presidente Carlos Menem (1989-1999). El Plan Motosierra, de achicamiento del Estado, es una demanda explícita de lo que él considera que es una desigualdad que crea el “colectivismo” contra quienes trabajan y pagan impuestos, por lo que su ofensiva contra el “keynesianismo” implica terminar también con los ministerios de Trabajo y Empleo y de Salud, así como la quema del Banco Central.
La centralidad que cobra en su propuesta el mercado y la vida social como contrato privado entre individuos le ha llevado a declarar, sin escrúpulos, que, si cada uno lo decidiera, podría vender sus órganos, comercializar con niños o contaminar el agua que no es de nadie. También niega la soberanía nacional y se ha manifestado en contra de la defensa de las islas del Atlántico sur en disputa con el Reino Unido, y del acuerdo regional Mercosur.
Por su radicalidad, que avanza pública y discursivamente sobre la incorrección política convirtiéndola en virtud, como ya lo ha hecho Donald Trump, suele pensárselo como un “loco suelto”. Pero ni él ni su candidata a vicepresidenta lo son. Milei y Villarruel han obtenido un tercio de los votos en las primarias, y es posible que lleguen, el 22 de octubre, al balotaje con alguna de las otras dos fórmulas electorales. No es lo mismo que ganen las elecciones o que las pierdan, pero aun si las perdieran, esta derecha libertaria ha sabido darle forma a un revanchismo que ha salido del espacio privado y se ha instalado públicamente. En un país en el que crece la desigualdad y, junto con ella, las opciones de derecha políticamente organizadas, es posible que hayan llegado para quedarse como partidos políticos, coaliciones o clima social. En un país, además, en el que la violencia ya no parece un exabrupto venido del pasado dictatorial sino la valoración positiva de las insatisfacciones desatendidas, estas personalidades calan hondo. Esto, lejos de ser una excepción local, lo torna similar a otras derechas radicales que pululan por el globo, y la conecta con las políticamente organizadas que Argentina ha tenido en todos estos años de democracia (liberal y representativa). Javier Milei no es un rayo. Ni el cielo está sereno.
