Al momento que aparezca la versión impresa de este número de etcétera, seguramente estaremos en medio de una discusión en torno a la iniciativa de reforma por la que se expide la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, propuesta por el Presidente de la República.
Es verdad que el Congreso de la Unión excedió el plazo de 180 días naturales que el poder reformador de la Constitución estableció para la expedición de esta legislación secundaria, pero también es verdad que dicho plazo fue establecido como producto de un consenso en ese momento demasiado optimista, que subestimó la complejidad de construir un nuevo andamiaje legal que cumpliera con los propósitos de la reforma constitucional al mismo tiempo que resultara eficaz.
Como lo pudieron constatar quienes trabajaron al interior del Ejecutivo Federal en la construcción de la propuesta de iniciativa, la tarea en realidad fue mucho más complicada que la muy optimista expectativa que permeaba en los momentos de la votación de la reforma constitucional. Ahora, resuelto el desafío de construir la propuesta, lo fundamental es lograr al interior del Congreso una discusión responsable e informada, sin dejar de tener presente lo verdaderamente importante: contribuir a mejorar el bienestar de los mexicanos en forma significativa.
¿Cómo se puede lograr mejorar el bienestar de los mexicanos en forma significativa? Pues logrando que mejoren los precios de los servicios de telecomunicaciones para que, por un lado, quienes hoy ya son usuarios puedan utilizar más éstos, ya sea porque puedan hacer más llamadas que antes, contratar paquetes de canales de televisión restringida más amplios, contratar paquetes de banda ancha de mayor velocidad o más capacidad, o simplemente que puedan seguir consumiendo lo mismo que antes, pero que les permita destinar parte de su ingreso disponible a otros fines. Por otro lado, que quienes hoy no pueden conectarse a un servicio de telecomunicaciones, lo puedan hacer, ya sea porque los precios disminuyeron o porque fue posible llevar infraestructura de telecomunicaciones a la zona en la que habitan, en la que antes no estaba disponible dicha infraestructura, además de que la población tenga acceso al beneficio de la pluralidad de medios que también se deriva de la propia reforma constitucional.
Para que eso suceda, resulta fundamental crear las condiciones para que el mercado en verdad funcione como si estuviera en competencia. Al estar presentes dichas condiciones, los flujos de inversión mejorarán, habrá más jugadores interesados en participar en el mercado, podrá expandirse la infraestructura y los usuarios o consumidores tendrán más posibilidades de elección. Todo lo anterior pareciera una verdad de Perogrullo, algo obvio, pero no, en muchas ocasiones y últimamente con renovado interés, algunos actores pretenden insistir que la solución esperada del mercado falló, que por lo tanto el Estado debe regresar por sus fueros al sector, por un lado, participando como un jugador más, invirtiendo en forma intensiva en infraestructura y, por otro, imponiendo condiciones más fuertes a todos los participantes para que inviertan donde hoy no se ha invertido, aunque ello pueda significar un desperdicio social de recursos públicos y privados.
Quienes siguen este último dictado lo hacen porque simple y sencillamente no han entendido cuál ha sido el problema de fondo que se ha vivido en México desde que se privatizó Telmex en 1990. Muchas otras naciones iniciaron rutas similares a las de México y hoy, lejos de lamentarse por el fracaso del modelo basado en la competencia, se encuentran satisfechos porque la infraestructura creció, entraron al mercado operadores que consolidaron su presencia y hoy compiten de tú a tú con el otrora todopoderoso operador propiedad del Estado, el valor del mercado aumentó de manera significativa, pero sobre todo porque hoy hay muchos más habitantes de esos países que sí lograron incorporarse al universo de usuarios de los servicios de telecomunicaciones y porque los precios o tarifas de los servicios han disminuido en forma sistemática.
Lo que en México no funcionó fueron varios factores, entre otros, el deficiente arreglo institucional; un muy ambiguo andamiaje legal para controlar el excesivo poder de mercado heredado al operador que antes fue propiedad del Estado; un muy deficiente andamiaje para castigar el comportamiento anticompetitivo de ese mismo operador y, por si a eso le faltara algún otro ingrediente explosivo, hay que adicionar la gestión complaciente de algunos funcionarios que en su momento tuvieron la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad.
Pues bien, todo eso buscó corregir la reforma constitucional y con la legislación secundaria buscaremos que las nuevas disposiciones constitucionales gocen de la eficacia que no tuvo la todavía vigente Ley Federal de Telecomunicaciones. Pero justamente por ello mencioné antes que quienes participemos en la discusión y votación de la legislación secundaria no debemos dejar de tener todo este contexto en mente, al mismo tiempo que estemos conscientes que las aspiraciones románticas con las que algunos sueñan de repente y que aunque de vez en cuando quedan plasmadas en el espíritu y letra de la legislación, generalmente no se traducen en mayor bienestar, y lejos de ayudar al buen funcionamiento de un sector, terminan por convertirse en obstáculo que, además de frenar el desarrollo de un país, termina por ser fuente de inspiración para el siguiente acalorado debate. Eso es lo que los mexicanos no se merecen.
Lo que los mexicanos sí se merecen es que el Poder Legislativo trabaje con responsabilidad e información verdadera, y que promueva verdaderas condiciones de competencia para los usuarios de hoy, para los que aún no pueden ser usuarios y, desde luego, para las audiencias de contenidos audiovisuales. No se vale condenar a los mexicanos al comportamiento maximizador de uno de los vendedores más grandes del mundo.
