La idea de transparencia en el gobierno cobró un nivel moral excesivamente alto en los últimos 10 años. Arropa los ideales positivos del bien obrar, un estándar de pureza y pulcritud administrativa de buen gobierno.
La transparencia como religión es la mejor retórica para un político: le da baños de pureza. Piénsese en el presidente Felipe Calderón, que por un lado afirma que la ciudadanía no merece “simulaciones o regateos”, y por otro pretende proponer reformas a la Ley Federal de Transparencia para restarle poder al IFAI.
La religión de la transparencia que el gobierno federal predica es muy parecida a otras religiones. Los feligreses -que en este caso son ciudadanos- deben confiar en las palabras de su párroco cuando dice que en su gobierno no hay simulaciones (o que los feligreses no las merecen), no cuestionar los dogmas democráticos que dicta su parecer, confiar a ciegas en que las instituciones para la transparencia son prioritarias, respetadas, obedecidas y fortalecidas por su gobierno.
La transparencia vista como religión abre un abismo insuperable entre los valores morales y la administración pública con instituciones físicas, servidores públicos reales y políticos de carne y hueso. ¿Qué falta para acercar el discurso moral con la realidad? ¿Cómo se desmitifica un mandato legal y se hace realidad? El primer paso para entender la transparencia es recordar que la primicia básica está en dar explicaciones.
Desde su religiosidad, los que predican la transparencia deben reconocer su errores, sus vicios. Así, basta con reconocer que la secrecía de los actos del gobierno, más allá de las convicciones, son un balance entre diferentes fuerzas del poder político. Es suficiente con aceptar que el pueblo no merece un soberano cargado de soberbia y antipatía. Que reservar información a propósito de conservar ese poder sobre otras fuerzas políticas o, incluso, sobre los ciudadanos es algo real.
Pero la transparencia no abandona a sus fieles. Aquel que reconoce sus faltas y las confiesa se salva más que aquel que las esconde. Visto así, ser transparente es obedecer al deber de rendir cuentas. Sin embargo, la acción de explicar es poco practicada por el gobierno federal en su cumplimiento con la Ley de Transparencia.
Cada año del sexenio corriente, en el gobierno federal han aumentado las respuestas a solicitudes de información denegadas por la leyenda “información inexistente”. Según una nota de El Universal publicada el 6 de enero de 2010, las entidades y organismos del gobierno pasaron de declarar inexistencias del 2.6% del total de solicitudes recibidas, a 6.2% en un periodo de seis años. Entre las más recientes, se declaró inexistente la información sobre las investigaciones y el paradero de los dos miembros del EPR detenidos y desaparecidos en mayo de 2007.
La información inexistente permite al gobierno no dar explicaciones por dos caminos: no crear archivos de información y, como consecuencia, evadir dar respuestas de negativa de información. La primera va contra el estándar regional de la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prevé que los Estados deben archivar los documentos de su gestión como una extensión de la protección al derecho de acceso a la información pública. Además, los Estados están obligados a producir información, en especial la relacionada con violaciones graves a derechos humanos.
Desde su religiosidad, los que predican la transparencia deben reconocer sus errores, sus vicios
