A pesar de las promesas en materia de publicidad oficial, el status quo prevalece a nivel nacional. No existen ni señales de cambios en las prácticas por parte de la nueva administración ni indicio de voluntad política en caminar hacia una regulación y control de la compra de espacios en los medios por parte de los gobiernos.
Promesas y obligaciones no cumplidas
La regulación del uso de la publicidad oficial es una promesa presidencial que no se ha cumplido. El 13 de julio del 2012, el presidente electo escribió en Reforma: “impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno”. De igual manera, el compromiso 95 del Pacto por México anuncia la creación de esta instancia; sin embargo, hasta la fecha no hay ningún avance en el tema.
Los legisladores también tienen su parte de responsabilidad en esta parálisis. En noviembre del 2007 se reformó el artículo 134 constitucional para prohibir el uso propagandístico de la publicidad gubernamental. Los legisladores tienen la obligación de reglamentar este cambio. Sin embargo, tras seis años, no lo han hecho a pesar de numerosas iniciativas entregadas en ambas Cámaras.
El gasto de la nueva administración: una incógnita
A menos de un año del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto sería precipitado pronunciarse sobre las tendencias del gasto en publicidad oficial. No se conocen aún con precisión los recursos gastados para publicidad oficial en 2013 y la información disponible es incompleta.
En julio, el Poder Ejecutivo compartió con el Senado un informe sobre el gasto en publicidad oficial para el periodo enero-junio de 2013; un gasto que alcanzaría un monto de 162 mil 78 millones de pesos. Sin embargo, estas cifras no integran los gastos de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría de Turismo, las cuales han erogado más en publicidad oficial históricamente. Por ejemplo, en 2012, más de la mitad del gasto en publicidad oficial se ejerció entre la Secretaría de Salud (42% del gasto ejercido total) y la Secretaría de Turismo (17%).
Además, las pocas cifras disponibles muestran que el presidente Peña Nieto presupuesta tanto como el expresidente Calderón en este rubro. En efecto, el monto asignado en esta materia para 2014 es similar a lo presupuestado en los últimos tres años y alcanza el monto de 2 mil 116.02 millones de pesos.
No se podrán construir las bases de una libertad de expresión genuina en el país sin solucionar el uso discriminatorio, opaco y desvirtuado de la publicidad oficial y el derroche de recursos públicos que se deriva de esto. Ésta debería tener un uso limitado y regulado. Por lo tanto, Fundar y Artículo 19 recomendamos transparentar, limitar y regularlo oficial con especial énfasis en los siguientes tres puntos:
Mejorar la transparencia de los gastos en publicidad oficial sigue siendo un asunto pendiente. Si bien la Dirección General de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación publica información en su página oficial, ésta no es suficiente. En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, esta dependencia se comprometió a transparentar de forma pormenorizada ese gasto y falló en su compromiso. Ahora, ya que México asume la Vicepresidencia de esta alianza, suponemos que dicho compromiso debería cumplirse efectivamente.
Los legisladores deben pedir más información al Ejecutivo para monitorear y limitar el gasto en publicidad oficial. Integrar en el Decreto de Presupuesto un tope de 0.03% del PEF para ese gasto sería un primer paso para frenar los dispendios además de verificar en los informes el uso que se da a los tiempos oficiales y solicitar un parte del presupuesto ejercido basado en resultados.
La regulación en la materia no puede retrasarse más.
