En una democracia con leyes antimonopolio precisas y reglas de competencia claras, el único requisito para ofrecer un producto o servicio por parte de los particulares es sujetarse a las exigencias que establece la ley.
Así, el servicio del triple play (telefonía, televisión e Internet) tendría que ser prestado por cualquier empresa que se sujeta a las leyes sobre la materia. Hoy eso está en cuestión, porque éstas no existían o nunca se hicieron valer.
La telefonía y la televisión han prestado su oferta en condiciones monopólicas y en ausencia de reglas claras de competencia. Los gobiernos en turno se han relacionado con esas empresas en la lógica de la casuística y no en el marco de la ley.
La disputa entre Televisa, Azteca, los cableros, las telefónicas y Telmex tiene su origen, eso es lo que siempre está detrás, en los miles de millones de dólares de ingresos que ofrecen las telecomunicaciones, y en particular, el triple play.
El negocio del futuro es ofrecer los tres servicios en paquete, y si una empresa sólo proporciona uno, por más grande que sea, al mediano y largo plazos queda en desventaja ante los que ofrecen todos. Es entendible que una compañía quiera ofrecer todos los servicios a sus clientes.
Los competidores, mientras se discute la aplicación de la ley, han dado pasos para fortalecer su posición. Televisa espera la autorización de la CFC para comprar 50% de las acciones de Iusacell y Telmex ha estado atrás de la expansión acelerada del sistema satelital de televisión Dish, propiedad del grupo MVS.
El gobierno tiene como responsabilidad asegurar la libre competencia y, por lo mismo, es garante de que no existan los monopolios. Eso no ha sido así. El gobierno ha permitido su existencia y él mismo presta servicios en condiciones monopólicas.
Las empresas en disputa hacen todo lo que pueden para obtener beneficios propios a costa de los otros y por momentos el gobierno parece estar al margen o francamente borrado.
Las televisoras no quieren que Telmex entre al mercado de la televisión y ésta hace todo lo que puede para dificultar la interconexión a los que quieren competir en el servicio de la telefonía.
Los privados, no el gobierno, marcan los términos de la confrontación. El perjudicado siempre es el ciudadano, el consumidor, que al no haber competencia se ve obligado a comprar servicios caros y deficientes.
La solución de fondo no es impedir que los diversos actores puedan ofrecer todos los servicios, eso traería beneficios a los consumidores, sino que existan reglas claras del juego y el gobierno las haga valer.
Las grandes empresas anteponen sus intereses particulares a la hora de que se promulgan leyes y reglamentos. Son conocidos, tienen nombre y apellido, los congresistas que representan
los intereses de las empresas hoy en disputa.
De los actores involucrados ninguno puede “tirar la primera piedra”. Todos han abusado de su condición monopólica o de “mercado dominante”. Ellos quisieran seguir en la vieja lógica y se niegan a asumir los nuevos tiempos. Le gustaría “arreglarse en lo oscurito” para imponer sus intereses.
La lógica propia del capitalismo es la concentración de los recursos y mercados en unos cuantos propietarios. La manera de neutralizar esa tendencia son las leyes antimonopolio y las reglas para organizar la competencia. Es una tarea a la que el gobierno no puede renunciar.
El enfrentamiento entre Telmex y las televisoras, también entre cableros y las telefónicas, ha traído consigo el que se fortalezcan los órganos reguladores y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establezca jurisprudencia sobre la materia.
En ese marco, la SCJN estableció que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es el órgano del Estado que debe fijar las tarifas de interconexión y los prestadores del servicio se deben sujetar a sus decisiones.
Es un avance no menor, pero todavía se está lejos de que el gobierno tome de una vez el “toro por los cuernos” y haga valer plenamente su autoridad. La Comisión Federal de Competencia
(CFC) ha impuesto a Telmex multas millonarias, históricas, por no cumplir con las reglas de interconexión.
Las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transportes se niegan a cambiar la concesión de Telmex, para que pueda prestar servicios de televisión mientras no cumpla con ciertas exigencias.
Y Telmex se rebela y otorga con muchas anomalías el servicio de interconexión a las empresas que ya pueden ofrecer el triple play.
El gobierno debe brindar a todos los interesados la posibilidad de ofertar el triple play. El principio debería ser a “todos, todo”, pero siempre en el cumplimiento de la ley. Es necesario también establecer pasos para garantizar el crecimiento de los actores menos desarrollados y así generar posibilidades de competencia. Al gobierno toca “emparejar el piso” para que todos compitan en las mismas condiciones.
La competencia debe estar garantizada y por lo mismo regulada. La solución no es que se margine a uno u otro de los prestadores del servicio sino que todos se sujeten, sin excepción alguna, al imperio de la ley. Ese es el reto del gobierno. Llegó la hora.
