Durante sus casi ocho meses de gestión, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha atendido cinco mil 402 casos relacionadas con gestión gubernamental. Sin embargo, la mayoría de estos pertenecen a burócratas de bajo nivel.
De acuerdo al reporte de La Jornada, el 95% de los casos atendidos por la SFP se derivan en dos delitos: negligencia administrativa e incumplimiento en la declaración de la situación patrimonial. Hasta el momento, ningún caso ha sido turnado a la Procuraduría General de la República (PGR).
La SFP fue reinstaurada en febrero de este año durante la polémica de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario “revivió” dicha dependencia para que determinara si había un conflicto de interés en el caso referido y que sirviera como órgano regulador en lo que se concreta el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Respecto a los casos atendidos por la Secretaría, la mayoría responde a una declaración patrimonial incompleta debido a que cada año algunos funcionarios no renuevan esta información por lo que se hacen acreedores a una amonestación administrativa.
Esta sanción puede ser desde una multa o hasta suspensión definitiva del puesto. No obstante, hasta el momento no se puede conocer qué tipo de sanción se les ha imputado a los servidores castigados.
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