Sin señalar textualmente su desacuerdo con la iniciativa del senador morenista, Ricardo Monreal, y que López Obrador ve con buenos ojos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que para temas de corrupción, ya existe una sala especializada, tal y como lo establece la Constitución.
Este día, al ser cuestionada en el Senado sobre la iniciativa del morenista de integrar nuevos cinco ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para crear una Tercera Sala que analice temas de corrupción, la ex ministra aclaró que para ello ya existe una sección en materia, en el Tribunal de Justicia Administrativa.
“En mi opinión, creo que ya la Constitución tiene una Tercera Sección en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece, precisamente, la integración de tres Magistrados para ver el tema anticorrupción“, indicó, según cita Reforma.
Comentó, además, que la Constitución es clara “en el sentido de establecer la Tercera Sección”.
“Mi opinión es que ya hay una reforma constitucional en el pasado cuando se estableció una Tercera Sección dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ahí está establecida (que hay) tres magistrados para atender el asunto anticorrupción (sin que) hasta la fecha tengamos los nombramientos”, agregó la ministra en retiro.
La semana pasado, luego de desayunar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de la bancada de Morena en el Senado informó de la presentación de una iniciativa para incluir cinco ministros más en la Corte. Propuesta, que a los ojos de la oposición, no es otra cosa más que la intención de la llamada Cuarta Transformación de socavar la autonomía de los Poderes de la Unión, como lo es el Judicial.
Precisamente, en un desplegado firmado por diversas organizaciones civiles como Fundar, Causa en Común, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, Observatorio Designaciones Públicas y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entre otras, consideran que el planteamiento es una estrategia del partido en el poder para colocar perfiles afines en el máximo tribunal del país y así hacerse del control de este órgano.
