La sociedad se ha transformado. A la par de los retos de siempre, se van sumando los de nuevo origen. El imperio de la ley es un desafío mayor. La norma también, y su aplicación se ha transformado en la medida en que los estados nacionales se ven obligados a asumir un código de legalidad global que a todos aplica y somete. Los mismos gobiernos deben cumplir con normas que no se derivan del quehacer de los órganos legislativos propios. Por cierto, el país con más resistencia a asumir estos nuevos términos de la legalidad es Estados Unidos, y lo hace por razones que tienen que ver con una vieja tradición que ve con reserva al exterior. El mundo global se impone, pero los jugadores asumen actitudes diferenciadas.
El periódico The Guardian informó hace unos días que China y Rusia pudieron interferir en el voto del brexit mediante un ataque cibernético al sitio de registro de votantes, lo que pudo afectar que miles de electores no estuvieran habilitados para ejercer su voto. También se ha investigado el alegato sobre una eventual intervención de Rusia en las elecciones en Francia e incluso en las presidenciales recientes de Estados Unidos. Las acusaciones son serias y las investigaciones están en curso.
Los hechos son suficientes para entender los nuevos términos de la legalidad y de las acciones preventivas y de sanción que deben preverse. En la política, el escándalo es evidente por sus implicaciones e impacto noticioso. La nueva tecnología entraña un nuevo universo de responsabilidades y derechos de los que apenas estamos entendiendo y definiendo, como es el respeto a la privacidad, los delitos cibernéticos y los esquemas de seguridad e información comercial basados en lo que se llama big data, que es una forma de proveer y obtener información, casi siempre involuntaria por quienes interactuamos en el mundo digital.
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