Hay una mezcla de soberbia e imprudencia en la disposición del presidente López Obrador para hablar de todo, todos los días, en Palacio Nacional. Es imposible que tenga todas las respuestas y, como todos los personajes públicos, mientras más se exhibe más oportunidades tiene de tropezar. Las preguntas del periodista Jorge Ramos evidenciaron la incapacidad del presidente para admitir puntos de vista distintos a los suyos. Pero además, a partir de ese episodio las autoridades de Seguridad Pública modificaron las cifras de delitos cometidos recientemente para ajustarlas a las apreciaciones del presidente López Obrador.
El conductor de Univisión no hizo mas que llevar a la conferencia matutina los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los homicidios dolosos que se cometen cada mes en nuestro país. De acuerdo con esa información fueron alrededor de 3 mil cada mes entre mayo y septiembre de 2018, disminuyeron a 2 mil 812 en octubre y 2 mil 687 en noviembre. Ya durante la gestión del gobierno actual, los homicidios dolosos registrados como tales ascendieron a 2 mil 875 en diciembre del año pasado, 2 mil 853 en enero de este año y 2 mil 796 en febrero. En promedio, se trata de 93 homicidios dolosos cada día de diciembre, 92 en enero y 100 en febrero. Los datos de marzo se publicarán esta semana.
Ésos son los datos que publicó el SNSP y que Ramos le mostró al presidente para sostener que tenemos más crímenes que antes. López Obrador le replicó que los homicidios dolosos fueron 79.7 por día en diciembre, 75 en enero, 83.1 en febrero y 77 en marzo.
Ramos le dijo, con toda razón, que no eran ésas las cifras mostradas por el organismo del Estado mexicano que registra los delitos ocurridos en todo el país.
Cuando el presidente se retiró, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se refirió allí mismo, en Palacio Nacional, a las cifras de criminalidad. Uno por uno, confirmó los datos que había mencionado el periodista Ramos y que no eran sino los que indicaban los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En total, ratificó Durazo, en los tres primeros meses del gobierno se cometieron 8 mil 524 homicidios dolosos. Ésa es la cifra que mencionó Ramos. Eso ocurrió alrededor de las nueve de la mañana.
Durante varias horas, la mañana del viernes 12 de abril, los interesados en verificar esa información pudieron consultar los informes en línea del SNSP. Allí estaba cada una de las cifras que ofrecieron primero el periodista Ramos y luego el secretario Durazo. Cerca del mediodía esas tablas desaparecieron. Doña Isabel Miranda de Wallace, y luego varios periodistas, alertaron sobre esa irregularidad. Las estadísticas volvieron a estar en línea como a las dos de la tarde y allí siguieron el resto del día. Este columnista descargó las tablas con esa información a las 21 horas del viernes.
La mañana del sábado los informes de incidencia delictiva del SNSP fueron remplazados con otros que se acercan a las cifras que dio el presidente López Obrador.
De acuerdo con la nueva información, en diciembre pasado los homicidios dolosos fueron 2 mil 473; en enero, 2 mil 452 y en febrero, 2 mil 374. Con los nuevos datos, en vez de 8 mil 524, los homicidios dolosos han sido 7 mil 299. La diferencia, de mil 225 casos, es del 14.4%. También disminuyeron las cifras de delitos cometidos en los últimos meses del gobierno anterior.
Con los nuevos datos los homicidios diarios en lo que va de la administración actual habrían sido 80, 79 y 85 cada mes, que son promedios parecidos a los que reivindicó el presidente.
Las diferencias entre los datos publicados hasta el viernes y los que fueron colocados en línea el sábado sólo podrían deberse a que las entidades federativas modificaron la información que envían al SNSP. En los registros de diciembre pasado, así como de enero y febrero de este año, cambió la información de todas las entidades excepto Campeche, Durango, Nuevo León y Yucatán. Con la nueva información, resulta que en diciembre hubo 402 homicidios dolosos menos, en enero 401 y en febrero 422.
Hay cambios, sobre los tres meses recientes, en la información de 28 entidades. Todas y cada una de esas enmiendas fueron para reportar menos homicidios dolosos. Es decir, las fiscalías y procuradurías estatales que remiten sus datos al SNSP se habrían equivocado, en todos los casos, a la alta. En ningún caso las modificaciones indican que, a diferencia de la información anterior, hubo más delitos de esa índole. Se trata de una coincidencia notable. Gracias a ella, las cifras totales de homicidios dolosos son, hoy, menores que hace unas cuantas horas.
En algunos casos las diferencias entre un reporte y otro son inquietantes. El 36% de las enmiendas en la información sobre homicidios se debe a cambios en los datos de tres estados. Entre diciembre y febrero, Guanajuato habría reportado 214 homicidios dolosos más de los que, según el nuevo informe, realmente ocurrieron. El informe inicial sobre Jalisco daba cuenta de 142 homicidios más y en los datos de Chihuahua había 91 más. El año pasado el Secretariado Ejecutivo del SNSP estableció una nueva metodología para ampliar la clasificación de delitos que reporta. Los nuevos indicadores no modifican las cifras agregadas.
Por otra parte el rubro “homicidios dolosos” no se modificó en esa metodología. No habría motivo para suponer que las nuevas cifras fueron alteradas debido a esa clasificación.
Como quiera que sea, hasta el viernes 12 de abril los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública eran los que numerosos analistas y periodistas, entre ellos Jorge Ramos, comentaron durante varios meses. Después del áspero diálogo entre ese informador y el presidente por las diferencias acerca de esos datos, la información oficial sobre delitos cometidos fue modificada.
La suma agregada de homicidios no es el único y quizá no es el mejor indicador para aquilatar la eficacia de un gobierno en el combate a la delincuencia.
Siempre fue un exceso que a las más de 120 mil víctimas de la violencia en México entre 2006 y 2012 se les calificara como “los muertos de Calderón”. Lo ha sido, igualmente, que a los más de 128 mil asesinados en el sexenio reciente se les califique como “los muertos de Peña Nieto”. Con tales denominaciones se enmascara la culpabilidad de la delincuencia organizada. El Estado tiene la obligación de dar seguridad a todas las personas pero los culpables de los crímenes, en una enorme mayoría de casos, son delincuentes y no servidores públicos y mucho menos el titular del Ejecutivo Federal.
Así también es equivocado, e injusto, considerar que las víctimas de la delincuencia en lo que va del actual gobierno son “los muertos de López Obrador”. El éxito de las políticas de seguridad pública depende de muchas circunstancias y no sólo de la voluntad o la capacidad del gobierno.
Para evaluar esas políticas hacen falta datos constantes, completos y confiables. La información del Secretariado Ejecutivo del SNSP ha tenido amplia respetabilidad. Es muy preocupante que sea modificada de repente, más aún si esos cambios ocurren después de que el presidente fue confrontado con las cifras hoy desaparecidas.
Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 15 de abril de 2019, agradecemos a Raúl Trejo Delarbre su autorización para publicarlo en nuestra página.
