Los habitantes de la capital y otras ciudades del país hemos vivido días de mala calidad del aire, lo cual puede tener efectos muy negativos sobre la salud de la población.
Las propias autoridades federales han informado que la presencia en el aire de partículas suspendidas menores a 2.5 micras –compuestas de cadmio, azufre y otros elementos, y que pueden alojarse en los alveolos pulmonares e incluso llegar hasta el torrente sanguíneo– se debe, principalmente, a los incendios forestales típicos de la temporada.
También han dicho que 98% de las más de 4 mil conflagraciones de ese tipo que se han dado en lo que va de 2019 se deben a acciones humanas y el resto a fenómenos naturales como rayos.
En la presentación de la norma 015 de la Semarnat y la Sagarpa –que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario– se atribuye a las quemas en terrenos de cultivo la mayoría de los incendios forestales.
Es decir, la contaminación que padecemos se deriva, en buena medida, de incendios provocados por un uso irresponsable del fuego en las labores agrícolas, algo que la norma 015 pretende impedir.
Se trata, pues, de un problema causado por la falta de respeto a las leyes por parte de los gobernados y la desidia o connivencia de gobernantes que no las aplican.
Por alguna razón, la discusión pública en este caso se ha desviado hacia recriminar a las autoridades capitalinas por no haber declarado antes la contingencia ambiental. Sin que eso deje de ser cierto, el dilema es mayor: el de un país que no quiere vivir bajo el imperio de la ley y que renuncia al progreso científico en aras de respetar técnicas tradicionales que no producen mayor beneficio a quien las emplea.
Como le decía yo ayer, hay países, como España, que han prohibido las quemas agrícolas e imponen fuertes multas a quienes incurren en dicha práctica de limpieza y preparación de terrenos de cultivo, incluso cuando no se provocan incendios forestales. Nos evitaríamos grandes costos y efectos nocivos sobre la salud, así como largas y estériles discusiones públicas si los gobernados acataran el marco legal y los gobernantes lo aplicaran.
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