Tras realizar una visita al penal del Altiplano y recorrer la casa donde desemboca el túnel por el que se fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán, la procuradora General de la República, Arely Gómez, precisó que son 31 trabajadores del penal de máxima seguridad, incluyendo el director del penal, quien por razones de seguridad se mantiene en el anonimato, fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir su declaración respecto a la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.
En un breve mensaje a los medios, la Procuradora de la República dijo que por la noche ofrecerán una conferencia de prensa donde darán más detalles, no obstante, adelantó que son 30 y no 18, como en un inicio se había informado, los miembros del personal del Altiplano los que son interrogados en la SEIDO por la fuga del capo.
Acompañada por Monte Alejando Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Arely Gómez también indicó que desde las 23:00 horas del sábado iniciaron la averiguación previa, luego de que tuvieron conocimiento sobre los hechos.
“Nosotros tenemos en la Procuraduría, ante la SEIDO, a 30 personas que trabajaban en el penal, que están rindiendo su declaración para poder ver cuál va a ser su situación jurídica.
“Desde media noche se desplegaron los peritos para ver toda la integración de huellas y todo lo que se pudiera encontrar y los peritos estarán haciendo la relación y así mismo desplegamos en el penal a la policía ministerial para que también estén tomando declaraciones a otras personas”, dijo la Procuradora sin precisar si el director del penal está entre los detenidos.
Minutos después, fuentes de la procuraduría declararon para La Jornada que el director del Cefereso del Altiplano, en el Estado de México, también había sido detendio y trasladado a la SEIDO. Por razones de seguridad, sostuvieron, no se puede dar a conocer el nombre del director de dicho penal.
La PGR tiene 48 horas para tomar la declaración de los detenidos, puede extender hasta 72 este plazo. Posteriormente, un juez debe dictar su situación jurídica, no obstante la dependencia puede solicitar que se les arraiguen para que puedan ampliar sus indagaciones.
ahea
