Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), determinara el pasado 9 de julio que no encontró elementos de prueba para fincar responsabilidades al expresidente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por trata de personas ni ninguna otra conducta delictiva equiparable, en el portal de Aristegui Noticias, se estructuró casi de inmediato un copioso expediente con un compendio de la cobertura que Carmen Aristegui hizo del caso a partir del 2 de abril del año pasado y se insiste en conceder a sus partes informativos un valor jurídico y ministerial: “Un cúmulo de investigaciones periodísticas delatan al ex líder del PRI en el DF”, sentencia.
En el cuerpo de la nota principal de este recuento, se establece que la prueba más “contundente” de la conducta de Gutiérrez son los audios que se presentaron en el reportaje del 2 de abril, donde por medio de la técnica de la “reportera infiltrada” se obtuvieron grabaciones donde se describen las actividades que, presuntamente, se les exigían a las aspirantes a edecanes para ser contratadas y que incluían tener sexo con el líder priista.
Sin embargo, desde julio de 2014 y posteriormente en octubre del mismo año, etcétera advirtió que la mala calidad de los audios en cuestión no permitía escuchar los nombres de los involucrados en la presunta red de prostitución que operaba en el PRI del Distrito Federal y que, al menos en el reportaje presentado el 2 de abril, en ninguno de los fragmentos de las grabaciones se menciona el nombre de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ni un señalamiento directo a su persona por las conductas que se le imputaron desde ese día. Así mismo, se hicieron notar las grandes similitudes entre estos testimonios y los difundidos en 2003 por el periódico Reforma.
De igual manera, en ambos análisis del trabajo periodístico, se destacó que desde la presentación del primer reportaje y en la cobertura general del caso, se emplearon indistintamente los términos “prostitución” y “trata de personas”, cuando se trata de dos figuras jurídicamente distintas. Se dejó en claro que para poder configurar el delito de trata de personas, debería haber una denuncia de la parte afectada o en su defecto, de testigos presenciales de los hechos, sin embargo, hasta octubre de 2014, las únicas denuncias presentadas ante la PGJDF e incluso en la PGR, no eran de las presuntas víctimas, sino de actores políticos: del PRD y del PAN. Por tal motivo, la PGR no encontró elementos para configurar el delito de trata de personas y por lo tanto ejercer su facultad de atracción, según lo informó en un oficio girado a la dirigencia nacional del PAN el 10 de julio de 2014.
Tanto el PRD como el PAN también presentaron un recurso legal ante el IEDF en contra del PRI y Gutiérrez de la Torre, por el presunto desvío de recursos públicos, procedentes de las prerrogativas partidistas, para financiar la presunta red de prostitución. La prueba ofrecida para su alegato fue el reportaje de Aristegui; no hubo documentos contables, reportes de auditorías ni otros similares. El 25 de agosto, el IEDF determinó que no había elementos para fincar responsabilidades, dentro del ámbito electoral, en contra de los señalados.
Desde el portal de Aristegui también se argumenta que otra prueba en contra de Gutiérrez, son las demandas laborales que dos de sus presuntas víctimas interpusieron en 2003 ante tribunales laborales, por despido injustificado al rechazar el presumible acoso sexual del exdirigente priista. Sin embargo, se omite informar que este asunto se dio por concluido ante estas instancias legales el 8 de agosto de 2011, con el pago de una indemnización de 350 mil pesos a cada una de las afectadas.
Por último, en el compendio presentado por Aristegui Noticias, se presenta un fragmento de la entrevista que la periodista sostuvo con la presidenta de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa, a quien a entrevistó en siete ocasiones en MVS durante la cobertura del caso. Al igual que en las charlas anteriores, la activista manifestó su respaldo a las presuntas víctimas e señalamientos de supuesto encubrimiento de autoridades capitalinas hacia Gutiérrez, sin embargo, en ninguna de sus conversaciones con Aristegui explicó el estado legal de las denuncias que sus representadas interpusieron, tanto en la PGJDF como en la PGR.
Después de esta sucinta revisión de la ruta legal que siguió el caso Gutiérrez de la Torre, se puede concluir que además de sus deficiencias de construcción periodística, los reportajes presentados por Aristegui no constituyeron en modo alguno una prueba concluyente en contra del exdirigente priista y que fue precisamente por ese cúmulo de inconsistencias, que el caso se derrumbó ante las instancias legales. Lo que se evidenció el fracaso del periodismo litigante.
