El Cefereso 1, en el Altiplano, Estado de México, debía ser atendido con rapidez considerando las deficiencias registradas en el Diagnóstico del Sistema Penitenciario Federal, realizado en abril de 2013. En una valoración donde 100% equivale a “atención urgente” y cero a “operación normal” el penal referido tiene una calificación del 71%, pese a que es una cárcel de máxima seguridad con certificación internacional.
De esta prisión escapó este sábado en la noche el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a través de un túnel que conectaba el baño de la celda donde estaba recluido a una casa ubicada a 1.5 kilómetros de distancia del penal. Esto lo realizó a pesar de los altos estándares de seguridad con los que cuenta el Cefereso, mismos que las autoridades han defendido durante toda la investigación.
De acuerdo al diagnóstico, difundido este viernes por El Universal, el penal del Altiplano tenía una evaluación del 50% en el rubro de seguridad pues su funcionamiento era “deficiente”, situación que se repite en todas las categorías del examen, en las que en ninguna alcanzó la calificación “situación controlable” o “normal”.
En el documento realizado por la subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal se explica que son diferentes aspectos dentro del Cefereso que impiden que éste obtenga una mejor calificación. Entre ellos: “la corrupción, el quebrantamiento de la norma (Manual de seguridad), la distribución ineficiente de recursos humanos, y, en resumen, un sistema penitenciario federal devastado, que podría tardar años en recuperarse.
“Existen carencias de equipo tecnológico de apoyo para las labores de seguridad en el Centro número 1 (El Altiplano). Se encontraron equipos de seguridad que no operan adecuadamente, como puertas eléctricas y equipos de videovigilancia insuficientes. En el centro número 1 únicamente operan 687 de las mil 280 cámaras instaladas (es decir, 53%) y fallan los equipos para la revisión de visitas (…) Se realizan distintas obras civiles donde se encuentran materiales, herramientas de construcción y maquinaria al alcance de los internos, mismos que pueden ser utilizados por éstos en perjuicio del personal o de las instalaciones”, agrega la subsecretaría.
El reporte menciona que a pesar de contar con la aprobación de la Asociación de Correccionales de América (ACA), la cual fue referido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ésta solo certifica “los procesos, más no la operación; es decir, que todo esté bien en el papel, pero no en la praxis”.
Respecto al personal, las autoridades identificaron serias violaciones a los derechos de los presos pues “se encontraron internos desnudos con esposas metálicas en muñecas y tobillos, provocando posiciones forzadas, durmiendo y comiendo en el piso, orinando y defecando en envases, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos”.
Además los custodios no alcanzan a cubrir a todos los prisioneros debido a la sobrepoblación que en aquel entonces se estimaba en un 45% (contaba con mil 211 reos cuando la capacidad es de 836), situación que persiste, de acuerdo a la información del comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
El grupo multidisciplinario de la subsecretaría estaba integrado por 18 servidores públicos y encabezado por Sara Elena Izazola Licea, quien era directora general de Política y Desarrollo Penitenciario.
Los resultados del estudio se presentaron en abril de 2013 al entonces comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, tras hacer varios recorridos en el penal y realizar dos mil 337 cuestionarios, entre trabajadores e internos.
mahy
