Tras la reestructuración del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEEPO), los diferentes organismos que fueron creados con base en acuerdos entre las autoridades estatales y los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desaparecieron.
Entre las dependencias dirigidas por y para los docentes, se encontraba la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales (FEPAM) la cual se encargaba de realizar las investigaciones correspondientes a delitos cometidos por el magisterio.
Una semana después de la renovación del IEEPO, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca realiza una investigación sobre 192 averiguaciones previas que la FEPAM hizo durante su gestión, las cuales están relacionadas con delitos como la venta de plazas, pederastia, acoso u hostigamiento sexual y homicidio, y que presuntamente pudieron haber cometido integrantes de la Coordinadora.
En entrevista para El Universal, el procurador Héctor Joaquín Carrillo Ruíz explicó que la indagación que realiza la dependencia a su cargo es para reabrir expedientes de la Fiscalía que fueron guardados u omitidos por tratarse de los profesores.
Esta práctica, común según relata Carrillo Ruíz, se realizó durante los 25 años que la FEPAM se encargó de coordinarr las averiguaciones relacionadas con maestros. El funcionario explicó que al fundarse dicho órgano a principio de los 90, los fiscales incluso investigaron casos de finales de los 70.
El procurador señaló que la Fiscalía logró obtener la facultad de atraer cada uno de los casos relacionados con maestros, por lo que podía elegir cuáles sí notificar a la PGJE y cuáles no. Por ello, hasta el momento la FEPAM solo ha dictaminado dos casos de homicidio, uno de finales de los70 y otro a finales de los 80.
Aunado a ello, la CNTE logró abrir canales de comunicación en la Procuraduría con lo que pudieron enterarse de las denuncias que hacían en contra de sus integrantes por abuso o acoso sexual, y con ello preparar una respuesta en la Fiscalía.
Carrillo Ruíz indicó que la investigación se centrará en saber “en cuántos casos sí hubo consignaciones, si hay casos, cuántos de ellos son irregulares, se escondieron, se retardaron, o guardaron, cuál es la situación jurídica de cada uno de ellos”.
Aseguró que de hallar culpables, y mientras las denuncias no prescriban, se fincarán responsabilidades a los inculpados.
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