De acuerdo con lo notificado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), América Móvil tiene un plazo de 65 días hábiles (con derecho a prórroga de 30 días hábiles) para presentar el plan de "separación funcional" de Telmex y así cumplir con las nuevas medidas asimétricas impuestas por su condición de agente preponderante en telecomunicaciones. Una vez entregado el proyecto, el órgano regulador cuenta con otros 30 días para revisarlo y, en su caso, aprobarlo.
No obstante, de acuerdo con analistas entrevistados por El Financiero, América Móvil podría pedir un plazo de un año para aplicar su plan, por lo que es muy posible que la orden del regulador se materialice entre uno y tres años.
“Si recibe modificaciones se puede pensar en un periodo mucho más largo, pero la expectativa es que no sea un proceso muy extenso, porque no hablamos de una desinversión ni de una venta de activos, que sería más larga”, dijo Alik García, analista de Intercam.
La división consiste en que Telmex cree dos empresas, una que administre su infraestructura y otra que preste los servicios de telefonía e Internet.
“La separación funcional significa que el agente económico preponderante tendrá que conformar una nueva empresa dentro del mismo grupo. Esto es muy importante aclararlo, no se trata de vender activos a alguien distinto”, explicó al rotativo María Elena Estavillo, comisionada del Instituto.
A su vez, la decisión implica que la empresa deberá cumplir con los principios de equivalencia de insumos esenciales y replicabilidad técnica y económica, así como aplicar los mismos términos a los servicios mayoristas que presta a Operadores Móviles Virtuales (OMV).
No obstante, el conglomerado de Carlos Slim dice que la resolución del IFT no está basada en una evaluación integral en términos de competencia.
“Las modificaciones y adiciones a las medidas notificadas son violatorias de los títulos de concesión y confirman la falta de certeza jurídica y predictibilidad regulatoria en el sector. La resolución notificada se encuentra siendo analizada en sus posibles efectos y sus subsidiarias y será impugnada conforme a las leyes aplicables”, afirmó en un comunicado.
cdr