El pasado jueves, sólo un día después del Día Internacional de la Mujer, el pleno de la Cámara de Diputados suspendió una sesión ordinaria cuando se buscaba debatir una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que pretende obligar a estados y municipios a repartir la píldora de emergencia o del día después a mujeres violadas, así como brindar atención médica.
Tras suprimir la discusión, las legisladoras de PRI, PVEM, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano “tomaron” por unos minutos la tribuna del recinto con el fin de retomar ese primer tema que figuraba en el orden del día, y que por presiones del PAN se ignoró, de acuerdo con un reporte de La Jornada.
Media hora después, se acordó que el tema, junto con el de una reforma a la misma ley, con la cual se busca la igualdad salarial entre hombres y mujeres, se abordará en la sesión del próximo martes.
“Actualmente una niña o mujer adulta que haya sido violada, si llegan a alguno de los servicios de salud de cualquier estado o municipio no son atendidas conforme al protocolo. Cualquier autoridad de salud debe darles una pastilla anticonceptiva de emergencia y antirretrovirales, así como presentar la denuncia respectiva y, en caso de que la víctima resulte embarazada, darles acceso a la interrupción legal del embarazo”, dijo en entrevista para La Jornada la priista Laura Plascencia Pacheco, autora de la iniciativa.
Por otra parte, ayer, el pleno del Senado aprobó por unanimidad cambios a cinco leyes para tipificar como delito y sancionar penalmente la violencia política en razón de género, y proteger y promover los derechos electorales de las mujeres, informó el citado diario.
Ese dictamen insta al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, partidos y agrupaciones políticas a definir mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito. Asimismo, prohíben que en la propaganda política o electoral que realicen partidos, coaliciones y candidatos se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.
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