En una sesión extraordinaria, convocada casi en secreto, con fuertes dispositivos de seguridad y en una sede alterna, 16 diputados del Congreso de Baja California, de un total de 26, validaron anoche la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local que amplió de 2 a 5 años la próxima gubernatura del morenista Jaime Bonilla, en una acción en la que los diputados locales rechazaron e ignoraron el “exhorto” que la semana pasada les hizo el Congreso de la Unión para que retiraran su reforma, a fin de evitar un enfrentamiento entre la Federación y el Estado.
“Rechazamos la injerencia de la Comisión Permanente (del Congreso federal) en asuntos que únicamente competen a la soberanía de los bajacalifornianos”, dijeron los diputados locales.
En la misma línea de defender la ampliación de mandato como un tema “de autonomía y soberanía del estado de Baja California”, que ha esgrimido el gobernador electo, quien incluso ha exigido “que lo entiendan en el centro, que aquí manda el Congreso del estado”, los 16 diputados que hicieron mayoría, incluidos seis panistas que ayer renunciaron públicamente a Acción Nacional, además de legisladores de Morena, PRI y PT, se encerraron en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, habilitado como sede alterna del Congreso local, ante las protestas ciudadanas que les impidieron sesionar en su sede de Mexicali, en una sesión a puerta cerrada en la que incluso, con seguridad y escoltas de la alcaldesa panista Mirna Rincón, se impidió el paso no sólo a los ciudadanos inconformes, sino también evitaron la entrada a la prensa.
Y mientras el estado se divide entre los que apoyan la ampliación de mandato, promovida incluso en campañas publicitarias pagadas por el beneficiario de esta reforma, el gobernador electo Jaime Bonilla, y los grupos políticos y empresariales que ya promueven las primeras controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazan lo que califican como “una vergüenza y un acto de descarada ambición de poder” por parte del próximo gobernante de Morena, la mayoría del Congreso local sigue alineada con el discurso bonillista y no sólo valida la reforma, sino que rechaza lo que el propio presidente López Obrador ha calificado como un acto “vergonzoso” y desafía los llamados de todos los partidos, incluido Morena, hechos desde el Congreso federal:
“Se exhorta a la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión, que en el caso de cualquier inconformidad de esta soberanía y sus determinaciones, se inicie el trámite por las vías y mediante los procedimientos contenidos en nuestra Carta Magna, esto es, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, dice el dictamen aprobado ayer por los diputados locales y leído por el priista Alejandro Arregui, en el que se defiende el decreto 112 aprobado por 21 legisladores de todos los partidos como un acto “de soberanía” del Congreso local y se califica de “vicio constitucional” la petición que hicieron los diputados federales para derogar esa reforma.
Después de ver cómo tanto el gobernador electo de Morena, como la mayoría de diputados del Congreso local decidieron llevar este conflicto con la Federación al terreno de un asunto de “soberanía y autonomía del estado”, está claro que el tema tendrá que resolverse en la Corte donde, la lógica dice que el decreto 112 que amplió el mandato de una gubernatura después de las votaciones estatales será rechazada, por los precedentes que los mismos ministros han aprobado en esa materia.
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