México empezó a pagar ayer una deuda que tenía con la democracia continental, al encabezar un llamado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para que libere a los presos de conciencia y establezca un calendario electoral.
El llamado de México fue tomado por la OEA y respaldado por otros 13 países, con una declaración “urgente” para que, además, el régimen de Maduro reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según manda la Constitución aún vigente.
Hilando la finura, el oficio y la secrecía que caracterizaron a la escuela de la diplomacia mexicana en tiempos en que ayudó a pacificar Centroamérica y a resolver la crisis de los balseros cubanos en el estrecho de la Florida, México trabajó con los países de la región para alcanzar una posición común en este tema.
Con José Antonio Meade en la cancillería, México había sido un ponderado propulsor del diálogo entre Maduro y sus opositores, como la mejor vía para encontrar una solución pacífica e institucional, una fórmula que encontró el éxito cuando Maduro aceptó la victoria de la oposición en el Congreso.
Sin embargo, el autoritarismo de Maduro cruzó un coto inviolable para la democracia, reeditando los juicios de Moscú de 1938, encarcelando a decenas de personas por pensar diferente sin orden de arresto y encerrándolas sin esperanza de libertad en celdas de dos por dos metros.
Por ejemplo, en un juicio a puertas cerradas, el político opositor Leopoldo López fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel por dar discursos y publicar tuits contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien le concedió únicamente tres horas para defenderse.
Llegó el tiempo de acciones diplomáticas más duras, como la de México, liderando un movimiento diplomático continental, al cual sólo faltan cuatro votos para que la OEA pueda someter un texto a votación y Venezuela cumpla o se declare proscrita en el concierto democrático regional.
México, sin vulnerar la soberanía venezolana (y en la idea de que recuperemos el liderazgo diplomático regional), está obligado a ayudar a evitar el derrumbe de la democracia en un país que en los hechos vive en dictadura, porque el gobierno desconoce a la oposición.
Por más que, a estas alturas, muchos insistan en desempolvar la polilla recóndita de la Doctrina Estrada, la entrada de Venezuela en dictadura es un asunto que afecta a México y al resto de la comunidad continental, porque se trata de una violación sistemática a los principios de la democracia.
Maduro cancela las aspiraciones democráticas de un pueblo, porque el populismo abomina la libertad. Y es algo muy sencillo: un gobierno así no puede ser aceptado en el mundo libre.
Un mundo al cual pertenece México.
Este artículo fue publicado en La Razón el 24 de marzo de 2017, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
