En términos generales, y a despecho de los diversos actos de boicot, la jornada electoral no se desbarrancó, sin embargo, sería un error negar que el Estado mexicano padece una falta de legitimidad política. La masacre de Ayotzinapa fue el acontecimiento que la hizo evidente, pero venía elaborándose de tiempo atrás. El tránsito de un régimen de partido único a un régimen de varios partidos no ha saneado la vida nacional, y esa ausencia de saneamiento asociada con el violento florecimiento del crimen organizado ha restado legitimidad al Estado. Las acciones destinadas a boicotear las elecciones y el ruido orquestado en torno al voto nulo integran sus últimas y más notables manifestaciones. A primera vista se trata de una crisis de credibilidad del gobierno y la clase política. Y bueno, esa primera percepción no vaga descaminada: existe, en efecto, un boquete de credibilidad del gobierno y la clase política. Pero el escollo no se detiene allí. Va más allá y alcanza al Estado. Dudo que se gane algo escamoteando el problema. Al contrario: urge advertir su existencia no solo para evitar que el atascadero sea mayor, sino para empezar a revertirlo con la seriedad que merece.
El dato no es menor: no solo ocurre que la sociedad le concede cada vez menor autoridad a las instituciones del Estado, sino que se muestra propensa a desafiarlas y rebelarse frente a ellas. Pero el remedio no pasa por el uso de la fuerza, pues el uso de la fuerza aumentaría el déficit de legitimidad en vez de reducirlo. El remedio pasa por el saneamiento de la vida nacional y por un limpio sometimiento del crimen organizado. No nos encontramos en el umbral de una revolución o algo parecido. Las fórmulas de desafío y rebelión no se proponen arrebatar el monopolio de la violencia física al Estado. Quien se lo propone, y lo consigue por momentos en algunas localidades, es el crimen organizado. Pero el crimen organizado intenta comprar y/o someter al Estado, ponerlo a su servicio, lograr, ya de menos, que no estorbe sus negocios y operaciones. Justamente la asociación de los Abarca con la delincuencia organizada causó la masacre de Ayotzinapa. Si fuerzas policiales, es decir, si miembros de una autoridad que representa al Estado, así pertenezcan al orden municipal, contribuyen activa y directamente al asesinato de decenas de jóvenes estudiantes, entonces, ¿cómo respetar a las instituciones que representan al Estado?
No resulta inexplicable que las organizaciones magisteriales hayan realizado los actos más notorios del boicot a las elecciones. Después de todo, los estudiantes eran normalistas. De ahí que su oposición a la reforma educativa quedara a fin de cuentas como pretexto, y que suspender la evaluación a los maestros no detuviera las acciones de boicot de las elecciones. Su rebelión no era ya contra la reforma educativa: su rebelión era, escontra el Estado. Y la mayor parte de la sociedad puede no simpatizar con el rechazo a la reforma educativa; con la razón en la mano puede deplorar las formas de protesta que esos maestros han elegido, pero de un modo u otro se suma a la incredulidad e inconformidad que forman parte de la falta de legitimidad que aqueja al Estado mexicano. Un déficit que la jornada de ayer no saldó, pero tampoco aumentó, afortunadamente.
Dadas las considerables dimensiones del Estado mexicano, aquella rebelión en su contra no prosperará, pero el gobierno, la clase política y los ciudadanos debemos renovar las instituciones del Estado, al menos que deseemos prescindir de él y habitar en una sociedad en guerra generalizada, pues la guerra generalizada tiene lugar donde el Estado desaparece. Al Estado, en suma, le urge recuperar su legitimidad. De otra manera el escollo se profundizará y la calidad de vida de todos empeorará.
