La crisis en la elección de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados llegó a su fin a partir de una declaración expresa por parte del ejecutivo, a lo cual los legisladores de Morena cedieron. Es decir, un agente externo debió definir una línea ante una asamblea legislativa, que por esencia es autónoma en su régimen interno. Ahora bien, hay que reconocer que los radicales de ese partido llevaban semanas generando un verdadero nudo gordiano: ningún partido podía juntar la mayoría calificada para elegir a este órgano, y si no se tomaba esta decisión probablemente hubiésemos visto una escición al interior de la bancada del partido gobernante.
Sin embargo, los diputados de Morena usaron su fuerza a manera de chantaje: se elegiría a la diputada Laura Rojas como presidenta de la Mesa Directiva, pero tendrían que poner un perfil confiable en la Vicepresidencia que le correspondía al PAN. De esa forma, y tras cuatro rondas de votación a lo largo de seis días, se eligió a Marco Antonio Adame.
Como parte del proceso de negociación, se realizaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso en materia de composición de la Mesa Directiva, las cuales operarán a partir de la próxima LXV Legislatura (2021-2024). La primera, se añade un vicepresidente a la Mesa Directiva, de tal forma que quedan cuatro. Esto significa que la operación de este órgano estaría supervisada por más partidos distintos al que tenga la presidencia.
Segunda, en caso que hubiese un partido mayoritario, presidiría los tres primeros semestres de la legislatura, dejando a los demás partidos seis meses. Si no hubiese mayoría, la presidencia se rotaría anualmente. No está tan mal el arreglo, pero no abonaría a fortalecer la institucionalidad si no se hace un trabajo más serio en cuanto a perfiles que puedan entrar a la Mesa Directiva.
La experiencia nos deja algunas lecciones:
Primera: urge un acuerdo sobre los perfiles a la Mesa Directiva. Desde 1999, cuando se diseñó que el órgano duraría un año, hemos visto presidentes con un perfil sobrado para este puesto, como Francisco José Paoli Bolio, Juan de Dios Castro o Francisco Arroyo Vieyra. Sin embargo, también hemos visto presidentes que usaron su cargo como trampolín a otro, como César Duarte y Silvano Aureoles. Todavía peor: hay partidos, como el PAN en la legislatura pasada, que optaron por dividir la presidencia en dos periodos para que dos cercanos al entonces presidente del partido, Ricardo Anaya, pudiera reconocer a dos diputados leales.
Aunque Morena usó su poder de negociación para vetar a diversas fórmulas de integración hasta que se tuvo un vicepresidente afín, es indispensable hablar de la necesidad de contar con un perfil idóneo para integrar la Mesa Directiva: personas imparciales al aplicar los criterios reglamentarios, y confiables para que las interpretaciones que lleguen a emitir gocen de la legitimidad del Pleno. Este acuerdo en lo fundamental debería de ser de vital importancia para los legisladores, pues de esto depende en buena parte la gobernabilidad de la asamblea.
Segundo: preparar la reelección inmediata. Reconociendo la importancia del punto anterior, la confianza no se decreta, sino se construye a lo largo del tiempo. La posibilidad de la reelección inmediata puede tejer ese tipo de relaciones. A partir de 2021 entrarán los primeros diputados que lograron repetir en sus encargos, y eso puede ser la base para una carrera en Mesa Directiva: un diputado novato podría ingresar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, continuando como secretario de Mesa y culminando como vicepresidente con posibilidad de ser electo presidente en su tercer o cuarto mandato.
Una Mesa Directiva integrada por legisladores reconocidos por su confiabilidad puede tener mayor legitimidad, e incluso se le podrían dar otras funciones que tienen instancias similares en otras partes del mundo, como un régimen disciplinario, la capacidad para dictaminar la procedencia de acusaciones contra sus compañeros de asamblea o atribuciones administrativas.
Es hora de abrir el debate y adelantarnos a las posibilidades que abre un horizonte temporal más amplio que tres años.