Lo que empezó siendo una exigencia de especialistas, periodistas críticos y opositores, se ha vuelto ya un franco clamor social, y un reclamo en privado y en público por parte del gobierno de Estados Unidos hacia la administración del presidente López Obrador: ¡¿cuál es la estrategia para acabar con la inseguridad?!
Fuentes de primer nivel con acceso a esta información me revelan que estos reclamos empezaron a procesarse por la vía diplomática desde antes del escándalo de Culiacán. Se reforzaron tras la liberación del hijo del Chapo Guzmán y escalaron aún más luego de la trágica muerte de mujeres y niños de la familia LeBarón, que tienen doble nacionalidad.
A casi un año en el gobierno, no sólo no baja la violencia sino que se sale de cauce. No son episodios aislados. Es la sistemática descomposición de los índices de inseguridad que están por llevar a este 2019 a ser el año más violento desde que se tenga registro.
Atender las causas de la violencia como pregona el gobierno lopezobradorista está muy bien, es una ruta correcta, pero es un proyecto de largo plazo que puede servir sólo como acompañamiento a una estrategia de seguridad que enfrente la realidad actual.
Culiacán sí fue un punto de inflexión.
Después de Culiacán, cada hecho violento en el país le cuesta más al gobierno. Le reclaman más los ciudadanos, paga en popularidad el presidente, se encienden más los opositores, cuestionan más los periodistas y presionan más en Estados Unidos, alarmados porque la violencia pueda cruzar los tres mil kilómetros de frontera.
Y si Culiacán terminó con el capital político, el horror del caso LeBarón eleva la presión para clarificar la estrategia: la administración ha navegado entre la suavidad de la amnistía y los “abrazos no balazos” hasta la pretendida dureza de una Guardia Nacional totalmente militarizada que terminó siendo atroz con los migrantes y dócil con los narcos. Y encima, con las órdenes de dejarse humillar, lo que ha despertado enojo en tropa y generales.
La atrocidad contra mujeres y niños de la familia LeBarón exhibe que los llamados a portarse bien, so pena de ser acusados con sus mamás, han sido leídos por la delincuencia organizada como una señal de profunda debilidad del Estado que les da todo el margen de maniobra que quieren.
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