Durante su conferencia de prensa de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal se hará cargo del costo de las cuotas de recuperación que se cobran en los hospitales e institutos nacionales de alta especialidad.
Comentó que cada semana habrá un informe sobre el plan de salud pública, para el que solicita a la gente que reporte las carencias que existan en la materia. De esa forma, estimó que el próximo 1 de diciembre “va a quedar ya establecido el sistema de salud público de calidad y gratuito”.
Y dejó muy claro que también “en los institutos de salud el servicio va a ser gratuito, se les va a reponer lo que obtienen por las cuotas de cooperación, como se les llama”.
Agregó que “no podemos tener una Constitución que establece el derecho del pueblo a la salud, una ley que habla de la gratuidad, y en la práctica no hacerlo: sería incumplir con la legalidad”.
Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, afirmó que hay una campaña de desinformación en torno al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la cual, dijo, puede ser organizada por “grupos de interés que se resisten al cambio de sistema”.
Según reproduce hoy Reforma, el funcionario de la Secretaría de Salud (SSa) expresó: “No nos sorprendería descubrir elementos de evidencia que nos hagan ver que esto es una sensación de incertidumbre, que atiende a una comunicación social organizada para sabotear al Insabi y el cambio de modelo de atención de la Salud.
Y añadió: “Esa inquietud social se amplifica por una campaña de desinformación, que pareciera estar orquestada por alguien, posiblemente grupos de interés que se resisten al cambio de sistema”.
Pero hoy dos gobernadores, Enrique Alfaro y Carlos Mendoza Davis, de Jalisco y Baja California Sur, respectivamente, negaron tal campaña.
El primero dijo que “no hay una campaña en contra de nada”, sino más bien “una falta de claridad absoluta respecto a cómo va a funcionar el nuevo sistema. No hay precisión respecto a cómo se va a resolver y atender el problema de la especialidad y la alta especialidad, tampoco hay claridad respecto al modelo”.
Pidió que el gobierno federal “reconozca que no está preparado para echar a andar el Insabi en los términos en los que ha dicho, porque un modelo que no tiene ni siquiera reglas de operación claras, que no tiene definida ni siquiera la legislación secundaria, que no es ni siquiera capaz de definir cómo se va a resolver el financiamiento para los servicios de especialidad de alta especialidad, es un modelo que no está listo”.
Por su parte, Mendoza Davis, quien también rechazó que exista una campaña de desinformación, pidió una mayor consolidación del sistema para que su gobierno pueda decidir sobre su adhesión. Y aclaró que “estamos a favor de la gratuidad de los servicios médicos; pero si es importante la gratuidad, también lo es la oportunidad, la eficiencia y la sustentabilidad y la manera en que va a operar”.
(Con información de Reforma)
