La desaparición y asesinato de la niña Fátima en la alcaldía de Tláhuac evidenció, en primer lugar, las fallas del protocolo de seguridad escolar y la Alerta Amber; en segundo lugar, la falta de planeación y mantenimiento de las herramientas preventivas en seguridad, tal es el caso de las cámaras del sistema de monitoreo, y en tercer lugar, la falta de sensibilidad y comisión de delito de las autoridades responsables de la fiscalía, en especial de su titular en la Ciudad de México, al dar a conocer información privada de los padres de la menor y revictimizarlos.
Pero, además, no sólo las autoridades responsables de procurar justicia nos fallaron, sino también algunos actores del Poder Legislativo, como por ejemplo, los senadores de Morena, que se apresuraron a convocar a una conferencia de prensa para señalar de negligencia a los padres de la niña Fátima, incluso, algunos de ellos, mediante las redes sociales, iniciaron una campaña para culpar al neoliberalismo del feminicidio del que fue víctima la niña (en especial el senador Martí Batres), secundando con ello lo que ha dicho y repetido el Presidente de la República, quien, en días pasados y ante las manifestaciones de jóvenes mujeres (por el asesinato de Ingrid Escamilla y la nefasta filtración de las imágenes de su cuerpo sin vida), culpó al neoliberalismo del feminicidio, emitió un improvisado y mal hecho decálogo y pidió a las manifestantes feministas que no ensuciaran las puertas de Palacio Nacional.
Todos estos factores y la crueldad con la que fue violentada la niña Fátima incrementaron y exacerbaron la indignación ciudadana. La monstruosa realidad sepultó el discurso minimizador del Presidente de la República respecto a la violencia contra las mujeres y generó lo que no habían logrado las movilizaciones feministas: que los feminicidios sean visibilizados desde una perspectiva de fondo y no sólo de forma. Reconozcamos que hace muy poco tiempo, sólo unos cuantos actores con reconocimiento de voz pública veían en los feminicidios la evidencia de una sociedad con una cultura de discriminación hacia las mujeres. Hoy, ya se habla de la cultura patriarcal y machista como el motivo principal de la violencia hacia las mujeres. Esta convicción es el principio del reconocimiento del problema y, por lo tanto, el inicio de una nueva forma de atacarlo porque, si bien es cierto, en los últimos 20 años la presencia en aumento de las mujeres en el Poder Legislativo ha logrado que haya más leyes e instituciones garantes de los derechos del sector femenino, el cambio no se logra por decreto, sino por una transformación cultural en donde la igualdad, la libertad y la justicia no son parte de un discurso, sino son derechos que se garantizan con acciones y políticas públicas de Estado.
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