Reguladores del sector convergente de telecomunicaciones y radiodifusión de diversos países han implementado mecanismos para coadyuvar a que las empresas puedan continuar con su operación y garantizar así la provisión de sus servicios a la sociedad durante esta contingencia.
El creciente acceso a contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento, así como la transmisión ascendente de nuestras comunicaciones, especialmente en tiempos de crisis, sería imposible sin el soporte operativo de los proveedores de telecomunicaciones y radiodifusión. De ahí, su reconocimiento como actividades o servicios esenciales para el continuo funcionamiento de la operación productiva, de la difusión informativa, de la interacción social, entre otros.
Las redes han demostrado contar con la capacidad para dar soporte a la demanda creciente de información y transmisión de datos. Asimismo, han continuado su operación, sin interrupciones, para dotar de conectividad a hogares, empresas, instituciones educativas y de gobierno, para mantener en la medida de lo posible, su cotidianidad vía remota. En reconocimiento a esta labor esencial, diversos reguladores alrededor del mundo han instrumentado mecanismos que buscan aligerar cargas regulatoria, administrativa y financiera, para que los proveedores puedan enfocar sus esfuerzos a asegurar la continuidad y optimalidad de sus servicios durante esta contingencia.
En primer lugar, se ha propuesto e implementado la suspensión de impuestos especiales (por ejemplo, el IEPS en telecomunicaciones en México) y otros apoyos fiscales para destinar estos recursos a mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios, a la vez que se reducirían barreras de poder adquisitivo para los usuarios.
Por otro lado, ante el alza en el tráfico cursado a través de redes fijas y móviles en esta crisis, en EU e Irlanda se ha optado por dotar de licencias temporales para operar frecuencias del espectro radioeléctrico y, así poder hacer frente a la extraordinaria demanda de transmisión de datos por parte de los usuarios.
La suspensión temporal del pago de derechos por licencias de espectro busca aligerar la carga financiera que representa dotar de creciente soporte a las comunicaciones y contenidos cursados a través de las redes móviles (Australia y Perú).
El aplazamiento en las obligaciones de reporte al regulador liberaría a los operadores de manera temporal del cumplimiento de sus obligaciones de dotación de información al regulador. Este mecanismo ya ha sido verificado en Colombia e India.
Mientras que en Canadá y España la conformación de un fondo de recursos para las radiodifusoras pretende paliar el impacto económico que tendrá el coronavirus sobre la operación de prestadores del servicio audiovisual de radiodifusión, en reconocimiento de lo esencial de estos medios para el acceso a contenidos informativos.
Es menester que durante esta crisis pandémica sumen los esfuerzos de todos los agentes involucrados. Para ello, es crucial la conciencia de los individuos, al evitar salir de casa y aplicar medidas de distanciamiento social, y de las empresas, al continuar con sus procesos productivos con la presencia de personal esencial, vía remota o con asistencia de la conectividad.
Igualmente, importante es que las instituciones gubernamentales y reguladores, contribuyan a facilitar la operación de las empresas que se encargan de la transmisión, aligerando su impacto económico y la carga regulatoria.
Estas acciones permitirán al sector convergente de telecomunicaciones y radiodifusión contribuir a hacer frente a esta crisis y a evitar así una parálisis comunicativa e informativa.
Este artículo fue publicado en El Economista el 2 de abril de 2020, agradecemos a Ernesto Piedras su autorización para publicarlo en nuestra página.
