En las crisis siempre hay un ganador. México, como el mundo, atraviesa por dos crisis, la de la pandemia del Covid-19 y la económica. Pero además, está viviendo una profunda crisis política atravesado por un conflicto creciente entre las élites, una ruptura del consenso nacional y un profundo deterioro de la gobernanza. Hay desacuerdo entre las élites sobre la conducción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y llevado a que el sector empresarial, que lo había estado apoyando, casi al punto de la ruptura, mientras que gobiernos locales, ante la gradualidad presidencial para afrontar la doble crisis, han tomado las soluciones inmediatas en sus manos. El vacío de poder es real.
Los vacíos en política, ya se sabe, existen efímeramente porque inmediatamente alguien los llena. Ante la fragmentación que se vive en el país, el único grupo como gremio, por llamarlo de alguna manera, que se mantiene cohesionado, es el criminal. Los cárteles de la droga han venido actuando para prepararse frente a la pandemia, a fin de que resulten menos diezmados por el virus, y han tomado acciones de apoyo a la población, tanto asistenciales, como económicas. Las organizaciones criminales están compactas, y sin dejar la guerra entre ellas, han aprovechado el vacío institucional.
La variable más grave de sus acciones es el asalto al sistema de salud. Varios gobiernos estatales han reportado al gobierno federal que los directores de sus instituciones médicas están solicitando protección para ellas y ellos, así como para sus familias, porque las organizaciones criminales les están amenazando: o les entregan los suministros que tienen de guantes, gel y mascarillas N-95 –así, con esa precisión exigen las mascarillas de máxima protección que usan quienes están en la primera línea de combate al Covid-19–, o las y los matarán, junto con sus familias.
Los gobiernos han pedido el respaldo de las Fuerzas Armadas, y ya se han realizado varias reuniones con el Ejército y la Marina para instrumentar la protección a las instituciones médicas, a titulares de ellas y a las bodegas en donde se resguardan los suministros. Este fenómeno de la violencia es una externalidad no prevista en el actual escenario, que acentúa aún más las dificultades que tiene el Estado mexicano para enfrentar las crisis.
No ayuda, en absoluto, lo que ha sucedido con la estrategia para combatir a los criminales. Al fracaso gubernamental del gobierno federal en el combate a la violencia y reducción de la inseguridad, se le combina con el trato que López Obrador dispensa al Cártel de Sinaloa, ejemplificado por la forma cooperativa y solidaria con la que trata a Joaquín El Chapo Guzmán y a su familia.
El Presidente le ha dado implícitamente una carta blanca a las organizaciones criminales para que actúen con intangible impunidad. Los cárteles de la droga lo están haciendo. Las amenazas al sistema de salud estatal es una afrenta a todos, al pretender hacerse de insumos que están siendo utilizados para prevención y para la atención de las personas contagiadas. Las Fuerzas Armadas, que no están en la lógica presidencial del trato de terciopelo del Presidente a los criminales, actuarán en lo que esté a su alcance. Lamentablemente, no alcanza.
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