El #RegalazoParaIrmaEréndira confirma la inutilidad de las declaraciones patrimoniales

Tal cual. El sistema 3 de 3 es inservible. La novedad está en que ahora tenemos la pistola humeante de su ineficacia: un sistema anticorrupción que se basa “en lo que le dicen” y no “en lo que es”, está destinado al fracaso.

Y el Ackermangate lo demuestra.

La secretaria de la Función Pública hizo cuadrar sus ingresos frente a sus adquisiciones, con una exactitud que sólo puede obtenerse mediante una hoja de Excel. No obstante, su “ejercicio perfecto” tiene dos fallas.

La primera pifia es la irrealidad de su comportamiento económico, con un ahorro y frugalidad digno de las mejores recomendaciones de su coco, el liberal Adam Smith. Nadie ahorra así.

La segunda falta es un descuido, los Ackerman concordaron entradas con las compras… salvo la de su primera casa, en Coyoacán, que compraron en 4 millones de pesos, durante 2007. El problema es que, incluso ahorrando la totalidad de los estímulos del nivel SNI III de dos investigadores, no hubieran sumado más de 3 millones 700 mil pesos.

A ese desfase debe agregarse que doña Irma Eréndira ingresó en esas fechas como investigadora a la UNAM… y ganaba aproximadamente 28 mil pesos mensuales, resulta improbable que tuviera el nivel SNI III en ese entonces, eso implica que, en la época de esa adquisición, al menos 450 mil pesos anuales provinieron de otra fuente. ¿Ackerman tenía otros ingresos? ¿O la doctora Sandoval? Las declaraciones de la secretaria no lo transparentan.

En Facebook, John Ackerman hizo una “aclaración” sobre sus ingresos familiares, que provoca ternura y risa, por la candidez que demuestra, al pretender que una excusa tan burda y genérica pueda convencer al público con criterio:

“Los fondos para adquirir las propiedades mencionadas en la Declaración Patrimonial provinieron de los ahorros que pudimos acumular durante décadas de trabajo, un generoso premio que la Dra. Irma Eréndira Sandoval recibió en 2009 por haber ganado el Primer Lugar en el prestigioso concurso de la Fundación Manuel Espinosa Yglesias (véase: https://ceey.org.mx/10-crisis-rentismo-e-intervencionismo-neoliberal-en-la-banca-mexico-1982-1999/), así como de donaciones de mis padres, Bruce Ackerman y Susan Rose-Ackerman, ambos distinguidos académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale quienes siempre han sido sumamente generosos con mi hermana mayor y un servidor, así como con sus nietos, a favor de construir oportunidades para las nuevas generaciones”.

Nuevamente, las cuentas no dan: el generoso premio es de 2009 y la casa de Coyoacán fue adquirida dos años antes. ¿A cuánto ascienden las donaciones realizadas por papá Bruce y mamá Susan? ¿Están documentadas? Misterio. La supuesta explicación es de puro aire y saliva, no vale ni los bytes que se gastaron en publicarla.

Entre el comienzo del foxiato y la mitad del sexenio de Calderón, el dos veces doctor y tres veces obradorista tuvo una vida económica muy intensa. Algunos de los comisionados del Ifai de 2005 pueden dar cuenta de ello, porque sus reclamos y berrinches llegaron hasta ese instituto.

Si hubiera sido obligatoria en esos años, ¿cómo habría sido la 3 de 3 de John Ackerman, en específico su declaración de intereses? No lo sabremos: el transparentista sostiene que su familia no tiene que explicar sus ingresos y patrimonio. La ley actual dice otra cosa, pero bueno, estamos hablando del mismo sujeto que señala que López Obrador es un científico.

Este sainete con los bienes de los Ackerman-Sandoval no hubiera sucedido en un sistema de registro automático de ingresos y bienes (como el que tienen los contribuyentes, pero extendido a operaciones bancarias y registros públicos de bienes y actividades económicas). Tengo años señalando la inutilidad del sistema anticorrupción vigente, dirigí tesis de posgrado que lo han demostrado con el método de diseño de políticas públicas, lo he escrito en columnas y artículos, pero una cosa es la disquisición académica y otra que una investigación periodística ponga en blanco y negro los elementos para volver a decir que la 3 de 3 es como la vida de Pito Pérez: inútil.

Sin duda que la 4T no está interesada en mejorar el sistema anticorrupción, pero los miles de servidores públicos (y sus cónyuges) que, año con año, tienen que pasar por el trámite imbécil y engorroso de reportar cuánto se gastaron de sus ingresos en calzones y cacahuates, deberían exigir que esa tortura impertinente acabara y que la 3 de 3 se redujera a informar una sola vez cuántas cuentas bancarias se tienen y comprometerse a no hacer operaciones no documentadas (bajo pena de cárcel).

Si, cada vez que se adquiere algo se reportara electrónicamente, los registros públicos de México dejarían de ser la vacilada que ahora son. Pero eso requiere invertir recursos públicos. Y el gobierno de López sólo quiere gastar en refinerías que se hunden, trenes ecocidas que nadie usará y centrales avioneras alejadas de todo. No hay presupuesto para evitar que los adalides del progresismo vivan como burgueses, mientras predican la socialista repartición de lo ajeno y la reducción de ingresos y utilidades. Nunca antes el “hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre” había sido más hipócrita y miserable.

Como es costumbre entre los cuatreros obradoristas, en este caso se apoyaron en el doble estándar para ocultar la realidad. Los que señalaban con índice de fuego al corrupto Peña Nieto de casa blanca lujosa, ahora se muestran indignados porque les exponen su humilde chalet en Tepoztlán, de 2 mil metros cuadrados. Algo parecido les sucedía a los fariseos cuando Jesús les exhibía sus contradicciones. No hay mayor ridículo que predicar la honestidad y ser sorprendido administrando una cueva de ladrones.

Carlos Loret hizo lo más inteligente posible al irse a Estados Unidos a hacer periodismo. Si viviera en México, a estas horas ya habrían allanado su domicilio, congelado sus cuentas o amagado con ello a sus socios —hola, HBO—. La amenaza a los órganos y entidades autónomas, a la prensa y, en general, a los derechos, se confirman con el tono patán y violento con el que, desde el poder, un representante de partido y una secretaria de Estado llaman sicario y Loretito a un periodista que los expuso. Vaya, en la era de Peña habría ardido la progresía si algún funcionario se hubiera dirigido con esos calificativos contra un reportero. López, el opositor, hubiera tuiteado condenas por el ataque a la libertad de expresión, cometido por el corrupto gobierno. No obstante, ahora les ofende ser sujetos a las mismas críticas que ellos dirigían, pero desde el otro lado de la barrera. «Es que no son iguales», alegan. Es cierto: son peores.

Autor

  • Óscar Constantino Gutierrez

    Doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y catedrático universitario. Consultor en políticas públicas, contratos, Derecho Constitucional, Derecho de la Información y Derecho Administrativo.

    View all posts
Scroll al inicio