La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre dos procesos de inhabilitación a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., por irregularidades en el contrato de venta de ventiladores a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo, para atender la emergencia de Covid-19. Dichas inhabilitaciones serán por 24 y 27 meses, respectivamente y también se le aplicarán multas por un monto de más de 2 millones de pesos.
En un comunicado, la dependencia informó sobre las anomalías que se detectaron en el contrato que el IMSS adjudicó en forma directa el pasado 17 de abril a la firma propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, para la compra de 20 ventiladores a un precio unitario de un millón 500 mil pesos.
La SFP expuso que la empresa ofreció dichos aparatos a un precio fuera de rango, conclusión a la que se llegó luego de un comparativo de los contratos celebrados por otras dependencias y donde el costo fue mucho menor; asimismo, la supuesta urgencia que en su momento se argumentó para la compra de estos ventiladores, no pudo ser sustentada ni por las fechas ni por los procedimientos.
Otra irregularidad encontrada fue que Cyber Robotics Solutions, proporcionó información falsa sobre la disponibilidad inmediata de los ventiladores y éstos fueron entregados fuera de las fechas acordadas y por último, ninguno de los 20 aparatos comprometidos en la compra cumplía con las especificaciones técnicas e incluso algunos presentaban diferentes desperfectos.
La Secretaría también anunció que además de las sanciones para la empresa, se indaga la posible comisión de faltas administrativas por parte de diversos servidores públicos involucrados en la operación. Recordó que en el momento de iniciar la investigación sobre este caso, a manera de medida cautelar, se ordenó la suspensión de cuatro funcionarios adscritos a la delegación del IMSS en Hidalgo. Adelantó que en breve se darán a conocer los resultados de la indagatoria, y en su caso, las sanciones que habrán de aplicarse.
Tras advertir que no se permitirá que ninguna empresa privada lucre con la pandemia de Covid-19, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval, se ufanó de que con estas acciones se demuestra que a diferencia de los gobiernos anteriores, donde no pasaba nada, la presente administración está comprometida con el combate a la corrupción.
“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, se lee en el boletín.
arg
