Los investigadores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa violaron la ley al torturar a varios detenidos y registrar testimonios sin la presencia de un abogado, reveló este jueves The New York Times con base en un informe interno de la Procuraduría General de la República (PGR) al que tuvo acceso.
De acuerdo con el reporte, dicha investigación interna confirma que los agentes encargados del caso Iguala torturaron y movieron ilegalmente a por lo menos 17 detenidos, por lo que se violó su derecho a la verdad y la justicia.
Entre los funcionarios acusados se encuentra Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, quien llevó a Agustín García Reyes al río San Juan, el 28 de octubre de 2014, sin que éste contara con un abogado y sin que la diligencia conste en el expediente oficial del caso.
Luego de esta acción, por primera vez la PGR señaló que los estudiantes desaparecidos habrían sido quemados en el basurero de Cocula y sus restos habrían sido esparcidos en el río mencionado, según las declaraciones de los detenidos.
Esta situación fue revelada en abril de este año en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, aunque el propio Zerón de Lucío la minimizó y dijo que toda su actuación se ampara en la ley.
Según el reporte del New York Times, la investigación interna a la que tuvo acceso iba a ser entregada a los padres de los estudiantes en un reunión, hace cuatro meses, pero en la PGR les dijeron que no podían otorgarles una copia porque “faltaba la aprobación de los superiores”, algo que calificaron como “protocolario”.
El rotativo consigna que cuatro semanas después de este encuentro el funcionario encargado de redactar la indagatoria interna, César Alejandro Chávez Flores, salió de la Procuraduría.
Aunque al cierre de esta nota la Procuraduría aún no daba una respuesta al reportaje, la directora del área de Comunicación Social de la dependencia, Natalia Briseño, dijo al diario estadounidense que el informe al que tuvieron acceso “no existe legalmente” y que la investigación interna continúa.
Entre las conclusiones del informe citado está, además de la tortura e irregularidades cometidas contra los detenidos (que anularía las pruebas y declaraciones recabadas), que si la policía estatal hubiera intervenido cuando las municipales levantaron a los estudiantes “estos no habrían sido lastimados o asesinados”.
mahy
