La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra autoridades federales y estatales por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que afectó a los pobladores de la comunidad de Xochicuautla.
En abril de este año, diversos pobladores fueron desalojados por empleados de la constructora Grupo HIGA, quienes además destruyeron viviendas enteras so pretexto de tener los permisos necesarios para ello.
Tras abrir una queja de oficio, la CNDH emitió la recomendación 56/2016 contra la actuación de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y contra Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México.
El organismo determinó que estas autoridades no garantizaron la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a la que tenían derecho los indígenas, antes de autorizar la obra, para que conocieran los pormenores de la mismay pudieran dar propuestas alternativas.
“En el expediente CNDH/47201571300/Q también se corroboró que no existió verdadera consulta a los integrantes de la Comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción”, se lee en el boletín de la Comisión.
Según la investigación, las autoridades cambiaron, de último momento, las reuniones que tendrían con los habitantes para brindarles la información correspondiente, lo que ocasionó que la consulta se realizara en sólo una semana, “tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento”.
De este modo, la CNDH recomendó a la Semarnat y a la Sedatu publicar una circular en el Diario Oficial de la Federación que establezca que los servidores públicos deben obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de autorizar construcciones en las zonas donde viven. Asimismo, sugirió impartir “un programa integral de educación sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas”.
Para el Gobierno del Estado de México, se recomendó mantener las mesas de diálogo con los habitantes con la intención de implementar un Fondo Comunitario “cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientado a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas”.
mahy
