Ya es ampliamente conocido que a partir de los terribles sucesos en el Capitolio en Washington D. C., la sede del Poder Legislativo Federal de los Estados Unidos, alentados en gran medida por la actitud y el discurso, particularmente en redes sociales del aún presidente Donald Trump, se desencadenaron decisiones de Twitter y Facebook en el sentido de suspender las cuentas de Trump en las mismas, de manera específica por incitar a la violencia y promover discurso de odio.
Se trata de una decisión apoyada por muchos líderes políticos y de opinión, tanto en Estados Unidos como en otros países. Una de las pocas excepciones fue la opinión del presidente López Obrador, quien cuestionó la decisión de Twitter y Facebook. Desde el jueves 7 de enero expresó su opinión en la conferencia mañanera y retomó el tema en la del viernes 8 de enero. El jueves dijo: “…hay una cosa que ayer y que hace unos días también comenté, yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gustó ayer, de lo del asunto del Capitolio, nada mas que respeto, respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje, en Twitter o en Feis, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que auto-limitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades…”. Luego, el viernes se extendió en el tema, al señalar que “…es una mala señal, es un mal presagio, de que deciden empresas particulares, silenciar, censurar, eso va en contra de la libertad…”.

Resulta curioso que López Obrador se queje ahora sobre las medidas que impusieron Twitter y Facebook sobre el manejo de las cuentas de Donald Trump. Digo que es curioso porque en diversos momentos a lo largo del 2020, el presidente se quejó de las estrategias de comunicación en redes sociales de los que él identifica como adversarios, por lo que también en las mañaneras ha exigido que ambas plataformas transparenten la información sobre quiénes les pagan para llevar a cabo lo que él considera campañas de información falsa en contra de su gobierno. En marzo del año pasado, por ejemplo, habló de la necesidad de que Twitter se “aplique” para que contenga las noticias falsas, en aquel momento dijo que eso no era censura.
En el mismo sentido, su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller se ha quejado en más de una ocasión en cuanto a que Twitter “permite abiertamente el insulto y la calumnia”. De hecho, no podemos olvidar que en junio provocó un gran debate cuando cuestionó que el CONAPRED hubiera invitado a Chumel Torres a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo, cuando él había hecho comentarios sobre el hijo menor del presidente y la señora Gutiérrez Müller. Acto seguido, como por arte de magia, el foro fue cancelado, y con ello la participación de Chumel que tanto incomodaba a la señora Gutiérrez Müller porque no se disculpó como ella esperaba. De hecho, vinculado con este incidente, la discusión sobre el racismo, el canal de TV de paga HBO decidió suspender hasta nuevo aviso el programa de Chumel que se transmitía por ese canal. En aquel momento, ni el presidente ni su esposa emitieron un comentario cuestionando la cancelación del programa de Chumel Torres, no hubo ni el menor asomo de una defensa del ejercicio de la libertad de expresión.
Ahora bien, la decisión tomada por Twitter y Facebook se inserta en un proceso de evolución de las reglas bajo las cuales interactúan sus usuarios, que estos gigantes tecnológicos han tenido que poner en marcha en gran parte por la presión que han ejercido sobre todo los gobiernos europeos. No olvidemos que en la Unión Europea, y en cierta forma también en Estados Unidos, han surgido intentos por obligar, sobre todo a plataformas como Twitter y Facebook a adoptar regulaciones internas para evitar o contener el uso de estas para la difusión de noticias falsas (fake news), el discurso de odio, la incitación a la violencia o mensajes de aliento al terrorismo, por un lado, así como para adoptar medidas más efectivas para proteger la privacidad y los datos personales, por otro.
En la legislación de países como Alemania, hoy ya existe un marco legal, conocido como la ley NetzDG, que permite que se impongan fuertes sanciones económicas a una red social que no elimine dentro de un lapso de 24 horas cualquier mensaje con contenido criminal o que promueva el discurso de odio. Por lo pronto, la Comisión Europea dio a conocer el pasado 15 de diciembre una propuesta de Ley de Servicios Digitales, que tiene que ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para que se convierta en obligatoria en todos los países que integran la Unión Europea. Busca regular justamente la difusión de contenido ilegal, entre el que se encuentran temas como el abuso sexual infantil, el discurso de odio, el terrorismo o las prácticas para desinformar o manipular.
Así que el tema de remover o suspender la cuenta de un usuario que a través de sus mensajes en una red social incita a la violencia, promueve el discurso de odio o bien se dedica a diseminar información falsa no es una ocurrencia de alguien o intento de censura, es una medida que se deriva de una preocupación genuina que ha motivado análisis y discusiones serias en diversos países y que se está transformando en disposiciones legales en varios de ellos.
Que el presidente de México no entienda la seriedad del tema es signo de que su gobierno simplemente no ha abordado esta cuestión para fines de diseño de políticas públicas. Hablar de censura simplemente exhibe su desprecio por conocer lo que están haciendo sociedades democráticas para regular el papel de las redes sociales frente a conductas criminales, de incitación a la violencia o al odio.
En realidad, parecería que el presidente ha abierto este debate, así como el relativo a la pretensión de recuperar las atribuciones concedidas a los órganos autónomos o el extraviado intento de ofrecer asilo político a Julian Assange, como una estrategia de desviar la discusión sobre el rotundo fracaso para enfrentar la pandemia del Covid-19 en México y para perfilar la pronta recuperación de la economía mexicana, de cara a las elecciones de junio de este año. Es su estrategia de siempre, distraer.