La transparencia y la rendición de cuentas son dos de los valores fundamentales para el cambio democrático por eso a lo largo de los años ambos temas han enfrentado dificultades para consolidarse en una nación donde el autoritarismo ha estado presente por años, y hoy no es la excepción.
Por ello la intención que desde el ejecutivo federal se lanza para desaparecer a diversos órganos autónomos, entre ellos el INAI no debe sorprendernos, es parte del proyecto centralista y autoritario de quien hoy nos gobierna.
Sin duda, uno de los obstáculos para consolidar la cultura democrática en el mundo y en México ha sido el aparato burocrático y sus prácticas discrecionales, porque a nadie gusta explicar en qué se gasta el dinero público.
El acceso a la transparencia y la rendición de cuentas son derechos consagrados en la Constitución Política, por eso su desaparición no es tan sencilla. Incluso dentro de los acuerdos que México firmó dentro del nuevo tratado comercial con Estados Unidos existe un capítulo sobre el tema, de manera que su extinción no será cosa fácil.
Peor aún, la intención de que las atribuciones que hoy existen en un órgano autónomo se pretendan pasar a una secretaría de Estado, nos habla del talante autoritario y poco democrático de quien hace la propuesta.
Aunque a nivel internacional la primera Ley de Derecho a la Información data de 1766 en Suecia con la Ley de Libertad de Prensa que garantizaba responder a las solicitudes de los ciudadanos sin costo (tiene más de dos siglos), en México la historia no es tan añeja y sus obstáculos sin han sido muchos.
En 1999 nació Transparencia Mexicana con el propósito de impulsar el tema a nivel constitucional; para 2001 por primera vez se publicó el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno y en 2002 finalmente se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A partir de entonces una nueva historia comenzó a escribirse, y aunque a paso lento, los y las mexicanas comenzaron a ejercer este derecho para solicitar información a los entes gubernamentales sobre la manera en que ejercen el presupuesto. Aunque con resistencias, los funcionarios gubernamentales fueron entendiendo que su obligación era entregar información clara, accesible y veraz.
Fue gracias a esta ley que nos enteramos del toalla Gate en el gobierno de Vicente Fox, de la Casa Blanca en la administración de Enrique Peña Nieto y de los contratos que el gobierno federal de la 4T entregó a la prima del presidente, al hijo de Manuel Bartlett y de las propiedades de diversos servidores públicos.
En todos esos casos, lo que vimos fue la forma absurda y poco clara de ejercer el presupuesto público, por eso, en el PRD nos preocupa que ahora desde el gobierno federal se quiera eliminar al órgano responsable de garantizar que el derecho a la transparencia continúe funcionando.
Quizá al presidente, Andrés Manuel López Obrador ya se le olvidó que la rendición de cuentas y la transparencia son banderas del PRD, partido que las enarbola y defenderá, pero nosotros, lo tenemos muy presente.
Tal vez lo que sucede es que no recuerda que el nacimiento de los órganos autónomos responde justamente a la necesidad de que no dependan del gobierno, porque no se puede ser juez y parte, especialmente cuando se trata de instituciones responsables de contribuir a la democracia de una nación.
