El proceso de vacunación ha sido utilizado con propósitos de propaganda política por parte del partido del gobierno y sus simpatizantes, ya que se atribuyen el mérito y hasta reprochan que sus críticos se apliquen el medicamento y, peor aún según ellos, de manera gratuita. Todo ello es falso porque se trata de un derecho consagrado en la Constitución y regulado en la Ley General de Salud.
Morena ha intentado obtener provecho político de la vacuna contra la Covid-19. Ha publicado ya promocionales en ese sentido, contra uno de los cuales, en el que incluso ese partido afirmaba que su promocional era “tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud”, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó medidas cautelares, decisión que fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, se han difundido videos en los que se ve a personal con vestimenta de Morena que pide datos a quienes recibirán las vacunas. En ese sentido también fue denunciado el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, militante de Morena, de quien se mostró hasta un formato de una supuesta campaña titulada “Romo te vacuna”, en el que se lee que se trataba de un registro para recibir la vacuna por cortesía del funcionario, quien atribuyó esto al PAN.
Asimismo, ha habido múltiples denuncias de que los Servidores de la Nación, identificados como propagandistas del gobierno y su partido, sean usados con fines político-electorales ya que han sido incluidos en los equipos médicos profesionales dedicados a la vacunación.
Sin embargo, si bien el partido en el gobierno pretende sacar ventaja de la vacuna, al mismo tiempo se ha negado a la transparencia sobre ese proceso. Al respecto baste recordar que en los últimos días de enero Morena y sus partidos cercanos bloquearon en la Cámara de Diputados el punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores información sobre la adquisición y plan de vacunación, además de convocar al INE para evitar el uso propagandístico de ese proceso sanitario.
En redes sociales se ha pretendido difundir una versión en la que la vacunación contra la Covid-19 es una gracia del gobierno, que ha hecho que sea gratuita y que se debe agradecer sin chistar ni reclamar las deficientes condiciones en las que comenzó el proceso.
En Twitter fue publicado un tuit que generó muchas respuestas y likes, a cargo de la cuenta de Candelaria Ochoa (quien, según afirma en su perfil, es “feminista, activista y académica”, y con un tuit fijado que dice que se registró como candidata a diputada por Morena): “Todos los anti AMLO formados para la vacuna gratuita y así se quejan!”.
Esa es una buena muestra de lo que no pocos creen: que la vacuna es gratuita, tal vez otorgada por gracia de López Obrador, por lo que quienes no son su simpatizantes no tienen ese derecho y, además, reclaman.
Ochoa también se dio tiempo para responder a un tuit de Rubén Aguilar Valenzuela, colaborador de etcétera, sobre el proceso: “Y le tocó la vacuna gratuita y la aceptó?”.
Eso fue respondido por Aguilar Valenzuela de la siguiente forma: “No es gratuita. La pagamos con nuestros impuestos. La salud es un derecho constitucional y como tal una obligación del gobierno”.
El tuit de Ochoa sobre “los anti AMLO” (que obtuvo unos 7 mil 600 likes y unos 8 mil 800 comentarios) fue respondido hasta por uno de los promotores de López Obrador, el comentarista Genaro Lozano: “Gratuita realmente no. La pagamos quienes pagamos impuestos. :)”. Luego publicó otro tuit: “Las vacunas no son gratuitas, cuestan miles de millones de pesos que pagamos los contribuyentes. Que no las cobren a poblaciones sin recursos es lo justo, pero no es regalo de gobierno en turno, sino recurso ejercido de bolsillos de contribuyentes”.
Todos los anti AMLO formados para la vacuna gratuita y así se quejan!
— Candelaria Ochoa (@CandeOchoaA) February 16, 2021
Efectivamente, los servicios de salud no son una gracia del gobierno en turno para sus simpatizantes, sino un derecho para todos los ciudadanos, el que debe ser garantizado por el Estado mexicano.
En México el artículo 4 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, y que en la ley en la materia se define el sistema de salud, “con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
Acerca de las vacunas se debe aclarar que su aplicación no sólo es un derecho para los ciudadanos, sino que también puede ser una obligación si así lo establece la autoridad correspondiente. Según establece el artículo 144 de la Ley General de Salud (LGS), “la vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley”.
Además, el artículo 157 bis 1 de la LGS indica que toda persona residente en el país “tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca”.
En el programa al que se refiere ese artículo son integradas las vacunas que determina la Secretaría de Salud, decisión en la que debe ser tomada en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Vacunación.
Por su parte, en el artículo 157 bis 6 establece que las dependencias y entidades gubernamentales “deberán participar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la atención de los operativos y campañas de vacunación, tanto ordinarias como extraordinarias, cuando alguna de las autoridades sanitarias del país así lo requiera”.
Cuando menos hasta el momento la vacuna contra la Covid-19 no ha sido declarada obligatoria en México. Para seguir con lo que ha sido su política sanitaria (según la cual se privilegia la libertad sobre la responsabilidad), el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, en diciembre pasado, que “lo más importante es la libertad”, por lo que, aunque ese medicamento tendrá aplicación universal, será voluntaria y no obligatoria.
Sobre los recursos para la vacunación contra la Covid-19 debe recordarse que en noviembre del año pasado, cuando fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, a los diputados de Morena “se les olvidó” incluir en él, pese a varios recortes a otros rubros (incluso de salud), una partida destinada exclusivamente a la compra de las vacunas contra la Covid-19.
Así, las vacunas no son un obsequio salido de los recursos personales del presidente López Obrador ni de Morena, sino un derecho consagrado a rango constitucional que está normado en la ley respectiva. En ambos niveles se establecen las responsabilidades y obligaciones del Estado al respecto, entre las que está la aplicación universal y gratuita de la vacuna, y no sólo a los simpatizantes del gobierno en turno.