Antes de continuar con la angustia por el futuro que Donald Trump le depara al mundo, en México debemos atender una cuita interna, doméstica, de vergüenza.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anda construyendo nuevos escenarios para todo el mundo tras el triunfo de los enojos y los miedos colectivos en Estados Unidos que hicieron del ultranacionalismo renovado peligro global, social y económico.
El FMI recortó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) de México para 2017 por amenazas proteccionistas estadounidenses que el organismo estima impactarán recesivamente en la producción nacional. Ayer el Banco de México hizo lo mismo y Hacienda sólo postergó lo inevitable.
El FMI recomienda a México revisar esquemas de deuda y sistemas de pensiones para evitar contingencias laborales próximas; también, crear una suerte de comisión federal que vigile endeudamientos de entidades federativas.
A nivel federal, México ha logrado avances en la vigilancia de recursos y administración pública. La corrupción no desaparece, pero es innegable el avance en transparencia y rendición de cuentas a nivel federal, normas que incluso van al extremo, entorpecen el accionar de ciertos rubros por una excesiva normatividad.
Falta, pero mucho se ha construido. Sin embargo, en los estados libres y soberanos que conforman el pacto federal lo que estamos viendo y contando es de escándalo, de recomendación del FMI para arriba. Desde afuera nos gritan que amarremos las manos a los gobernadores de ayer y hoy.
Que la Auditoría Superior de la Federación haya presentado 270 denuncias por presuntos malos manejos financieros en entidades federativas y la Procuraduría General de la República haya traducido esos señalamientos en exactamente cero juicios es preocupante.
Habla de omisiones, de investigaciones interrumpidas por la corrupción o descarriladas por la colusión. Como sea, ésa es la principal alerta interna que debe ocupar a políticos y sociedad.
Verónica Ortiz, abogada y analista política (@veronicaortizo), nos mostró cifras de cómo entidades donde el PRI perdió el pasado 5 de junio, presentaban indicadores económicos aceptables en lo general (menos Veracruz), concluyendo que el enojo electoral no sólo está asociado al bienestar material, sino también determinado en gran medida por la creciente impunidad percibida por los votantes.
Y no es para menos. Exgobernadores en fuga, en prisión, recompensas ofertadas por la PGR para echarles el guante a quienes juraban no haber tomado un peso de las arcas públicas, deudas triplicadas en un sexenio, pasivos laborales con médicos, enfermeras y maestros, contratos con empresas fantasma, una burla sin fin contra la sociedad y las instituciones.
Al final de cuentas lo que le ocurre a los estados le ocurre a México, los saqueos serán locales pero el perjuicio es federal. Ahí está el peligro más inmediato, real e interno. Urge hacerle caso al FMI y crear un dique que contenga la vorágine de la ignominia.
